"Madrinas y padrinos"
Centenares de jóvenes --en su mayoría menores de 25 años-- fueron detenidos y tras juicios "abreviados", con frecuencia sin las mínimas garantías legales, hoy purgan penas en prisión o de arresto domiciliario, ante lo que un colectivo de ex-refugiados políticos desde Europa y otros lugares del mundo brinda apoyo a los procesados y familiares para aliviar e intentar solucionar entuertos que en su mayoría son injusticias o abusos.
El espejismo del Chile desarrollado y rico, laboratorio de Milton Friedman y sus Chicago's boys, finalmente se esfumó. El neo-liberalismo perdió su "caballito de batalla", el ejemplo para medio mundo de cómo aplicando sus recetas se lograba el progreso y bienestar de los pueblos. Hace muchos años que una especie de noria, apoyada por una batería de medios de comunicación amanuenses y con funcionarios estratégicamente colocados en las instituciones financieras mundiales (entiéndase FMI, BM, BID...), nos enrostra en continuo las excelentes cifras macro-económicas que registra el país andino. ¡Fenómeno! ¿Y la distribución? ¡Muy mal, gracias!
Esto último sublevó a buena parte de la sociedad chilena, decidida a enterrar esta herencia maldita del pinochetismo, que casi recibió su tiro de gracia. El "Tata" como gustaban llamarlo los "momios" (fachos y ultra-conservadores) tendrá nuevas exequias, más simbólicas y determinantes que las primeras.
Pero, sólo se ha recorrido la mitad del camino. En Chile rige la Constitución de 1980 ("actualizada" en 2010), aprobada por plebiscito en plena dictadura y redactada por una comisión presidida por un exministro de Justicia y de Exteriores junto a otros títeres conservadores e implementada por el Consejo de Estado y la Junta Militar de Gobierno. Todos destacados "demókratas".
Mediante plebiscito también, pero en octubre de 2020, un año después de las protestas sociales iniciadas por chilenos que no vivieron la dictadura o eran todavía niños pequeños en aquel periodo oscuro de la historia de su país, pero que tenían y tienen mucho para decir, fue creada una Convención Constitucional encargada de dictar una nueva Carta Magna.
"Limbo" jurídico y cifras de procesados y presos poco claras.
En pocas horas asumirá la presidencia de la República chilena el progresista Gabriel Boric. Sin embargo, este cambio no hubiera sido posible sin el combate en la calle de los descontentos. El joven mandatario y su equipo tienen una difícil tarea por delante, con desventaja en el Congreso --minoría en el Senado y "parejo" en una Cámara de diputados muy fragmentada--, entre muchas, una de las más perentorias será la de revisar y aclarar la situación de los presos por manifestarse que, por supuesto, el gobierno saliente del multimillonario Sebastián Piñera no los considera "políticos". Entonces, ¿qué son?
Medio Mundo entrevistó mediante "zoom" a varios miembros del Colectivo Internacional de Apadrinamiento de los presos políticos de la revuelta social en Chile, que desde diferentes partes, en este caso de Europa (Francia, España, Italia, Suiza...), quienes explicaron su trabajo militante y brindaron su opinión sobre este muy delicado asunto.
La idea para la creación de este grupo nació muy pocos meses tras la revuelta, cuando ex refugiados y presos políticos chilenos que residen fuera del país se preguntaron "¿qué podemos hacer?". "Había detenidos sin juicio en (una opaca) prisión preventiva. Un primer paso era contactar con las familias para ofrecerles apoyo". Este colectivo acaba de cumplir dos años.
En juicios abreviados, si los hay, y que además a causa de la pandemia perdieron su carácter público aunque algunos se puedan seguir online, se solicita a los encausados que reconozcan "una de sus acciones". "No hay una tipificación de los delitos, lo cual dificulta determinar el número exacto de detenidos en estas condiciones", afirman las madrinas y padrinos.
En efecto, las cifras están en una nebulosa y son contradictorias. Se mencionan 1.900 causas aún abiertas y decenas de miles cerradas, unos 5.000 formalizados y unos 650 en prisión preventiva, que podrían ser muchos más. Por ejemplo, en tanto la oenegé Amnistía Internacional (AI) señala que hay 725 sentenciados, la Fiscalía sólo reconoce 50. Este "limbo legal" se debe, entre otros, a la mencionada falta de tipificación de los delitos. Las acusaciones son variopintas, y van desde "asociación ilícita", pasando por la "alteración del orden público" o "lanzamiento de cócteles molotov", hasta "maltrato 'a la autoridad'" y un sinfín de inventos.
