La derrota electoral del Frente Amplio en octubre de 2019, en un contexto regional en el que los sectores más conservadores y reaccionarios de nuestras sociedades, resistieron las transformaciones sociales, políticas y económicas realizadas, abrió paso a un período esperable de ajuste de cuentas con las y los trabajadores.

En efecto, luego de quince años de avances sustantivos en materia de equidad, distribución y justicia social, volvieron las políticas de ajustes, rebaja salarial, pérdida de derechos, aumento del desempleo, de pobreza, restricciones presupuestales y afectación drástica de las políticas sociales.

No hay una sola razón para explicar este cambio abrupto. Es una suma de circunstancias y hechos en un contexto particularmente complejo, en el que los errores propios de la izquierda facilitaron la tarea a quienes encarnaron un proyecto conservador que vino a desmontar importantes avances ocurridos durante los 15 años del ciclo progresista en Uruguay.

15 años de Transformaciones

La reforma del sistema de salud, el cambio de la matriz impositiva, los programas de inclusión y alfabetización digital (Planes Ceibal e Ibirapitá), el proceso de formalización de la economía y control de la evasión fiscal a través de la inclusión financiera, el desarrollo de políticas públicas activas que promovieron el acceso al empleo desde una perspectiva totalizadora, más de 50 normas en las que se reconocieron y ampliaron derechos laborales y el rol del Gobierno en los ámbitos tripartitos de negociación colectiva como garante real de los acuerdos, fueron transformaciones reales que mejoraron la calidad de vida y los niveles de igualdad y equidad en el país.

A su vez, la aprobación de leyes que cambiaron sustancialmente la mirada sobre temas que eran considerados “tabú” en diferentes ámbitos de la sociedad, tales como la implementación de los ambientes libres de humo de tabaco en espacios cerrados públicos y privados, la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la regulación del consumo de marihuana, entre otras, significaron tres lustros de avances sustanciales que pusieron al país a la vanguardia de los cambios culturales en la región y el mundo.

Retrocesos Políticos

Sin embargo, un nuevo pacto político de los sectores más conservadores, aliados con personajes funestos vinculados a los protagonistas de la desaparición de personas, secuestro de niñas y niños, torturas y asesinatos perpetrados por la dictadura cívico-militar (1973-1985), a quienes se sumaron oportunistas, vendedores de sueños e ilusiones,  aves de paso que prometieron “el oro y el moro”, interrumpió un proceso de reformas estructurales y de evolución social, que el país venía recorriendo en el marco de cambios trascendentes, que tuvieron un profundo impacto en los segmentos más vulnerables de la población y generaron niveles de bienestar que beneficiaron a las grandes mayorías nacionales.

Pero, alentados por algunos medios de comunicación influyentes, aparecieron los “falsos profetas, con una retórica cuya finalidad era erosionar al Gobierno del Frente Amplio; aves de paso que anunciaban con declaraciones rimbombantes el fin de la “diplomacia de cóctel” para ir hacia una nueva diplomacia económica y comercial; ilusionistas que prometían la creación de cien mil puestos de trabajo, rebaja de las tarifas públicas, disminución de impuestos; y la manija permanente a través de un circo mediático, que instaló la percepción colectiva de la inseguridad pública y de crisis económica, creando una falsa sensación determinante en el resultado electoral.

Engañifas constantes para obtener opinión pública favorable, aunque una vez conquistado el Gobierno, se despacharon con una Ley de Urgente Consideración con 476 artículos, - con escasos tiempos para la discusión parlamentaria -, de los cuales, 135 de ellos modificaron drásticamente las relaciones laborales, eliminaron derechos colectivos y representación social, y provocaron condiciones favorables para el lavado de activos, debilitaron las empresas públicas y fomentaron la instalación de un Estado represor.

Todo esto podía ser previsible en condiciones normales, en los que cada Gobierno aplica su proyecto político en el libre juego de las mayorías y minorías. Pero resultó una sorpresa, que una vez decretada la emergencia sanitaria por una pandemia de alcance mundial, se aplicara toda esta batería de medidas anti populares. Además de no cumplir las promesas electorales, se hizo todo lo contrario y en el peor momento.

Retrocesos Sociales

En apenas 18 meses, el gobierno de Lacalle Pou tiene el triste mérito de haber aumentado los niveles de pobreza y marginación, aplicando restricciones presupuestales que determinaron la disminución de recursos para alimentación en las escuelas, hasta la cancelación de algunos programas sociales, dirigidos a los sectores más vulnerables.

 Según el informe del Observatorio de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Uruguay, “de cada 1000 residentes en el país 116 no contaban con el ingreso económico mínimo para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias”, lo cual implicó un aumento de la pobreza del 8,8% a 11,6%, estimándose en 408.080 las personas afectadas, de las cuales 176.375 son niñas y niños.

