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El concepto de "lawfare" describe el uso indebido de instrumentos legales para fines políticos, buscando deslegitimar a opositores mediante procesos judiciales que carecen de fundamentos sólidos. Este fenómeno no es aislado en América Latina; casos emblemáticos como Lula da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador, evidencian patrones similares. En Brasil, la operación "Lava Jato" fue utilizada para inhabilitar políticamente a Lula, condenándole en un proceso absurdo y carente de pruebas concluyentes. En Ecuador, Correa fue condenado por "influjo psíquico" en el "Caso Sobornos", sin pruebas materiales que sustentaran su culpabilidad, para eliminarlo del escenario político.
Irregularidades, sesgo e inusual celeridad para su resolución, refuerzan las sólidas acusaciones sobre la intencionalidad de lograr, no solamente el desenlace de –parafraseando a García Márquez- una “crónica de una condena anunciada”, sino los efectos inmediatos de una pena injusta y desproporcionada, a meses de las elecciones legislativas argentinas.
La misma corte que ocupa un año y medio con cualquier expediente, o lleva 8 años con una causa vinculada al caso Nisman, resolvió este caso en el tiempo récord de 42 días hábiles, atropellando una docena de principios del orden jurídico y del sistema penal argentino. La prohibición del doble juzgamiento, principio “non bis in ídem” es una garantía fundamental del debido proceso. O el principio de presunción de inocencia y su derivado principio “in dubio pro reo” por el cual debe absolver ante la duda razonable, inobjetable en este caso de ausencia de pruebas. Y podríamos seguir…
El debido proceso legal es un conjunto de garantías, para asegurar un juicio justo y equitativo, protegiendo a las personas del abuso de poder durante un proceso judicial. Ello supone derecho a ser oído, a jueces imparciales e independientes, a cumplimiento de plazos y normas. Infelizmente, Cristina Fernández no tuvo esas garantías.
Estos antecedentes ponen en evidencia la aplicación de una estrategia regional que utiliza al aparato judicial como herramienta para desarticular a líderes políticos populares, debilitando la democracia y el pluralismo político. Para ello, se vulnera la presunción de inocencia, principio fundamental del derecho penal, al condenar a acusados sin pruebas fehacientes y sin respetar las garantías procesales. Asimismo, la dureza judicial en la aplicación de las penas debería sostenerse sobre casos indiscutiblemente éticos, donde la regla fuese el respeto a todas las garantías de los acusados, paradójicamente, lo opuesto al presente caso.
Lo antedicho lleva a preguntarse qué papel juega el vínculo entre los jueces involucrados, el macrismo y el actual gobierno argentino.
Sin duda, el brazo mediático fue clave para instalar un relato falso, cimiento de odio sobre el cual desarrollar la farsa judicial, para que una corte incompleta (tres de cinco jueces) cumpliese su mandado.
La separación de poderes, pilar de cualquier Estado de Derecho, también se ve comprometida cuando el Poder Judicial actúa como brazo ejecutor de intereses políticos. La independencia judicial es esencial para garantizar procesos justos y equitativos y su debilitamiento socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Sobre esta condena, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, expresó que “no persigue otro objetivo que apartarla del ámbito político”. Dicho en otras palabras, la condena arbitraria e ilegítima al mayor liderazgo popular y de la oposición, expresado en la figura de la ex Presidenta argentina, constituye una proscripción política, propia de un régimen autoritario.
Llama a reflexionar sobre los riesgos que implica el uso político de la justicia. Citando las palabras del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, “El lawfare sigue vivo en la región destruyendo nuestras democracias”.
En ese marco, es tiempo de expresar la solidaridad con el pueblo argentino, condenando el creciente avasallamiento de valores e instituciones democráticas, y la escalada represiva. Siendo tarea del Estado garantizar libertades y derechos que, democrática y pacíficamente, ejercen argentinas y argentinos, por sus justas reivindicaciones, es responsabilizad del régimen cínico de Milei tamaño atropello a la libertad.
Para un epílogo, podríamos explorar las consecuencias políticas y sociales de esta infamia, exponiendo la vulnerabilidad de la sociedad ante una democracia tutelada por poderes fácticos. O usaríamos la frase del mártir obrero Michael Schwab “No se ha hecho justicia ni podría hacerse, porque cuando una clase enfrenta a otra, es una hipocresía su sola suposición”.
Los pueblos deben mantenerse vigilantes ante procesos que buscan socavar la democracia. La defensa de la presunción de inocencia, el respeto a las garantías procesales y la independencia del Poder Judicial son pilares del Estado de Derecho. Ayer fueron Brasil, Ecuador, Bolivia… hoy es Argentina… mañana podrá ser nuevamente Brasil… o Uruguay…
Eduardo Mernies - Secretario de Asuntos Internacionales del Frente Izquierda de Liberación – Frente Amplio
