¿Cómo evitar que el sistema educativo sea un instrumento de legitimación de las desigualdades de origen?

Columnas 04 de agosto de 2020 Por Jorge Barrera
Esta segunda parte del trabajo se refiere a la construcción y la gestión  de la política educativa en el Uruguay, y al esfuerzo por lograr la  universalización del Ciclo Básico de Educación Media, hasta la década del 90. 
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¿Cómo evitar que el sistema educativo, sea simplemente, un instrumento de legitimación de las desigualdades de origen? - Por Jorge Barrera

Contexto nacional. Los inicios.

La educación uruguaya fue concebida a partir del concepto, compartido socialmente, de que , “La escuela pública representaba los valores y los saberes universales”, como tal era reconocida y  respetada. En 1854 se conoce el  “Informe Palomeque”, primera mirada  diagnóstica de la situación de nuestro sistema educativo. Este trabajo realizaba una serie de recomendaciones, en vísperas de la modernización del país, que  no pudieron llevarse a cabo, argumentándose  falta de presupuesto,  carencia de  maestros preparados e insuficiencia de textos. No obstante, esta investigación, fue uno de los soportes teóricos de la Reforma  “vareliana”, que incorpora por primera vez, los principios  de la escuela laica, gratuita y obligatoria referída a la Primaria. Estos principios, declarados para  primaria, no estaban pensados para la secundaria que hasta el año 1935, formaba parte de la Universidad de la República. Efectivamente, el 11 de diciembre de 1935, en plena dictadura de Terra, se creó por ley el Consejo de Educación Secundaria. Como  consecuencia de su origen universitario, este subsistema, nace con un propósito propedéutico. Tenía como finalidad  preparar a las futuras generaciones de jóvenes de clase media, para ingresar a la burocracia o a la universidad, es decir, para formar funcionarios que ocuparían  cargos medios y preparar a la clase dirigente para el ingreso a los estudios superiores.

El estancamiento económico del País, posterior a las guerras, conjuntamente con la ideología desarrollista imperante en  América, en la década del sesenta, entre otras razones, tuvo como consecuencia que académicos y políticos se reunieran  para tratar de comprender al País. El desarrollismo en Uruguay,  constituye un mojón significativo para comprender la política educativa de las décadas siguientes. En ese contexto, se crea la  CIDE, Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que funcionó entre 1960 y 1967, presidida por el Cr. Enrique Iglesias. En la referida comisión trabajaron más de 300 personas de distintas tendencias políticas; uruguayos e invitados de otros países. Su principal tarea fue realizar un diagnostico socio económico, con una metodología científica,  por primera vez, en el  país,.  Los  estudios publicados por  esta comisión, crearon las condiciones para comenzar a pensar en  la obligatoriedad del primer ciclo de Educación Media.

Desde la perspectiva legal, la obligatoriedad de la Educación Media, se expresó, a partir de la constitución del 67, reglamentada por  la ley 14101 del 71 con el  consenso de políticos y académicos. En el año 1973, se instaura  una  dictadura militar en Uruguay que  consideró toda manifestación cultural o educativa  sospechosa. Esa situación  demoró, en los hechos los avances.  Los intelectuales fueron proscritos o perseguidos, algunos  asesinados o desaparecidos;  limitándose a la mínina expresión la producción de conocimiento sobre el sistema educativo. Sin embargo, en los años finales de la dictadura  se creó la licenciatura de Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República y  se habilita la Universidad Católica del Uruguay, primera Universidad privada del País. En esta última se incorporan un conjunto de intelectuales graduados en el exterior, creándose el departamento de educación, que comienza a producir conocimiento válido sobre la realidad educativa del Uruguay.

Con la vuelta a la democracia,la concertación nacional programática se convierte enun ámbito fermental, procurando recuperar todo lo perdido en materia de educación. Así mismo, el país, como otros de la región, recibe el aporte de la Cepal, que construye conocimiento para tratar de entender la mejor forma de aplicar las políticas educativas, que posibiliten  la educación de los jóvenes. Al mismo tiempo, crecieron significativamente las demandas, las políticas propiciaron la incorporación de nuevos contingentes de jóvenes, que antes no accedían a secundaria. Esto ocurrió a partir de la década de los ochenta, se produjo entonces, un aumento explosivo de la matrícula; fenómeno que se ha dado en llamar “masificación de la Educación Secundaria” o, mejor aún, “la democratización del acceso”

Los jóvenes que comenzaron a concurrir a nuestros liceos no eran ya,  los típicos hijos de la clase media que,  hasta mediado del siglo pasado,  encontraban en el liceo la oportunidad de mantener el statu quo. Esto produjo, lo que se ha dado en llamar, la paradoja de la democratización, se logra llegar a más adolescentes con educación media, pero, no se dan las condiciones materiales y culturales para incorporar, con éxito, a generaciones de estudiantes pioneros en sus familias. Por otra parte, los docentes no se sienten preparados para los  nuevos desafíos. Aparece un nuevo problema, ¿cómo evitar que el sistema educativo, sea simplemente, un instrumento de legitimación de las desigualdades de origen? La reforma de los 90, encuentra una masa crítica de políticos, actores sociales, docentes e  investigadores que realizan un esfuerzo por cambiar esa realidad.

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