Pretorianismo de ayer y de hoy 

Columnas 29 de junio de 2020 Por Lorena Infante
Las Fuerzas Armadas han tenido en Latinoamérica un indiscutible papel político y Uruguay no ha sido la excepción. La intervención militar en los asuntos políticos afecta no sólo la calidad de la democracia sino también su estabilidad. El 27 de junio de 1973 la sociedad uruguaya fue testigo de ello.
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Pretorianismo de ayer y de hoy  - Por Lorena Infante

A 47 años del golpe de Estado nos encontramos aun reclamando verdad y justicia por los crímenes cometidos durante esa infame etapa. Esto nos obliga a mantener viva la memoria para que Nunca Más no sea un simple eslogan sino un compromiso de toda la sociedad.

Crónica de una muerte anunciada

En 1971 Juan María Bordaberry ganaba las elecciones en medio de una coyuntura de crisis económica, social y política. Con su triunfo, se mantenía en el poder el sector más conservador y reaccionario del Partido que, en medio del accionar de la guerrilla armada y los grupos paramilitares, terminó de trazar el camino de un Estado de Derecho a uno Policial.

El Estado de Guerra Interno declarado en abril de 1972 dio paso a la Ley de Seguridad del Estado y el Orden Interno (n°14.068 del 10 de julio de 1972) cuyo resultado fue la suspensión de las garantías individuales.

Las leyes de excepción le otorgaron el respaldo parlamentario necesario para que el aparato represivo torturara, matara y desapareciera tanto a dirigentes como a adversarios políticos, a la vez que le permitió desarticular al movimiento popular en su conjunto.

No obstante, la aplicación sistemática de la tortura a detenidos fue denunciada en reiteradas ocasiones por legisladores, entre ellos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini quienes pagaron con su vida la confrontación al poder castrense. 

En febrero de 1973 Bordaberry nombra al Gral. Antonio Francese como ministro de Defensa Nacional, lo que generó gran malestar en el Ejército y en la Fuerza Aérea. La destitución de Francese una semana más tarde da claros signos de la presión de los mandos militares sobre el poder civil.

Finalmente, el 27 de junio de 1973 Bordaberry, con el apoyo de las FFAA, disuelve el Parlamento y nombra un Consejo de Estado dando inicio al “proceso cívico-militar” que durará doce largos años.

 El camino hacia la impunidad

La creciente autonomía del estamento militar y su injerencia en el poder civil, sumado a desavenencias políticas, llevan a la Junta de Oficiales de las FFAA a destituir a Bordaberry remplazándolo por Alberto Demicheli.

En 1980 los militares promovieron una reforma constitucional que, entre otras cosas, pretendía la institucionalización del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) con mayoría militar, el predominio absoluto del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado y la restricción de los derechos individuales. La retórica castrense que pregonaba la aprobación y aval del pueblo a su “proceso” fue echada por tierra en las urnas cuando la opción por el NO (a la reforma) obtuvo el 57,2% de los votos. Esto obligó a una transición pactada entre los partidos políticos y la cúpula de oficiales. 

Se buscó una transición basada en los criterios de la seguridad nacional y la lucha antisubversiva, ello implicaba no juzgar a los militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) ya que en palabras del Gral. Hugo Medina, comandante en jefe del Ejército en ese momento, se había actuado en cumplimiento de órdenes y consignas de los superiores y por ello merecían “el más amplio respaldo” de los mandos militares.

Como corolario, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (n°15848 del 22 de diciembre de 1986) concedió la impunidad a los militares. 

Tras la vuelta a los cuarteles, una vez recuperada la democracia, subyacía la influencia que mantenía la oficialidad sobre el poder civil.

La corporación militar en el siglo XXI

La oficialidad sigue mostrando claras señales de su intención por incidir en la vida política nacional y en el pluralismo que caracteriza nuestra democracia. En su publicación de octubre de 2019, el periódico Nación[1] llamaba a la familia militar a “votar bien” y proseguía " Si vamos a votar, hay que votar por aquella opción que nos ofrezca garantía de firmeza, de compromiso, de irreductibilidad en los principios morales y de entrega absoluta a los superiores intereses de la patria.”

Se afirma además “El Frente Amplio ha violentado la propiedad privada, habida cuenta que no solamente nos ha esquilmado el producto del trabajo y los derechos jubilatorios con impuestos confiscatorios, sino que además ha establecido controles totalitarios sobre nuestros ingresos y ahorros mediante leyes que nos convierten en amenazados permanentes de los organismos fiscales y en clientes obligados de los bancos. Toda una infamia. Esto tendrá que derogarse ipso facto y los responsables de haberlo adoptado sometidos a una seria investigación”.  

A buen entendedor, pocas palabras: cualquier parecido con la LUC…. 

Un mes más tarde, el mismo medio titulaba su editorial “El fin de una pesadilla” en alusión a la posible derrota del Frente Amplio en el balotaje.  Afirmaban además “Hay que tener firmeza y ser coherentes; no sea cosa que en nombre de una concordia que nunca fue tal, perdamos el derecho a hacer lo que corresponde para terminar definitivamente con las muchas dolencias que nos habrá de dejar esa terrible pesadilla llamada Frente Amplio”. Concluía diciendo “El próximo domingo hay que sellar el camino de un nuevo amanecer. El Marxismo debe empezar a ser definitivamente extirpado del horizonte de nuestro destino nacional. ¡Viva la Patria!”

 Este discurso corporativo es compartido y defendido por los legisladores de Cabildo Abierto quienes, a pesar de negar ser un “partido militar”, cuentan con una vasta presencia de ex integrantes del Ejército entre sus dirigentes, han cuestionado el procesamiento a militares por crímenes de lesa humanidad e inclusive dos de sus senadores, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, se han pronunciado a favor de la amnistía para oficiales y soldados. 

El senador Guido Manini Ríos sostuvo que el pueblo uruguayo ha expresado en las urnas su voluntad por “dar vuelta esta página dolorosa de nuestra historia”.

Dar vuelta la página no significa “barrer bajo la alfombra”. No es posible la construcción de un futuro sin conocer la verdad sobre el pasado y sin que los culpables sean juzgados, aún si se trate de octogenarios. 

No se trata de irradiar odios. Se trata de buscar verdad y justicia. 

Conocer los errores del pasado es el primer paso para evitar repetirlos en el futuro. Como dijo Antonio Machado “al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”.

 

 Lorena Infante

Lic. en Ciencia Política 


 
[1] Periódico publicado por CAOFA (Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas)

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