Algunos “tarascones” han forjado nuestro destino como sociedad colonial; algunos han naufragado, como el proyecto del “Uruguay minero” de la década del ’80; otros, diseñados a largo plazo, como fue la integración de nuestro país a los suministros papeleros del planeta (junto a otras sociedades periféricas, fundamentalmente Brasil, Indonesia, Filipinas) han logrado asentarse y propagarse, adueñándose de territorios que una colonización previa había ido asentando como ganaderos.

Katoen-Natie, un consorcio de transporte marítimo con sede en Bélgica, apreció las condiciones del puerto de Montevideo y su bahía y entendió seguramente que podía tener un papel clave en el Cono sur americano y se apropió de su administración durante 60 años, es decir durante una docena de presidencias que quedan así embretadas para encarar cualquier política nacional, uruguaya;  portuaria, impositiva, ambiental que necesite contar con disponer de los recintos portuarios.

El contrato con Katoen-Natie es un recorte, otro, a nuestra soberanía. Territorial y consiguientemente cultural.

El contrato que firmó el presidente uruguayo con el laboratorio Pfizer concediéndole carácter secreto a su producción de medicamentos es otra abdicación de soberanía que deja librada a nuestra población al saber discrecional de un laboratorio y su comportamiento empresarial, tratándose de un laboratorio que pertenece al conocido grupo financiero Black Rock, que ha recibido demandas por cientos de millones de dólares por sus “medicamentos” Neurontin y Celebrex por los ingentes daños que ha producido en miles de pacientes-víctimas.

Hace muy pocos años se apreció el papel de las aguas superficiales de nuestro país. Que encerraban un valor creciente. Y se diseñó una ley, de riego, que puso en la esfera financiera, mercantilizó, las aguas superficiales del territorio.

Hubo resistencia, pero no la suficiente (se procuró un referendo para decidir el asunto, pero no constituimos la “masa crítica” suficiente).

Con la desertificación inevitable a causa del desmantelamiento creciente del Mato Groso, la Amazonia que es, o era, “a mais grande selva tropical do mundo”  (la segunda, la de Borneo, en Indonesia, de cerca de un millón de km2 fue arrasada hace pocas décadas); América del Sur, el subcontinente mejor regado del planeta, empezará su penuria acuática. Y las aguas superficiales, como las financierizadas por la ley de riego en nuestro territorio, aumentarán su valor en proporción directa a su escasez.

OSE administra el agua potable, la de consumo humano de nuestro país. La cuenca mayor es  la del Santa Lucía, distribuyendo el agua a cerca de dos tercios de la población del país. En previsión de mayor consumo de agua, pero también para atender crisis potenciales, desde hace tiempo, se ha ido buscando como ampliar el suministro o proteger el existente. Durante el gobierno frenteamplista se encaró un suministro complementario para OSE mediante la instalación de otra toma de agua en el arroyo Casupá, en la misma cuenca del Santa Lucía.

Aunque ese proyecto aumenta considerablemente la provisión de agua para  el sistema administrado por OSE, no diversifica su procedencia, lo cual debilita estructuralmente el sistema de agua potable. Y tampoco amplía el proceso de potabilización propiamente dicho.

Atendiendo esa debilidad estructural una UTE−unión transitoria de empresas− SACEEM, Berkes, CIMSA y FAST, presentaron hace ya meses, un diseño de obra para  erigir una nueva fuente potabilizadora.

Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Escuchando a un directivo de OSE, que estos cuatro consorcios financiarán todo el emprendimiento y no van a cobrar un peso hasta tanto no tengan todo montado, edificado y resuelto, y que luego se tratará de un pago que no va a llegar ni a los 20 años (17 para ser más preciso),[1] el habitante común y corriente de estas comarcas tiene todo el derecho a preguntarse cómo se paga eso, cuánto se paga por eso y cuáles serán las condiciones a las que nuestro país va a quedar sujeto.

Por un lado, el gobierno nos asegura, con llamativa invocación a una fuente “infinita» de agua (un sonsonete que se repite en cada mensaje), que el proyecto Neptuno es una panacea ante la perspectiva de los límites que se ciernen sobre los actuales servicios de OSE para casi dos tercios de la población del país. Neptuno  resolvería dos limitantes; el de suministro de lo que se denomina “el agua bruta” y, tratamiento mediante, el de la disponibilidad de agua potable.

