“Impusieron la multa máxima por verter residuos al agua”.

“La Intendencia de Montevideo (IMM) multará por $ 471.000 a la empresa de volquetas Atlas por verter escombros […] correspondiente a 350 unidades reajustables, es el más alto que la comuna puede cobrar […] En los últimos meses la IMM ha sancionado a más empresas que infringieron la normativa ambiental […] por lo que se esperan más multas a corto plazo. 

Incursionando en el modus operandi del estado uruguayo relacionándose con el mundo empresario, vemos este episodio apenas como un ejemplo de una política aprobada en general aunque en este caso resulte departamental.

El trámite de multas tiene relevancia institucional. No es una medida tramitada por vía reglamentaria, desde una dirección municipal, por ejemplo, sino que, para multar empresas, interviene la instancia legislativa departamental, los ediles. Estamos en pleno rango político.

Por cierto nuestro ámbito público no se limita al ejercicio de establecer multas y eventualmente cobrarlas. Afortunadamente, existen otros recursos, como imponer impuestos a empresas responsables de contaminación. Y probablemente hasta exista el recurso del cierre definitivo de un establecimiento empresarial que genere un daño mayúsculo.

La panoplia está bien, puede ser aceptable, pero lo que hay que ver es la frecuencia con que se recurre a estos distintos recursos para combatir la contaminación. 

Que las multas se “eleven” para su producción y gestión hasta el mismísimo personal de los gobiernos departamentales, hace sospechar su importancia, frecuencia y trascendencia.

Y es allí, donde podemos establecer que el mundo empresario está de parabienes. En particular, aquellas empresas que contaminan con su producción, situación que, por otra parte, es muy difícil de evitar “espontáneamente”, porque al día de hoy la industria, la inversión y la rentabilidad se mueven, se dinamizan en demasiadas  oportunidades mediante productos contaminantes o directamente tóxicos.

Esto significa que la mayor parte de la producción debe cuidarse para evitar envenenar, intoxicar, contaminar, es todo lo mismo.

Por su parte, el mundo empresario, que cuida primordialmente su rentabilidad, la rentabilidad de sus inversores, eligiendo esa opción, lo que le queda por hacer es el cálculo de costos: ¿qué es más costoso, pagar la multa por contaminar o establecer, crear, acondicionar los elementos que le permitirían a la empresa hacer una producción, o un servicio, sin contaminación?

El primer término de esta ecuación, como se ve, es sencillo: conocer los montos de la multa o multas que una empresa dada se vería obligada a pagar por incurrir en contaminación.

El segundo, es un poco más complejo. Porque la empresa tiene que conocer y observar los diversos factores en juego para contaminar; el aire, el agua, el suelo,  con qué agentes contaminantes y en qué magnitudes. 

Todo ese tejido de factores hace complejo el asunto de no contaminar. Pero es lo sano. Lo que permite vivir en sociedad y sin envenenarnos ni envenenar a otros. Esto último es realmente importante. Porque con cada contaminación se repiten los mismos destinatarios;  si una empresa contamina no son los empresarios quienes se dañan sino los que trabajan en planta. Y si la cadena de contaminación alcanza a los productos que esa empresa genera, otra vez no son los dueños los destinatarios de esa producción, sino otros, los clientes.

Estas dos reglas de destino tiene, por cierto, excepciones, pero son muy pocas; en un pequeño taller donde se contamina el personal de planta, incluido el propietario, por ejemplo.

Una vez que la empresa ha hecho estos cálculos de costos, comparativos, si evalúa que las modificaciones procesales y productivas para alcanzar una producción limpia resultan más caras que las multas que el estado uruguayo aplica, pues ¡albricias!, ¡a contaminar! Que resulta mucho más barato.

En otros países en que todavía existe el mecanismo de multa, que ya no sabemos si se usa como correctivo o como forma de ingreso suplementario a las arcas públicas, hay una expresión muy usual ¡comprar la libertad de contaminar!, comprarse la libertad de contaminar.

Así que, multas mediante, la fiesta empresaria puede continuar.

La empresa contaminante, agradecida.

El estado multador, a su modo, también.

En el aspecto del cuidado de la salud ambiental, hacemos como si. Con todas las fintas necesarias. Con todos los informes, con todos los dictámenes.

Tal vez no estén tan agradecidos, los humanos que contraigan enfermedades por ese mismo motivo, ni las plantitas afectadas, ni los insectos o mamíferos con su salud deteriorada, ni los administradores del agua potable que cada vez se ven en mayores dificultades para cumplir su tarea a conciencia y con buenos resultados, ni los docentes que perciban crecientes dificultad de comprensión por ejemplo que pueda estar vinculada con diversos contaminantes, que como el plomo, por ejemplo, afectan nuestra capacidad intelectual.

En fin, el daño puede ser múltiple y difuminado en muchas víctimas a menudo indeterminables. El beneficio en cambio, con una política de pagar multas para seguir contaminando, favorece con precisión a un puñado de afortunados.

Y ya sabemos qué es lo que importa. No lo mucho e indeterminado. Sino lo preciso y acotado.

Así que larga… no digamos vida, que es muy chocante, ¡larga suerte a los suertudos de siempre!