A su vez, Uruguay fue el país que menos invirtió en políticas sociales para combatir los efectos económicos de la crisis sanitaria provocada por la el ­Covid-19 según datos de la CEPAL, que se muestran a continuación:

Retrocesos Económicos

Los retrocesos sociales, fruto de la aplicación de una política económica ortodoxa, cuya mayor preocupación es el déficit fiscal, implicó el aumento de las tarifas púbicas por encima de la inflación, aumentos reiterados del precio de los combustibles, desregulación del mercado laboral y rebaja salarial en los sectores público y privado.

Como se muestra en el siguiente gráfico, todas las tarifas aumentaron por encima de la evolución del salario real.

Confrontación, Resistencia y Acumulación

En ese cuadro de deterioro sistemático, los movimientos sociales y la izquierda, encontraron espacios de coordinación que permitieron reagrupar fuerzas, planificar acciones conjuntas y comenzar lentamente un proceso de acumulación, con el objetivo de instalar en la sociedad la idea de convocar a un mecanismo de democracia directa – Referéndum -, para que el pueblo decida sobre la anulación de los 135 artículos más regresivos de la Ley de Urgente Consideración. Para convocar a la ciudadanía mediante voto secreto y obligatorio, era necesario reunir el 25% de firmas autenticadas con huella dactilar, del total del padrón electoral.

Parecía algo imposible en plena pandemia, con el agravante que el Parlamento había aprobado – sin los votos del Frente Amplio -,  la reglamentación del art. 38 de la Constitución para limitar el derecho de reunión, otorgando facultades discrecionales a las autoridades para disolver aglomeraciones.

El factor de la movilización y el despliegue en los territorios no solo estaba limitado por las restricciones naturales que nos impuso la pandemia, sino también por la exacerbación del poder represivo del Estado.

Sin embargo, la hazaña se concretó. Se requerían 671.544 firmas para convocar el Referéndum y fruto de una inmensa tarea pueblo a pueblo, barrio a barrio, casa a casa, se reunieron casi 800.000 firmas que hoy se encuentran en la Corte Electoral en proceso de validación, con una tendencia que confirma plenamente la realización de la consulta popular en los próximos meses.

El movimiento social, liderado por los trabajadores nucleados en el PIT-CNT, fue capaz de conducir un proceso de acumulación que permitió transformar la realidad en 6 meses - pandemia mediante - y generar el hecho político más importante del año en curso.

El Frente Amplio, con ciertas vacilaciones iniciales, finalmente acompañó y se involucró activamente en el proceso, sobre todo a través de su militancia en los territorios, desplegándose en todo el país a través de una estructura muy fuerte, que jugó un rol decisivo en la concreción del objetivo.

Una vez más, se confirma que cuando los aparatos partidarios y los movimientos sociales articulan sobre temas de interés común, pueden alcanzarse victorias que trascienden los intereses corporativos propios de las organizaciones yendo más allá de las coyunturas particulares, y logrando cambios cualitativos y cuantitativos en la correlación de fuerzas, que les permiten posicionarse para conseguir objetivos superiores.

Esa articulación política y social es imprescindible para enfrentar a un enemigo poderoso, porque cuando ese bloque representativo de los intereses populares se resquebraja, la derecha avanza en sus intenciones restauradoras de privilegios destinados a una minoría de la población.

El internacionalismo, anclaje imprescindible para avanzar 

En los procesos de acumulación no existe la asepsia política. Somos seres políticos y tomamos decisiones políticas, que muchas veces nos unen más allá de los partidos a los que adherimos. Nuestras ideas cobran vida en la práctica política, y sobre todo en la cotidianeidad de la lucha.

Por eso, es muy importante concebir la articulación socio-política desde una perspectiva internacionalista, promoviendo y estimulando la cooperación y la coordinación de acciones conjuntas, sin que ello implique absorber ni desdibujar a las organizaciones sociales. Hay que respetar sus tiempos, sus métodos y sus particularidades, pero existen puntos de apoyo en común que es fundamental desarrollar en conjunto.

La justicia social y la visión humanista nos conducen por el camino de la lucha contra la injusticia, contra la desigualdad y contra toda forma de discriminación, en cada uno de nuestros países.

Son valores irrenunciables de una visión común a nivel regional, sobre todo en América Latina porque nuestra lucha está asociada a la lucha de todos nuestros pueblos, y si bien es cierto que hay intereses diversos en cada colectivo, son las ideas las que nos permiten avanzar desde una perspectiva transformadora de la realidad.

El fortalecimiento de la soberanía de nuestras naciones, la democratización de la sociedad, la integración y cooperación regional (económica, social y cultural), la lucha contra el narcotráfico, una agenda social común, teniendo en cuenta las asimetrías y los factores multiculturales y subculturas de nuestros pueblos, su autodeterminación, la no intervención, la convivencia civilizada, el diálogo y la solidaridad son aspectos que nos encuentran en el camino de la lucha desde tiempos pretéritos.