El del suministro del agua bruta, que el gobierno anterior había encarado con la represa en Casupá, pero que al día de hoy está suspendido, podría encararse con el polder a construir en Arazatí. Si se tratara de una mera sustitución de un proyecto por otro para una única función (suministro del agua bruta) sería insensato o un dispendio, pero el proyecto Neptuno encara el otro aspecto, también fundamental, y es la potabilización del agua para su incorporación a la red ya instalada de OSE.

Ambos aspectos del proyecto se basan en la extracción del agua de la llamada “fuente infinita”; el Río de la Plata. Surgen varias interrogantes; por empezar: nuestro río es un estuario de los ríos Uruguay y Paraná, y aunque bautizado por los primeros europeos que lo surcaron como “Mar Dulce” es una masa acuática mezcla de agua salada, oceánica, y dulce de dichos ríos. Cualquier montevideano lo reconoce, frecuentando la costa: a veces se pesca en agua salada, verdosa, peces como el bagre de mar, azul, y a veces se pesca en agua dulce, amarronada, el bagre de río, amarillo.

Gente del sindicato de OSE ha recordado la persistencia de agua salada o salobre sobre la zona de Arazatí, donde se piensa la instalación del proyecto Neptuno, durante 88 días.

La indudable existencia de agua salada en el Río de la Plata me hace pensar en que un proceso de desalinización es inescindible de todo proyecto de empleo del agua platense (y esto al margen de toda la depuración imprescindible tratándose de ríos, el Uruguay y el Paraná, que bajan por entre cultivos agroindustriales con todas sus cargas químicas que nutren, por ejemplo, a cianobacterias).

El proceso de desalinización para hacer potable el agua del mar es costosísimo, solo pensable en zonas con escasa agua dulce y muy  accesible salada. Como en Arabia Saudita, Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Australia…

Y llama la atención la ausencia de tal consideración alrededor del proyecto que se procura asentar en Arazatí.  Que ni siquiera se roce esa posibilidad (por no decir esa futura necesidad), una eventualidad que trastornará todos los costos.

Llama particularmente la atención que para la elaboración del proyecto Neptuno, los oferentes hayan recurrido a la consultoría de Mekorot, la empresa israelí que administra el agua de Israel y Palestina (discriminando claramente las poblaciones; los caños de suministro a hogares israelíes son mayores que a hogares palestinos; las tarifas a hogares palestinos son mucho más altas que a hogares judíos),[2] y que siendo Mekorot una empresa más que ducha en la cuestión de la desalinización de agua, no aparezca ni una línea al respecto. ¿Habrá un cangrejo escondido bajo la piedra del dios de las aguas? Para acentuar dudas, Mekorot parece desechar el polder inicial de dicho proyecto como reserva de agua y postularía  gestionar ‘reservorios de agua potable en Montevideo’.[3]

Respecto de las consideraciones con que el presidente se ha dedicado a apoyar calurosamente el proyecto Neptuno, debo decir que no entiendo porqué sostiene que “este proyecto cumple estrictamente con el requisito de que el suministro de agua potable a la población corresponda a la esfera pública.” Aclara que “el proyecto está amparado en el artículo 47, numeral 3 de la Constitución de la República.

Transcribo aquí el num. 3 de dicho artículo: “El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados  exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.” Traduzco: OSE.

EL proyecto “Arazatí” entrega el procesamiento del agua, su potabilización, al consorcio a cargo del proyecto Neptuno. Y éste entregaría el agua ”pronta”, a OSE. Por lo tanto, OSE ya no sería el productor del agua potable del sur uruguayo, pese a la palabra presidencial; en todo  caso, su distribuidor en la población (en la red que tiene OSE desde “siempre”). Porque, como explicara el ministro del ramo, Adrián Peña, es el privado “el que diseña, construye y mantiene la infraestructura que queda al servicio de OSE”.

Nuestro país está cada vez más enredado en grandes operaciones financieras de las que se sale únicamente entregando bienes a los virtuales dueños del planeta. Es decir, a los titulares de los emporios que dictaminan las normas que rigen nuestro ordenamiento; las sanitarias, las dietéticas, cibernéticas, financieras, ambientales.

En 1919, en la entonces flamante revolución socialista, delegados campesinos al Segundo Congreso Panruso pudieron enrostrarle a los dirigentes bolcheviques: ‘Nos dicen que somos los dueños de las minas, pero ustedes disponen del carbón, nos dicen que somos los dueños del agua, pero ustedes disponen de la pesca, nos dicen que somos los dueños de la tierra, pero ustedes son los que administran sus frutos’.

Cuando se nos quiere hacer creer que OSE producirá el agua de Neptuno inevitablemente  nos acordamos de tan ominoso antecedente.