Como escribí en julio del 2020: “Nuestro sistema educativo se caracterizó históricamente por su independencia de los avatares de la política partidaria. Se construyó un sistema “sui generis”, que asombró al mundo durante muchos años. Cuando un extranjero entraba en conocimiento de que en nuestro País el Ministerio de Educación y Cultura, tenía poca incidencia en la educación, quedaba absorto e impresionado. Seguramente, entre los motivos que hicieron que fuéramos vanguardia en la educación, este no fue el menor.” Barrera, Jorge (2020).

Desde que el nuevo gobierno ha asumido la conducción política del País, son innumerables las embestidas contra la autonomía y la libertad de enseñanza, ya nos hemos referido al comentar los cambios que la “Luc” ha introducido, que, en resumen, buscan limitar la autonomía y la participación de los docentes en la conducción de la enseñanza. La idea es poner a la educación como un instrumento ideológico al servicio del poder, en el sentido que lo expreso Althusser, como parte de los aparatos del estado.  El proyecto de la bancada colorada, emulatorio del ya presentado por Pedro Bordaberry, en 2015,  formó parte del programa de gobierno del Partido Colorado en el 2014. Nos remite a los años más oscuros del siglo pasado. Se trata  de una ley que propone la creación de un “Consejo de Laicidad”: “encargado de velar por el cumplimiento de este principio constitucional en las instituciones educativas públicas.”

Ya en el primer artículo, la ley parte de una concepción, a mi juicio errónea, proclamando la neutralidad del estado en materia religiosa, evocando el artículo 5 de la constitución. En primer término, el artículo referido de la carta magna no hace ninguna mención a la neutralidad, por otra parte, el estado no debe ser neutral, sino imparcial. Su función es como la del arbitro de un deporte, que debe intervenir cuando existe trasgresión de las normas.

Así mismo,  podemos señalar cuatro características negativas de este proyecto:

1)    Se da de bruces con el principio de la libertad en materia de educación, promoviendo el terror y la autocensura del docente, que por miedo a ser acusado de “violar la laicidad”,  dejará afuera de sus clases, un número importante de temas que son necesarios para el conocimiento de todas las fuentes de la cultura. Por otra parte, al invertir la carga de la prueba, el docente será quien deberá probar que es inocente, al ser llevado ante esta nueva versión “del tribunal de la Santa inquisición”. “En ejercicio de sus funciones”,el Consejo de la Laicidad estará facultado a disponer su suspensión, con carácter cautelar hasta tanto la autoridad con competencia adopte decisión y la comunique a éste. el Consejo estará facultado para efectuar, con o sin previo aviso, “visitas de inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia, pudiendo concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso”. También “competerá al Consejo la “sustanciación de denuncias sobre las violaciones de la laicidad en dependencias públicas, con particular prevención en el caso de que los destinatarios sean menores estudiantes que asisten a centros educativos”

2)     El proyecto contradice el propio estatuto del funcionario docente, que en su artículo 4, establece: “La libertad de conciencia y la libertad de opinión, sean éstas de orden religioso, filosófico, político o de cualquier otra índole, dentro del más estricto marco de laicidad, preservando la libertad de los educandos ante cualquier forma de coacción.”

3)    Del mismo modo, el artículo  10, expresa que:  “cualquier persona podrá formular denuncias ante el Consejo de la Laicidad, quedando garantizada la reserva sobre su identidad, salvo dispensa expresa por parte del denunciante o mandato judicial. La denuncia podrá efectuarse en forma escrita u oral. ” en resumen, no hay responsabilidad por parte del denunciante, y su acusación puede tener el efecto inmediato de la separación del cargo de un docente.

4)    Crea un tribunal para una función que es propia de las autoridades de la educación, ninguneando sus atribuciones y desconfiando de su idoneidad y probidad, El Consejo podrá proponer “medios correctivos tendientes a evitar las conductas que se consideren indebidas en el marco de los derechos y valores sustentados y protegidos por esta ley, así como en toda normativa complementaria y concordante con la presente”, y emitir “dictámenes, conclusiones o recomendaciones de oficio o a pedido de las entidades públicas”  el propio estatuto, más adelante señala: “Los Consejos respectivos adoptarán las providencias necesarias para hacer efectiva esta disposición.”

“Uruguay construyó una historia peculiar, caracterizada por el hecho de que la relación entre Estado, Política y Educación, fuera respetuosa de sus respectivas órbitas de influencia, de esta manera, se fue conformado un modo particular de ver y de sentir la educación pública, donde  el Estado debe garantizarla , como derecho humano fundamental, sin intervenir directamente en la conducción de la misma.” (Barrera, Jorge, 2021)

Este nuevo proyecto del diputado Schipani, que parece querer ocupar el espacio más a la derecha del espectro político, se asemeja a una versión del malhadado “Cosena” aplicado a la educación.

La educación, sin lugar a dudas es un botín, que cualquier gobierno, de dudosa estirpe democrática,  desea para sí. Hay una larga historia que se repite muchas veces:  en la Edad Media, relataba en su Historia de la filosofía Bertrand Russell: “Toda la fuerza armada estaba del lado de los reyes y, sin embargo, salió victoriosa la Iglesia. La Iglesia ganó la batalla, en parte porque poseía casi todo el monopolio de la enseñanza (Russell, Bertrand, 1946).    

“Como será la cañada, que el chancho la pasa al trote”

Pero no todo son malas noticias, ya que todo parece indicar que esta funesta propuesta, no tendría consenso ni aún dentro de la coalición de la derecha de nuestro país.

Desde filas nacionalistas, el diputado Rodrigo Goñi, según consigna “La Diaria” , consideró que esta iniciativa supone un “retroceso al siglo XIX” por tratarse de un órgano con “funciones de Policía administrativa” que establece “qué se puede decir y qué no” y se “arriesga innecesariamente” a “violentar los derechos fundamentales que están en la base del artículo 5 de la Constitución”.  el legislador se manifestó contrario al proyecto “precisamente para proteger la laicidad”. “En el mundo cuando se instalan este tipo de mecanismo terminan limitando las libertades, siempre”, advirtió, y calificó el instrumento como “innecesario, inconveniente e inadecuado en función de lo que se quiere lograr”.

Mas adelante señala que puede “haber algunos casos excepcionales” de violación de la laicidad, “pero en la sociedad uruguaya ese principio está profundamente aceptado”. “Los mecanismos están, para los desvíos que en todos los órdenes de la vida se dan. Pero cuando proponés un remedio que puede ser más grave que la enfermedad hay que sopesar y medir los efectos, que en este caso serían graves”.

En poco más de un año la educación ha recibido palos y más palos, una razón más que suficiente para firmar para derogar artículos de La “Luc”, esperemos que en este caso prime la cordura y el proyecto vuelva al cajón de donde nunca debió salir.

Bibliografía

Barrera, Jorge. (2020), “Ley de urgente consideración: el pasado y elnca dev futuro de la educación”. Mediomundo.uy

Barrera, Jorge (2021). https://mediomundo.uy/contenido/3317/y-despues-que-sigue

Barrera, Jorge (2021). https://mediomundo.uy/contenido/3040/la-autonomia-y-la-participacion-de-la-educacion-han-sufrido-un-duro-golpe.

Consejo de Laicidad, proyecto presentado el 19 de marzo de 2021 por la bancada del Partido Colorado.

Constitución de la República Oriental el Uruguay, Impo. Montevideo.

https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/4/propuesta-del-pc-de-instalar-un-consejo-de-laicidad-cosecho-criticas-de-varios-frentes/