Un ejercicio que se entiende sano realizar será entonces interpelar la política local llevada a cabo, al menos en los últimos años, para poder relevar con criterio las acciones que tienden a mostrar sus efectos y aquellas que por inexistentes o mal ejecutadas han contribuido en la profundización de las desigualdades. ¿La política pública llevada adelante ha impactado realmente en la disminución de la dicotomía entre derecho y acceso? ¿Cuáles son los indicadores que monitorean esta situación? ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo? y por consiguiente ¿Cuáles serán las dimensiones de este trabajo? ¿Existen las herramientas suficientes para efectuar evaluación y monitoreo? En suma, ¿puede hoy la institucionalidad pública ejecutar modelos que garanticen derechos de acceso libre y sin exclusiones?

El diálogo social también implica una retroalimentación constante para viabilizar el accionar institucional. Lamentablemente esta práctica, en nuestra concepción, es tan poco efervescente como insuficiente, y a ciertos niveles de gobierno, tristemente inexistente.  Esta práctica que bien debería ser instrumental básica, lamentablemente no acciona ni reacciona con agilidad ante a la particularidad, tiende a no atender a la territorialidad y tampoco dialoga con las idiosincrasias de los diferentes colectivos y su ineludible jerarquización de las necesidades. Es decir, muchas veces la macro política es ausente y en otras circunstancias la política local se diseña con vacíos propios de la falta de articulación y retroalimentación.    

Ante ello, surge como necesidad desde el accionar social fundar caminos claros que nos convocan por necesidad colectiva, por responsabilidad ciudadana y que entendemos sustancial poder contribuir a su concreción. Los análisis críticos no serán nunca herramientas sociales para el cambio cuando no se acompañen con propuestas, claro está este no es el caso. En primer lugar siempre es conveniente construir disparadores para la acción, y en segundo lugar son necesarias coordinaciones que permitan la complementariedad institucional que maximice el impacto de los recursos destinados. Estos procesos serán fundamentales para atender a cuestiones de cómo serán diseñados los modelos de seguimiento y evaluación, y poder concluir sobre la interrogante vertebral de sí ¿nuestro know-how logra interpretarnos fidedignamente la situación? Los disparadores para la acción son aquellos mecanismos debidamente planificados, de forma estratégica y de la mano de la persecución de objetivos delineados. Serán creados a partir de condiciones predeterminadas para la generación de acciones deseadas, una mecanicidad planificada y medible.

Es así que una vez más inferimos en la imperiosa necesidad de atender a los documentos internacionales que expresan los objetivos de desarrollo sostenible, así como los pasos, mecanismos y destinación de recursos. Estos son de cabecera y fundamentales para los agentes y actores estatales y en todos los diferentes niveles de Gobierno. Si el leitmotiv es verdaderamente el desarrollo integral, sostenido, sustentable y sostenible de las comunidades y sus territorios, la agenda gubernamental lo incluirá. El conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son imprescindibles para llevar a cabo este proceso deben tener el respaldo que imprime el monitoreo técnico externo y la participación ciudadana. Todo esto resume una voluntad política que deberá desprenderse de aquellas manifestaciones y expresiones filosóficas de buenos deseos, o incluso de proyectos que tienden a sobrevolar con poca especificidad. La clave estará en la transferencia a un modelo de transparencia y de participación ciudadana para poder empezar a concretar herramientas para el cumplimiento al acceso universal.  Los DDHH, su respeto legal y constitucional, las acciones y políticas que sean  diseñadas para su atención y cumplimiento debido serán pilares fundamentales para sustentar los nuevos procesos que imprimen a los Estados democráticos modernos. 

En esta estructura general queremos situarnos para poder avanzar en un planteamiento que inexcusablemente como sociedad debemos afrontar y que son las dimensiones modernas del concepto sanitario y social de agua y saneamiento. Este contexto mundial social y sanitario principalmente, pero también, económico y político, plantea el análisis multidimensional de este tema.

El concepto agua-saneamiento adquiere así nuevos niveles y una óptica de abordaje integral-moderna en función a una variedad de aspectos garantistas de otros derechos.  Podemos abordar primariamente su implicancia directa con el derecho a la vida plena y segura, su estrecha relación para con las comunidades más pequeñas y el interior profundo, y el concepto de ciudadanía plena de todas estas personas. También con la micro producción y su economía propia y distinta, el empleo, el autoempleo y/o el emprendedurismo artesanal.

La pospandemia nos tendrá que servir para dimensionar socialmente muchas cosas, y entre eso mecanismos dinamizadores. Las definiciones son necesarias porque constituyen y dan marcos generales para actuar.  El acceso al agua, claramente es un derecho capital por demás sustancial y estratégico. Un derecho reconocido y con amparo legal, que a su vez categorizamos como indispensable, imprescindible e irremplazable. Este derecho, desde una óptica de su transversalidad condiciona el nivel de plenitud con el que se puedan desarrollar otros, por ejemplo el derecho a la alimentación saludable y segura, a la salud integral, al desarrollo sostenible del medio ambiente con seguridad y equilibrio.

Sin la seguridad social, económica y política del estricto cumplimiento de este derecho humano fundamental es imposible dimensionar y garantizar política pública segura, integral y moderna que aborde definitiva e integralmente campos como la bioseguridad y la sanidad ciudadana. Política pública en diferentes escenarios y dimensiones de gobierno en concordancia con los objetivos y líneas de acción expresadas en las agendas de instituciones y  organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud OMS, la Organización Internacional del Trabajo OIT, la Organización de Naciones Unidas ONU y su Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF son más que necesarias.  El llamamiento a la acción es entonces, el refuerzo de las alianzas interinstitucionales colaborativas y complementarias que permitan establecer una hoja de ruta donde se establezcan compromisos concretos y objetivos medibles. Instrumentos que nos impulsen a acciones concretas, interconectadas y planificadas para ser abordadas multidisciplinariamente cada uno desde su especificidad y rol social. Saneamientos seguros, desarrollo medioambiental sostenible y servicio de agua potable de calidad, constante, continúo y asequible.

Esto a nuestro humilde entender, configura una decisión política impostergable en favor de la disminución progresiva de las asimetrías sociales y de poder. Asimismo, estos mecanismos deben situar el conocimiento técnico especializado en el centro de las decisiones para la implementación de  soluciones efectivas, porque, claro está, el desarrollo no puede estar supeditado al posicionamiento ideológico circunstancial.

Todos somos parte del problema y por consiguiente todos conformamos las posibles soluciones, debemos socialmente implicarnos en ello. El Estado a través de sus administraciones institucionales, la Universidad, el sector técnico y tecnológico, las organizaciones y asociaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto a través de las formas más legítimas de participación; juntos todos deben articular respuestas ante estas cuestiones esenciales.