Un nuevo informe del Semanario Búsqueda indica que mientras la Justicia Penal comienza a analizar la denuncia que presentaron senadores del Frente Amplio contra el Poder Ejecutivo, por la firma de un nuevo contrato con la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP), el Tribunal de Cuentas está dispuesto a emitir una resolución donde cuestiona el proceder del gobierno “por la falta de acreditación suficiente en cuanto a la presencia y tutela del interés general”.

Asimismo, el Tribunal remarca que la resolución se tomó sin considerar sugerencias técnicas y con interlocutores que otorgaron avales en nombre de diversos organismos, cuando en realidad esa representación debía haber sido por parte del directorio.

La resolución elaborada por los abogados del Tribunal de Cuentas, explica que el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Katoen Natie se firmó el 25 de febrero de 2021 y más de un mes después, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) solicita a la ANP “el asesoramiento preceptivo respecto de la instrumentación de la prórroga del plazo contractual a Terminal Cuenca del Plata”.

En este sentido, el asesoramiento implica “un dictamen que precede a la decisión que pretende adoptar la administración” y contar con él es de “vital importancia a fin de que el procedimiento se ajuste a los principios de buena administración y debido proceso”.

Es por ello que los asesoramientos “no resultan ajustados a las disposiciones y principios” porque “no pueden ser caracterizados como previos, y por tanto parte esencial de la motivación de los actos administrativos referidos”.

Por otra parte, el 13 de abril de 2021 el presidente de la ANP, Juan Curbelo, respondió al MTOP mediante una nota que, de acuerdo a las bases jurídicas, es legítimo adoptar decisión favorable y que la obra permitirá “continuar con el proceso que presione a Uruguay como hub regional”.

Una semana después, el presidente Luis Lacalle Pou emite la resolución que prorroga por 50 años el “régimen de administración, construcción, conservación y explotación de una Terminal de Contenedores en el puerto de Montevideo” a Katoen Natie. Allí, el accionar y asesoramiento de Curbelo, aún siendo tardío, también incumplió las normas porque debió haber sido emitido por la ANP como organismo ya que “su voluntad se manifiesta mediante acto administrativo dictado por el directorio, no siendo suficiente para formar la voluntad administrativa la nota remitida por su presidente”.

Otro de los puntos destacados de este informe, indica que los contratos públicos pueden modificarse siempre que no se transgredan los límites que “son presencia y tutela del interés público, no vulneración de normas y principios imperantes en materia de contratación administrativa y análisis de eventuales terceros afectados”.

Ante esto, aclaran: “los apartamientos jurídicos constatados implican que dichos límites hayan sido transgredidos, sea por la falta de acreditación suficiente en cuanto a la presencia y tutela del interés general y en cuanto al acaecimiento de las circunstancias objetivas detalladas en los actos administrativos, sea porque se contravinieron principios generales (debido procedimiento, buena administración, debida motivación), sea por carencia de análisis en cuanto a afectación a terceros”.

Para concluir, los abogados remarcan que el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie “es objetable en cuanto a su regularidad jurídica”.