La infancia como prioridad, hoy y siempre

Columnas 25 de junio de 2020 Por Gimena Urta
La emergencia sanitaria multiplicó las privaciones de derechos a los cuidados a partir de la suspensión de servicios presenciales. El Estado debe garantizar estos servicios en el contexto de confinamiento y retorno a la normalidad, como elemento central del bienestar.
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La infancia como prioridad hoy y siempre - Por Gimena Urta

Potenciar el trabajo de proximidad en los territorios es el primer paso, que se fortalece a partir de las consideraciones de diversas organizaciones sociales especializadas en infancia.

En tiempos de emergencia, la presencia de las organizaciones sociales ha sido fundamental para mantener la continuidad del trabajo con la infancia y la adolescencia, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, así como con sus familias. Más aun con el cierre de centros educativos y de cuidados, junto con el repliegue de algunos programas públicos, como Uruguay Crece Contigo (UCC), del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que mayoritariamente se comunica virtualmente con las personas usuarias.

Los equipos técnicos de las organizaciones que trabajan en convenio con el Mides y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU (centros CAIF, clubes de niños, centros juveniles y ex Cercanías, de Equipos Territoriales de Atención Familiar, ETAF) debieron adaptarse a nuevas modalidades de intervención. Se recurrió a la organización de guardias presenciales para atender situaciones de riesgo, así como a una asistencia básica de alimentación.

En una primera instancia, se priorizó la emergencia alimentaria con entrega de canastas o viandas a las familias y se coordinó con las iniciativas populares barriales: ollas populares, redes barriales, comisiones, entre otras. Un segundo componente fue asistir y acompañar las actividades socioeducativas, apoyando la comunicación con las instituciones de educación formal a través de las plataformas digitales, buscando evitar el ensanchamiento de la brecha educativa en poblaciones con mayores carencias. Se abrieron los locales de las organizaciones para que niños, niñas y adolescentes pudieran acceder desde allí a las plataformas virtuales.

En algunos casos las escuelas han cumplido incluso un rol protector, al recibir denuncias de situaciones de violencia y maltrato, por ejemplo mediante la plataforma Ceibal.

El seguimiento presencial desde los centros se pudo concretar mayoritariamente con adolescentes, dada su mayor autonomía. En cambio, el contacto directo con niñas y niños ha sido muy difícil y casi siempre mediado por las personas adultas referentes. Aunque en estos territorios no haya existido un confinamiento real, por las condiciones de vivienda o los hábitos familiares, la desvinculación directa ha supuesto que las situaciones de violencia intrafamiliar que antes se detectaban hoy sean difíciles de identificar y abordar.

La complejidad para trabajar sobre el tema de los cuidados familiares se vio profundizada por la ausencia de UCC, cuyos operadores no entraban antes a estos territorios por razones de seguridad y ahora por directivas oficiales. Por otra parte, el cierre de los centros y espacios de educación y cuidados para la primera infancia en todo el territorio, así como la postergación de su reapertura en Montevideo y la zona metropolitana, han impactado en el derecho al cuidado y la estimulación del desarrollo y la socialización de niños y niñas, al tiempo que explicitaron la necesidad de que el reparto social que posibilita su provisión sea más corresponsable entre Estado, familias, comunidad y mercado.

La falta de conectividad de Ceibal en estas zonas se suma a las dificultades propias de los familiares adultos para manejar estas herramientas, lo que afecta la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes. El fundador y ex director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, reafirmó que la brecha digital sigue siendo muy importante en Uruguay, donde sólo 25% del primer decil de hogares tiene acceso a banda ancha fija.1

Se teme que las situaciones de aislamiento y encierro signifiquen mayor conflictividad intrafamiliar y que el riesgo de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes se incremente en este período.

Cunde una notoria incertidumbre sobre la continuidad de los programas que dependen del Mides. A fines de mayo las organizaciones que llevaban adelante el Programa Cercanías y tenían a cargo los ETAF fueron suspendidas en sus convenios vigentes, lo que dejó a muchas familias sin atención directa. Además, la intención expresada por las autoridades del Mides es no renovar estos convenios en el próximo año, sino efectuar contrataciones directas o delegar a las intendencias departamentales esta tarea.

La relación del Colectivo Infancia (plataforma de tercer grado de las organizaciones sociales vinculadas al INAU) con las nuevas autoridades ha sido fluida. Se insistió allí con la reanudación del Consejo Consultivo Honorario de Infancia y Adolescencia que integra a las organizaciones sociales.

Con respecto al proyecto de ley de urgente consideración, las organizaciones han realizado declaraciones y pedidos de entrevista con legisladores/as para impedir que se concreten las medidas que lesionan los derechos de la infancia y la adolescencia. El Comité de los Derechos del Niño del Uruguay emitió un comunicado de alerta al respecto.

En su mayoría, los medios de prensa cubren las acciones de emergencia de carácter alimentario o sanitario, pero rara vez incluyen en su agenda los temas relativos a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Tampoco se aborda la situación específica de la infancia y adolescencia con discapacidades, quienes en muchos casos sufren aun más las consecuencias del aislamiento y el confinamiento por su situación de dependencia. Existen carencias en los apoyos, como asistentes personales y ayudas especiales por parte del Banco de Previsión Social. Los protocolos de la Administración Nacional de Educación Pública tampoco hacen mención específica a los cuidados especiales que requieren estas poblaciones en el retorno a clases, ni a cómo se organizará la presencia de asistentes en el ámbito educativo formal.


La Red Pro Cuidados llama la atención sobre los problemas que los equipos técnicos de las organizaciones de infancia vienen detectando. Estas afectaciones tendrán graves consecuencias tanto en el aumento de la desigualdad educativa y en el ejercicio de derecho al cuidado, como en sus condiciones psicológicas y sociales.

Es sustantivo que se mantengan los programas de cuidados existentes, en lugar de recurrir a la redefinición de los servicios y la desvinculación de organizaciones sociales con años de experiencia en los territorios. Además, es necesario desarrollar en forma urgente nuevos programas territoriales para la orientación y el seguimiento de las familias más vulnerables. En particular, para madres solas jefas de familia, que han visto doblemente recargadas las tareas de cuidado por el cierre de los centros. Ellas no han tenido más alternativa que recurrir a arreglos familiares no siempre convenientes para asegurar el buen cuidado y desarrollo de sus hijos en los primeros años de vida, al tiempo que acompañan a los más grandes para que mantengan su continuidad educativa.

Por otro lado, al no contar con la presencia de UCC y los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF) en los territorios, se debería reforzar las medidas de detección de situaciones de riesgo en cuanto al maltrato y la violencia doméstica, así como velar por su adecuado tratamiento.

Como afirmábamos al principio, nuestro país tiene un rico entramado de experiencias y conocimiento en las organizaciones sociales, la academia y el estado, construido a lo largo de muchos años que permite dar respuestas efectivas ante esta situación. Solamente uniendo esfuerzos entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que tienen décadas de trabajo profesional en la atención, los cuidados y la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia se podrán mitigar los efectos de esta crisis sanitaria y sus tremendas consecuencias económicas y sociales. Las señales dadas por las nuevas autoridades del estado no parecen ir en esa dirección y generan inseguridad e incertidumbres sobre el futuro en un momento donde, justamente, lo que la sociedad necesita construir entre todos es más seguridad y certezas sobre el mundo que vendrá.

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