La propuesta del senador Manini Ríos del último viernes, manifestando la intención de derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad (18.831), que restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado y declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, continúa recibiendo negativas no solo de la oposición sino también de referentes de la coalición de gobierno.

Este lunes fue el turno de, nada más y nada menos, el presidente de la República Luis Lacalle Pou, quien manifestó que esta iniciativa “no forma parte del Compromiso por el País” (documento que firmaron los partidos socios de la coalición de gobierno) y aseguró que “no hay posición del gobierno al respecto”.

El presidente explicó, además, que si bien Manini Ríos le planteó el tema y es una visión de un socio importante de la coalición de gobierno "uno entiende que Uruguay tiene que salir adelante en paz y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas". En este sentido, aseguró que "el gobierno tiene que tratar de representar a todos sus socios", pero se encargó de subrayar nuevamente que no hay una decisión ni un análisis del gobierno en referencia a este tema.

Cabe recordar algunas otras reacciones de representantes de la coalición frente a la propuesta del líder de Cabildo Abierto. En línea con el presidente, el senador nacionalista Jorge Gandini señaló que el tema no está en la agenda de la coalición. En cambio, Gustavo Penadés aclaró que si bien tuvo conocimiento de esta información no se presentó ningún proyecto legislativo en ese sentido, pero indicó que la analizarán cuando la reciban.

Por su parte, hoy en la media hora previa del Senado de la sesión, Manini Ríos les recordó a sus socios de la coalición, los partidos Nacional, Colorado e Independiente, que se opusieron a la Ley Interpretativa, cuando fue aprobada en 2011. En complemento, manifestó que la Ley de Caducidad pretendió servir a la pacificación nacional. “Y esa ley, la más legitimada de todas nuestras leyes, fue derogada por una mayoría de un voto en el Senado en 2011, por una ley que en parte fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia”, sentenció el senador.