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Si bien la elaboración de una política de Estado requerirá de negociación y acuerdos entre los distintos actores del sistema político, esta sería una excelente oportunidad para incluir en el debate a otros representantes de la sociedad civil. Tal como sucediera en el año 2006 en el Debate Nacional Sobre Defensa, cuyo proceso de reflexión significó un insumo para la discusión de la Ley Marco de Defensa Nacional (Ley N° 18.650 del 19 de febrero de 2010).
Desde que las huestes medievales dieron paso en el siglo XIX a los ejércitos profesionalizados, las FFAA modernas se han caracterizado por detentar el monopolio legítimo de la violencia en la sociedad. Este concepto introducido por Max Weber caracterizó al Estado moderno por reservarse para sí, mediante el derecho, la utilización legítima de la fuerza física. Por la complejidad de su función, los militares se han diferenciado del resto de la burocracia generando mayores niveles de autonomía que han dificultado las relaciones civiles-militares.
En su obra de 1957 El Soldado y El Estado, Samuel Huntington afirma que la profesionalización del oficial conlleva el acatamiento del poder civil asegurando con ello su neutralidad política. Así, según el autor, el control civil objetivo supone la minimización de la intervención militar en política y de la intervención política en lo militar. Sin embargo, el hecho que en Uruguay, constitucionalmente, los militares estén limitados a pronunciarse de manera pública sobre sus preferencias políticas, no los hace neutrales ni asegura que estas preferencias no incidan en su actuación.
¿Es posible un profesional cuyos actos estén exentos de ideología? Los hechos históricos parecerían demostrar lo contrario.
En Latinoamérica las FFAA han tenido un papel político central, definido en gran medida a partir de la Doctrina de la Seguridad Nacional cuyo componente ideológico es indiscutible. En este sentido, la autonomía militar no sólo ha dificultado el control civil de la institución, sino que le ha otorgado mayor poder a la oficialidad.
En la década de los 90, una vez finalizada la Guerra Fría, en Estados Unidos se debatió sobre las relaciones civiles-militares y el control de las FFAA. La noción sobre control civil objetivo establecida década atrás por Huntington fue cuestionada por el historiador militar Richard H. Kohn, entre otros.
Kohn entendía que el peso relativo o la influencia que los militares ejercían en las decisiones de Gobierno, relacionadas no sólo a la política de defensa sino a la exterior, económica y social, eran el verdadero problema al que se enfrentaba el control civil.
En Uruguay este tema ha despertado poco interés en la ciudadanía y gran parte de sus representantes, a pesar que, tanto en los gobiernos de facto como en los períodos democráticos, la corporación castrense ha incidido en los asuntos políticos. Gobernar democráticamente el Estado requiere de organizaciones militares y policiales sometidas al control civil, que permitan la limitación de su autonomía y con ello el poder coercitivo que les otorga el manejo de las armas.
La cuestión entonces se centra en ¿qué tipo de fuerzas armadas queremos? y ¿cómo debería ser la relación con el sistema político? En definitiva, la ciudadanía delega los medios de violencia en una institución de la que poco conoce. La defensa debe dejar de ser un asunto exclusivo de los militares.
En última instancia, los soldados no dejan de ser funcionarios públicos, por tanto, al igual que cualquier miembro de la burocracia ¿no deberían dar explicaciones a los representantes de la ciudadanía sobre sus acciones?
Por Lorena Infante
Lic. en Ciencia Política