Dicho esto, el mensaje que debería llegar a los gobernantes de izquierda es que nunca deben abandonarse esos espacios de articulación socio-política en el plano nacional e internacional. Acaso, ese sea uno de los elementos autocríticos que debemos considerar cuando buscamos razones para explicar algunas derrotas. Seguramente, si analizamos a fondo nuestro vínculo con los movimientos sociales, encontraremos respuestas a la pérdida de base social que ameritó el retorno de la derecha al Gobierno, en varios países de América Latina.

La Batalla por el Relato

Tampoco es posible abordar el debate que nos convoca sin considerar el rol que cumplen los medios de comunicación. 

El abordaje de este tema es central, porque el escenario mediático es decisivo en la generación de opinión pública.

Y en ese sentido hay que asumir la falta de una política comunicacional, o su aplicación equivocada y errática, como de errores frecuentes durante los gobiernos de izquierda en el continente. Ya sea porque desde el Estado no se utilizaron los medios públicos, para mostrar, informar y transmitir los mensajes a la población adecuadamente o porque desde los Partidos gobernantes  no se trabajó en los medios propios institucionales, para generar una comunicación de ida y vuelta con la población. 

La construcción de una sociedad de la Información que garantice la libertad de expresión y pensamiento, el derecho a informarse y la lucha por la independencia tecnológica, son elementos centrales para una política comunicacional, y vale decir que tampoco existe la asepsia cuando de formar opinión se trata.

Sin espacio para la neutralidad

Sin embargo, todos los días vemos actores que desde el ejercicio de su profesión predican la neutralidad y la objetividad de la información, cuando se reivindica el periodismo independiente, libre de ideologías y equidistante de todos los partidos políticos. 

Esta visión romántica de la comunicación contrasta con la vida real, porque vivimos en una sociedad del espectáculo, en la que se construyen en forma constante relatos que alteran drásticamente los factores emocionales sobre los que las personas sustentan sus valores, sus prejuicios, sus creencias, sus hábitos, sus patrones de comportamiento. Esa es la realidad, nos guste o no.

El espectáculo ya no es una colección de imágenes sino que es una relación social entre las personas que interactúan entre sí, mediadas en forma permanente por esas imágenes, que están asociadas al relato que se quiere imponer, para incidir en el juicio y las conductas de las personas.

Así funciona la derecha. Así operan y controlan toda la información que circula en el planeta.

Ello constituye un factor crítico en tiempos en que la manipulación de la información impera y se utilizan los medios como un poderoso mecanismo de dominación cultural. La comunicación visual, al influjo del concepto multimedia y del uso de las tecnologías de la información y comunicación, adquiere una dimensión inmensurable, en donde la persuasión es colectiva y la percepción se multiplica por miles. 

Los medios masivos de comunicación, transformados en influyentes actores políticos y formadores de opinión, descargan toda su parafernalia para incidir en la batalla cultural. 

La repetición constante de informaciones tendenciosas, de mensajes agraviantes contra todo aquel que se oponga a la información oficial, de acusaciones sin fundamento, terminan por vencer la resistencia del receptor del mensaje y así como en Uruguay, durante el último gobierno del Frente Amplio, la mayoría de los medios crearon una atmósfera que generó la percepción de una crisis económica que no existía, y manijearon a la gente con la inseguridad, como si fuera un fenómeno exclusivo de nuestro país, hoy operan abiertamente a favor de un Gobierno que desprecia a quienes no son de su casta y pretende imponer condiciones políticas, sociales y económicas en el camino de la restauración conservadora.

Es importante señalar que hay una relación intrínseca entre los medios de comunicación, los grupos económicos poderosos y el capital financiero internacional. 

Actualmente más del 90% de los medios está en poder de unos pocos conglomerados que controlan diversos canales de información, música y entretenimiento. Tienen el poder de informar lo que quieren, y también de desinformar, de incidir, de inducir, de digitar y de manipular.

Y no solo actúan en el plano de la información, sino que también se desempeñan en el mercado retail del negocio financiero, están directamente vinculados a las grandes compañías de telecomunicaciones, y a las grandes superficies de consumo de bienes y servicios, es decir, influyen diariamente en las personas, en sus percepciones, en sus decisiones, en sus opiniones, a través de múltiples vías que modifican o reafirman comportamientos, con el objetivo de ejercer un perverso control social (prejuicios, valores, creencias).

En ese contexto, las visiones neutrales son estériles. En todo caso, los medios y periodistas independientes que en aras de la neutralidad, comunican sin comprometerse o lo que es peor, hacen gala de una impronta catoniana y se arrogan una pretendida independencia para juzgar los hechos, también son funcionales al poder hegemónico. 

