Pero también es en ese terreno que se encuentran la demagogia, la mentira y la manipulación. Los anuncios del gobierno sobre las políticas de asentamientos realizados hace algunas semanas serían ejemplos de estas últimas categorías.
Mucho tiempo antes, ya en la campaña electoral, el candidato Luis Lacalle Pou hablaba de “asentamiento cero”, una frase efectiva por cierto, pero sin mucho contenido ni propuesta detrás. Luego llegó al gobierno y se hizo más que evidente lo superficial de tal afirmación. La paralización de toda acción que se venía desarrollando, los recortes y el vacío presupuestal no parecían ser una vía muy efectiva para lograr ese objetivo. Dos años tuvieron que pasar para que en la Rendición de Cuentas de 2021 se aprobara la creación del fideicomiso de 240 millones de dólares con el que se va a financiar el Programa Avanzar para la regularización de asentamientos anunciado hace algunas semanas.
Al fin se han puesto en movimiento, y el anuncio, presentado como histórico y singular por la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, no deja de ser un aporte importante, que sin embargo está muy lejos de las expectativas creadas y sobre todo de las necesidades en materia de acción del Estado para cumplir con los objetivos planteados. Eso tiene razones, por un lado, muy concretas y específicas, y por otro, más generales y conceptuales.
En las primeras podemos encontrar cómo el programa busca intervenir en 120 barrios de todo el país. Los recursos disponibles y los lugares donde se anuncian intervenciones parecen más que insuficientes para que esa proyección sea realista. Tampoco en la cantidad parece un anuncio histórico, como se señala. Recordemos sólo que en el período pasado, la Intendencia de Montevideo realizó intervenciones vinculadas con realojos y mejoras en 95 barrios de nuestra ciudad. Otro elemento que nos puede dar una perspectiva de la dimensión del impacto de las propuestas es recordar que en nuestro país actualmente existen poco más de 600 asentamientos con estas características. Pensar que estas 120 intervenciones previstas, con recursos insuficientes, que comprometen fuentes de financiamiento por varios años, pueda ser la forma de llegar al objetivo de asentamiento cero en los próximos diez años, es por lo menos una ilusión.
Por otro lado están las cuestiones más conceptuales. Es ahí donde quizá estemos refiriéndonos a los mismos temas pero desde perspectivas bien diferentes. La ocupación irregular es una de las formas de acceso al suelo y a la vivienda cuyo origen tiene en general múltiples causas. Los primeros estudios sobre el tema a nivel nacional que se hicieron desde el Estado fueron en la presidencia de Tabaré Vázquez en 2006, en los que ya se mostraban diferentes realidades tanto en el origen como en las condiciones y características de vida de quienes habitaban los asentamientos en nuestro país. En esos estudios y en los posteriores realizados en las siguientes administraciones, quedaba clara la relación entre los ciclos económicos, la migración interna, la dinámica poblacional, el comportamiento del sector inmobiliario y muchos otros factores que contribuían a la creación y el mantenimiento de los asentamientos.
Desde esa perspectiva se entendía que la actuación pública en la materia debía ser integral, abarcando diferentes áreas: vivienda, empleo, salud, educación, conectividad. En definitiva, el resultado de construir y combinar políticas que generen oportunidades de integración e inclusión para las personas y los entornos donde viven. En los informes publicados se recoge que la actuación pública en esos años ha buscado una articulación con las acciones de otros organismos, combinando obras de infraestructura y soluciones habitacionales con acceso a atención de salud, a capacitación y a apoyo para la inserción laboral. Se hace necesario discontinuar el periplo que determina que en los viejos y nuevos asentamientos ocurra una circulación de población entre los asentamientos, seguramente más intensa que la movilidad desde las áreas formales hacia estos. A su vez, esto recibe la presión de una mayor tasa de natalidad característica de los hogares más pobres. Hay que comprender y asumir la influencia de todos estos fenómenos para romper la secuencia y la espiral; abordar la necesidad de suelo y vivienda de costo accesible en el mercado formal, pero también la gestión del suelo público, y evitar la especulación de áreas vacantes y sin uso.
Por supuesto que estos enfoques, además de las dificultades propias de generar respuestas interinstitucionales, también requieren más recursos financieros y esfuerzo para su concreción y mantenimiento en el tiempo. Queda claro que hacer casas no es tener una política de vivienda ni una forma de resolver la vulneración de derechos que significa vivir en un asentamiento.
Es quizás esta diferencia fundamental la que explica las diferencias en la apreciación de los montos disponibles, las soluciones propuestas y la valoración de las frases más o menos efectistas que se puedan decir sobre el tema.
En el medio de todas estas diferencias se encuentran las personas. Las expectativas e ilusiones de quienes están en esa situación y que ante los anuncios renuevan la esperanza de vivir un poco mejor. Ellos sueñan con que un día el camino a casa los llevará a un hogar donde puedan desarrollar plenamente sus vidas y las de sus hijos. Es necesario hacer un esfuerzo por que se entienda el alcance y el desarrollo de las propuestas planteadas para no generar falsas expectativas. Por el contrario, que sean actores conscientes y activos para lograr verdaderas soluciones integrales que permitan una vida digna para todos y todas en nuestra sociedad.
