En otro orden, se establece la obligación del Estado de implementar acciones que favorezcan la “integración sociocultural de las personas migrantes en el territorio nacional y su participación en las decisiones de la vida pública”. El criterio adoptado es decididamente jurídico (“territorio nacional” y “vida pública”), aunque el objetivo sea social (“la integración sociocultural”); lo que debe hacerse en el “respeto de la identidad cultural de las personas migrantes y de sus familiares” (artículos 13 y 14).

Uruguay es Estado parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y de su Protocolo de 1967. También ha ratificado los instrumentos universales más relevantes sobre derechos humanos. El marco legal interno que trata sobre refugiados está establecido por la Ley de Refugiados N° 18.076, adoptada en 2006.

De acuerdo con el Informe elaborado por el Consejo Consultivo Asesor de Migraciones, podemos afirmar que, Uruguay es un estado con una fuerte tradición respecto a la educación universal, laica y gratuita. Durante la administración progresista, se implementaron programas que permiten una rápida inclusión en el sistema educativo de las personas migrantes, además la ratificación de la Apostilla de La Haya ha aliviando una serie de trámites para las personas migrantes. No obstante, se han constatado algunos problemas1.

Por otra parte, es importante señalar que la Ley de educación, la 18437, fue redactada en una lógica de Derechos Humanos, ya su articulo 1 establece:

De la educación como derecho humano fundamental.- 

Declárese de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental.

El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa.

Cuando habla de habitantes no hace diferencias entre nacionales y extranjeros, legales o ilegales.

El Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social.

Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades.”

La Educación Secundaria.

La educación secundaria ha estado atenta a este mandato legal. Ha atendido tanto la situación de los inmigrantes2, procurando agilizar los trámites para su incorporación inmediata al sistema educativo, como para los emigrantes, estos últimos son asistidos a través del programa Uruguay@s por el Mundo  del Consejo de Educación Secundaria (CES) que surgió a mediados del año 2010 con el objetivo de posibilitar la finalización de la enseñanza media a aquellas personas que residen en el exterior; , cuya implementación con carácter experimental se aprobó en la Circular Nº 2986. Dicha propuesta, está dirigida a “Los residentes en el extranjero que hayan cursado estudios secundarios en Uruguay, (y que) podrán culminarlos rindiendo exámenes vía web, en acción coordinada entre el Consejo de Educación Secundaria y el Ministerio de Relaciones Exteriores y los Consulados uruguayos.” (Circ. 2986).

En la fundamentación de la reformulación del programa, en el año, se expresaba:

La Educación como acto político permite o no la posibilidad de las personas de participar en los diferentes espacios públicos. Paralelamente, esta idea se asocia con plantearse un proyecto desde la perspectiva de los Derechos de todos los ciudadanos. El Derecho a la Educación y aquellos vinculados a este, como lo son la Participación, el Trabajo digno y la Igualdad de oportunidades, debe contemplar a los ciudadanos residentes en otros países. El Estado uruguayo ha impulsado en los últimos años programas de vinculación con los emigrantes, “como parte de un proyecto político poblacional más amplio que buscó incorporar la cuestión migratoria en la agenda estatal por medio de distintas estrategias” (Crosa, 2014, p. 20). Uruguayos por el Mundo ha sido parte de esta estrategia, Programa “considerado de vital importancia para nuestros compatriotas en el exterior” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014, p. 37).

La reformulación del programa, lo hizo más eficiente, fortaleciendo el uso de las nuevas tecnologías como instrumentos de enseñanza y de aprendizaje. El acompañamiento de tutores altamente especializado y comprometidos con el programa, brindaron un gran apoyo a todos los uruguayos en el exterior.

Con respecto a los inmigrantes, la incorporación al sistema educativo se realiza inmediatamente, , mientras tantos  se regulariza la documentación. A tales efectos, la adhesión al Convenio de la Apostilla de La Haya es uno de los más importantes avances en la gestión de documentación y representa una mejora sustancial en la Reforma del Estado y del servicio a la comunidad de uruguayos que viven tanto en el exterior, como en el país y extranjeros residentes en la República.

La iniciativa fue llevada adelante por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas, quienes oportunamente pusieron a consideración de la Asamblea General el proyecto de ley.

La aplicación del Convenio permite reducir en gran medida el costo y el tiempo de tramitación de los documentos públicos que deben ser presentados en nuestro país y/o en el país receptor miembro del Convenio.

Por otra parte, el caso de los refugiados, se autoriza la documentación de origen sin necesidad de apostillar.

Como hemos tratado de mostrar, durante los quince años de gobierno progresista, el tratamiento de los estudiantes migrantes, ha tendido a considerarse en clave de Derechos Humanos, en consonancia con el imperativo de la Ley de Educación y de la politica del Frente Amplio.