El origen de las especies

A lo largo de la historia, al definir sus estrategias, el movimiento feminista ha discutido sobre el rol del Estado y las políticas públicas en la transformación del orden de género. Hay quienes sostienen que desde la institucionalidad se podrán promover transformaciones que afectarán a toda la sociedad y aunque estos cambios partan del orden jurídico, luego significarán transformaciones culturales y sociales más profundas. Otras personas menos optimistas dirán que lo que pueda hacer el Estado sólo será un “piso mínimo” para la transformación y que depositar todas las expectativas en él puede ser riesgoso, por restar poder a quienes pugnan por los cambios. Ambas visiones, en general, suelen ser complementarias, el orden jurídico va tomando las referencias de las reivindicaciones y avances conceptuales y al mismo tiempo determina unos estándares mínimos y aceptados sobre los que se fundamentan las políticas públicas. Sobre esos mínimos aceptados es que el Estado está obligado a actuar y esa acción puede producir los cambios más amplios en la sociedad.

Cuando se aborda en particular la violencia hacia las mujeres en nuestros días, queda evidente esta dinámica. Por un lado la acción del Estado no parece ser suficiente en su intervención en la aplicación de los instrumentos jurídicos que reflejan la acumulación conceptual para abordar el tema ya que continuamente es superada por una realidad que es el reflejo de una construcción cultural más profunda y persistente. También es evidente que estos avances muchas veces ni siquiera llega a interpelar a quienes asumen o respaldan las políticas del  gobierno, que en no pocas oportunidades, en estos últimos tiempos, expresan una corriente conceptual que es la negación activa una parte importante de esa acumulación y conocimiento.

Como ejemplo, sabemos que nuestro país cuenta con una nueva normativa y con la figura del feminicidio incorporada a su orden jurídico. Ha sido un gran avance llevar a la normativa esa concepción, que define las características específicas de la violencia y el asesinato ejercida contra las mujeres y originada en su condición de género. Pero la realidad nos muestra que siguen siendo asesinadas mujeres por el hecho de serlo, que no es suficiente con una tipificación de un delito y sus normas relacionadas,, ni las acciones del Estado para prevenirlo y combatirlo, si el contexto cultural y conceptual donde se manifiesta esa violencia y la discriminación que lo sustentan, no es alterada. Cuando vemos además, que desde la máxima jerarquía del Estado, quizás en forma inconsciente, como manifestación de esa cultura dominante incorporada, se hace referencia a las situaciones de violencia como una daño colateral durante la crisis sanitaria actual o que legisladoras de la base de apoyo político del gobierno alzan su voz para levantar un discurso que es negado por la realidad y las situaciones de cada día, entendemos hasta qué punto es necesario seguir actuando, pensando y movilizadas para cambiar esa realidad.

En el Uruguay a las mujeres las matan los hombres y en la mayoría de los casos, sus parejas. Resulta obvio decirlo, pero al revés no sucede y parece que sigue siendo necesario aclararlo. Que es por esto que se requiere un abordaje especifico y que esa reivindicación tiene como objetivo terminar con las relaciones de poder y desigualdades en que se sustentan y mantienen esos abusos. No abordarlo de esa forma, obviar esta desigualdad, solo contribuye a mantener y fortalecer la iniquidad y aumentar la violencia que existe actualmente.

El Estado está obligado a actuar, es su responsabilidad y cometido y es eso lo mínimo que le pedimos, lo que se le puede exigir. También al gobierno y a su base política, como responsables,  sería deseable que aportaran, por lo menos, el gesto de no contribuir a la deconstrucción cultural y conceptual que niega esa realidad y que de continuar afirmándose, terminará afectando sus propias intenciones expresadas de enfrentar la violencia y superar estereotipos y prejuicios discriminatorios hacia las mujeres.

Por eso también sigue siendo necesaria y cada vez más central la movilización para transformar la sociedad desde la perspectiva que reivindica la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Por eso sigue estando más vigente que nunca el feminismo y sus luchas.

El miércoles pasado se cumplieron cinco años de la primera movilización contra los femicidios convocada en Argentina bajo la consigna “Ni una menos”, que desde entonces se convirtió en un emblema de la lucha de los feminismos latinoamericanos contra toda forma de violencia machista. El pedido claro y concreto: dejen de matar a las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Este año es particular, se produjo en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. Esto obligo a que muchas de las convocatorias (incluida la Argentina) fueran a manifestarse desde las casas, con las redes sociales como principales amplificadoras de las reivindicaciones. El contexto sanitario también importa y se hace relevante en por el impacto que ha tenido y tiene el confinamiento en el recrudecimiento de la violencia de género. Más allá de las definiciones desafortunadas que puedan haber habido, la materialización de la emergencia en que se encuentra nuestra sociedad respecto a este tema, no es para nada colateral. Es estructural, hace a la cultura dominante que la sostiene y a se afirman en esos discursos retrogrados y no se condicen con la realidad. El número de llamadas a la línea de atención y asesoramiento aumentó 80% durante los dos primeros meses del aislamiento voluntario, al tiempo que las denuncias policiales bajaron, lo cual demuestra los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en este contexto a la hora de denunciar.

La jornada de visibilización de los femicidios se desarrolló dos días después de que Uruguay registrara 5 casos de violencia de género en menos de 72 horas. Desde que empezó el año hubo siete femicidios a los que se suman dos por conexión. Al escenario actual de violencia machista se suma la Operación Océano, que investiga un caso de explotación sexual de adolescentes en el que están involucrados hombres vinculados al poder político, económico y jurídico.

La crisis social, económica y humanitaria consecuencia de la pandemia, deja al descubierto de una forma más evidente todavía esa situación de inequidad y violencia. Si a eso le sumamos los intentos de levantar un discurso que la niega y una Ley de Urgencia que no la considera como uno de sus temas centrales, porque aparentemente no es tan urgente evitar que sigan matando mujeres, nos va quedando la sensación de que aquella idea que nos habían contado de que había que evolucionar para buscar nuevos horizontes, en realidad, era todo lo contrario.