Y ello no implica encubrir actos de corrupción, ni proteger inmoralidades o faltas éticas, que siempre deben condenarse en cualquier circunstancia. Se trata de comprender que los sucesos políticos, económicos y sociales se interpretan en función de la visión que tengamos de la vida, de nuestros principios, de nuestros valores y nuestras creencias. Y cuando comunicamos, acumulamos en un sentido inexorablemente, por acción o por omisión.

En conclusión, hay una izquierda y una derecha que disputan el poder en todos los planos. Existen zonas de transición, espacios de aproximación que permiten la construcción de acuerdos en un sistema democrático para garantizar una convivencia pacífica, pero cada quien defiende sus ideas, y éstas reflejan intereses. Por eso no puede haber una visión única, y aquellas que pretendan exceder a la contradicción principal se tornan inocuas y por tanto, son funcionales al “statu quo”. 

Cada quien debe tener muy claro de que lado de la línea está y hacia donde acumula con sus opiniones. Nadie es neutral en la vida. Tomamos decisiones, hacemos opciones y nos jugamos por nuestras ideas, y del mismo modo cuando interpretamos la realidad lo hacemos desde nuestra perspectiva en la que incide nuestra formación, nuestra ideología y nuestros valores.

No es neutral el periodista cuando pregunta, no lo es cuando titula un acontecimientos o hecho político, y tampoco cuando informa un suceso noticioso con determinada gestualidad que busca provocar una percepción colectiva.

Los cambios en las expectativas

En esa realidad y sus diversos escenarios de disputa, la estrategia de acumulación concebida en el plano teórico requiere de análisis permanentes que permitan medir cada paso táctico en función de cambios coyunturales, para que en la práctica concreta, se pueda avanzar hacia el objetivo, 

Enfrentamos a un adversario que tiene múltiples variantes, que aplica tácticas de distracción y cortinas de humo, ejecuta campañas negras y operaciones especiales, muchas de ellas asociadas al perverso objetivo de debilitar la imagen de los movimientos sociales organizados que no responden a sus intereses, asociándolos constantemente con las organizaciones partidarias y relativizando sus reclamos.

Pero lo cierto es que la derecha también busca anclajes en la sociedad para construir correlación. Son las reglas de juego que todos aceptamos en un Estado de Derecho y con plena vigencia de las libertades públicas

Y todos sabemos que las organizaciones sociales son determinantes en esos procesos de acumulación. Por eso, los regímenes de derecha combaten sus posturas, sus reivindicaciones, sus métodos, y buscan generar organizaciones paralelas para debilitar la representatividad de Sindicatos, Coordinadoras y Organizaciones populares. 

En el caso de la izquierda y las fuerzas progresistas, es notorio que tienen un recorrido común con los movimientos sociales, pero éstos tienen sus propias dinámicas, sus tiempos y sus espacios propios de acumulación. Por sus características tienen sus reivindicaciones, muchas de ellas asociadas a legítimos intereses corporativos, que es necesario incorporar en la lucha política.

Por eso, desde los Partidos de izquierda y progresistas no debemos concebir los marcos de acumulación exclusivamente ceñidos a las definiciones que surgen de nuestros programas, que tienen un fuerte contenido ideológico. 

Es necesario diferenciar la estrategia política de acumulación, de la estrategia electoral y por tanto, administrar los tiempos adecuadamente. 

Y más allá de nuestra lucha clara desde la izquierda por el poder frente a la derecha, en las sociedades actuales nada es blanco o negro. Debemos reconocer que, en un sistema de partidos existen zonas de matices en las que coexisten intereses diversos, formaciones intermedias y perfiles políticos que, encuentran su expresión en mujeres y hombres independientes y pequeños movimientos que hacen todo más complejo, pero que en última instancia siempre definen en uno u otro sentido. 

Será una tarea posterior, trabajar en una reflexión común sobre temas de carácter nacional, superadora de las reivindicaciones corporativas. 

En consecuencia, la disputa es en todos los planos y a través de todos los canales posibles. Los escenarios son variables y están sujetos a los vaivenes de la coyuntura, por tanto los procesos de acumulación tendrán que tener diferentes velocidades, en función de las condiciones subjetivas y objetivas de cada etapa, teniendo en cuenta que la democracia es un régimen inestable y conlleva en sí misma, las particularidades cambiantes en las expectativas de la gente.  

Cuando esas expectativas no son colmadas, la derecha utiliza la movilización social alentando la formación de grupos de naturaleza discriminatoria, homofóbica, violenta y sectaria de diversa índole para canalizar los descontentos de la sociedad, promoviendo su enfrentamiento con las estructuras organizadas y representativas de intereses colectivos, los que en última instancia y en una sociedad estratificada por clases sociales significan una amenaza para su proyecto político.