Este martes, luego de la reunión de la bancada de diputados y senadores del Frente Amplio (FA), se presentó un paquete de medidas a impulsar por la fuerza política, para afrontar la crisis generada por pandemia y en pos de reactivar la economía.

En primera instancia, el FA propone impulsar un ingreso básico de emergencia, el cual consta en otorgar a los hogares más afectados un subsidio para que el ingreso mensual sea equivalente a un salario mínimo líquido durante cuatro meses (entre marzo y julio).

Luego, se prevé impulsar iniciativas que apunten a la suspensión de los lanzamientos y desalojos de inquilinos por 120 días y difieran el pago de intereses de las cuotas hipotecarias por el mismo lapso de tiempo.

La coalición de izquierda propone, además, un subsidio de alquiler para trabajadores en seguro de paro y para los hogares que reciben el ingreso básico de emergencia. Se plantea la suspensión de los cortes de servicios y el diferimiento de cuotas a pagar, sin intereses.

Por otra parte, en cuanto al seguro de desempleo se promueve aumentar el mínimo a medio salario mínimo nacional. En el documento del FA también se remarca la idea de flexibilizar el plazo para que se pueda acceder a un nuevo seguro de paro antes de los 12 meses y, eliminar para el seguro por causal de despido la reducción de la tasa de reemplazo, manteniéndola en 66% durante el período. 

"Proponemos diferir vencimientos de DGI y BPS a estas empresas. Dicho diferimiento será por 60 días, renovable por otros 60 días. Luego se pagarán en cuotas a definir de acuerdo a la realidad de cada sector, sin incluir moras ni intereses por dicho diferimiento", señala el documento. Cabe destacar que también se hace foco en el sector turístico, donde se propone un fondo especial para apoyar a las mipymes del rubro.

Por último, la fuerza política promueve un adelanto a la inversión pública y el apoyo a la inversión privada en infraestructura y vivienda. De esta manera, se pretende aumentar la inversión prevista en 2021 y que pase de 400 millones a 1.000 millones de dólares.

En el texto, se plantea poner en marcha el inicio de obras “bajo la modalidad de Participación Público-Privada y los 19 planes de caminería departamental (reduciendo exigencias de contraparte), así como las inversiones de gobiernos departamentales a través del llamado Programa PDGS (Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional”).

Según los valores presentados por el Frente Amplio, el costo total de las medidas representa un equivalente al 2% del PBI. "El costo adicional del Ingreso Básico de Emergencia rondaría 0,5% del Producto Interno Bruto. Los costos asociados al apoyo a pequeñas empresas y vinculados a la permanencia en la vivienda representan un 0,5% del PBI. Los costos de elevar las inversiones públicas en vivienda e infraestructura a 1.000 millones de dólares, adelantando inversiones futuras representa 1% del PBI", concluye el documento.