De acuerdo a los participantes en el video-encuentro, se registraron 57 muertes, en tanto oficialmente sólo son reconocidas 7. Y, solamente dos carabineros ("pacos" en el lenguaje popular) cumplen prisión preventiva por sus excesos represivos. Además, la justicia chilena ha tratado estos casos sin ecuanimidad ni transparencia.
Deuda histórica" para Boric y su gobierno.
El colectivo ha apadrinado durante estos dos años a casi 80 detenidos a lo largo de todo el país, sobre todo apoyando a sus familiares (en muchos casos los jóvenes eran cabeza o sostén de sus familias), pero también dando "a conocer al mundo los rostros y nombres de los 'presos de la revuelta' (...) Alertar --a nivel internacional-- sobre las execrables condiciones de encarcelamiento" de éstos. En Chile hay cárceles privadas, con todo lo que esto conlleva.
La metodología policial contra las protestas ha incluido diversas formas de acoso u hostigamiento, infiltración en las manifestaciones, malos tratos, y exceso de violencia, sólo para citar algunos.
Durante el 'zoom' fue señalado el caso de un joven de la etnia mapuche. Se le acercaron carabineros y le entregaron una mochila diciéndole "esto es tuyo", lo que él negó, pero igual, "marche preso". En el interior había tres cócteles molotov. Cada uno puede traducirse en cinco años de prisión...
En octubre de 2020, el colectivo escribió una carta abierta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, precisamente la expresidenta chilena Michele Bachelet.
Este pasaje resume muy bien la situación, que aún perdura, y el trabajo del grupo de exiliados.
"Un año después del inicio de las protestas, más de 2.000 jóvenes permanecen aún en prisión preventiva o con arresto domiciliario a la espera de procesos judiciales. Apoyados en ‘pruebas fehacientes’ que en realidad son meros montajes creados por la fuerza pública, en algunos casos con videos de escasos segundos, en otros con testigos dependientes del poder, los tribunales están impartiendo penas de hasta 29 años de prisión, algo inusitado en los anales de la justicia. Todo esto por el solo hecho de pedir Dignidad".
La respuesta concreta fue que se dirigiera a los representantes de la ONU en Chile, pero esta gestión no dio mayores frutos.
Más recientemente, a fines del año pasado, le tocó el turno a Boric. Destacamos un pasaje de esta otra carta abierta:
"Las 'violaciones graves a los derechos humanos' durante la revuelta, que incluye torturas y violencia sexual, fueron reseñadas y condenadas por sendos informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pensamos que estos jóvenes deben ser reconocidos como actores importantes de los cambios que se han producido recientemente para construir un país más justo. No son delincuentes y deben ser liberados para que el país cumpla con la deuda histórica que tiene hacia ellos y supere el déficit de democracia existente".
Las (dos) cartas están echadas, ahora es al joven equipo de gobierno intentar enderezar el rumbo y lograr que se haga justicia sin ambages ni dilatorias.
¡Viva Chile mierda!
Direcciones de contacto:
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RECUADRO IGNACIO VERGARA:
Uno de los jóvenes apadrinados, Ignacio Vergara, cuya suerte ya fue evocada en Medio Mundo días pasados, conoció el 3 de marzo una evolución en su situación. La jueza aplazó su juicio hasta el mes de abril, pero concedió la libertad provisoria tras el pago de una caución de un millón de pesos chilenos.
Ignacio fue liberado para gran alivio de su madre Carolina Espinoza, que desde su detención el 20 de octubre de 2021 removió cielo y tierra para liberar a su hijo, mantenido en prisión preventiva a pesar de no tener antecedentes judiciales y estar acusado de un delito pasible de cinco o menos años de cárcel.
A la espera del juicio, Ignacio debe permanecer en su casa sin poder salir, pudiendo ser sometido a un control a cualquier hora del día o de la noche, cosa que en casos similares ha sucedido muy a menudo.
La liberación de Ignacio dio lugar a momentos de gran emoción en su barrio, donde su regreso fue celebrado con fuego artificiales (ver los videos de la liberación y del festejo).
Dos días antes de su liberación, el tribunal recibió el informe técnico de carabineros diciendo que no se hallaron huellas de combustible en las manos de Ignacio, lo que debilita aún más la acusación de que había manipulado un cóctel molotov.
La prueba había sido efectuada inmediatemante después de su detención pero el resultado negativo llegó a manos de la jueza al cabo de cinco meses. Las pruebas que dan positivo son transmitidas inmediatamente y sin demora...
Esperemos que a partir del 11 de marzo, ya instalado en el La Moneda, el nuevo presidente, Gabirel Boric, y su gobierno den las señales necesarias para que el sistema judicial chileno deje de prolongar en los tribunales la represión iniciada en las calles.
Es de esperar que una ley de indulto o de amnistía permita liberar a todos los presos de la revuelta social y borrar sus condenas.-
