A esta altura de los acontecimientos, hasta el uruguayo más crédulo no puede ignorar -por la notoriedad y gravedad que tienen los hechos- que un día si y otro también, trascienden a la opinión pública a través de nueva información, que va in crescendo en grado e implicancias, poniendo de manifiesto que desde el mismísimo seno del órgano Presidencia de la República, con total impunidad operaba u opera una banda delictiva que practicaba o practica actos de corrupción de la más diversa índole.
Columnas02/12/2022 Ismael Blanco
En la red de delincuentes y canallas de la banda de Torre Ejecutiva y aledaños, no es menor la calidad de funcionarios públicos que revisten sus integrantes, de alto rango, algunos son cargos de confianza y otros diplomáticos, conformando una asociación para delinquir de la más baja calaña, liderada por un reo como Alejandro Astesiano, la persona de máxima confianza del Presidente de la República, investido con altísimas atribuciones otorgadas por Decreto del Poder Ejecutivo, quien desarrolló por años un accionar delictivo y contumaz por el que fue formalizado, haciendo difícil de encontrarle un calificativo a tanto proceder delictivo y desborde institucional.
Estos hechos a esta altura evidencian profusas implicancias del “llamado uno” que debilitan cualquier estratagema que pretenda blindar a Lacalle Pou; dicho esto, en primer lugar debe rechazarse liminarmente que el jefe de la banda sea Alejandro Astesiano, y las declaraciones queridas y buscadas por la fiscal del caso Dra. Fosatti lo confirman, a través de indicios, en especial cuando refiere a la condición que Presidencia le impone para entregarle el teléfono del jefe de custodia del presidente.
Manifiestamente es este un acto de injerencia y de abuso de poder que “recorta” convenientemente la prueba, al “imponer” un límite en su accionar a quien tiene el rol de ser titular en la investigación de crímenes y delitos penales y de representar los intereses de la ciudadanía, cercenando de esta forma su esclarecimiento.
Se pretende por parte del Presidente de la República y su entorno, que nada de las conversaciones mantenidas entre Astesiano y Lacalle Pou debe ser indagado por fiscalía. Sólo este hecho representa un quiebre de los más sagrados principios constitucionales y constituye una afrenta a la institucionalidad democrática.
Existe el deber legal de brindar información, de contribuir en el esclarecimiento de hechos delictivos con el fin de transparentar el accionar de los funcionarios públicos, consagrado por la Ley 18.381 el cual alcanza a todo funcionario y organismo público, sea estatal o no y por ende alcanza también al Sr. Presidente Lacalle Pou, quien por esta razón está obligado, como cualquier funcionario publico a proporcionar elementos de prueba a la fiscal sin imponer condición alguna ya que esto no es otra cosa que interferir en el libre accionar de de un operador de la justicia.
Pero además de ser un deber institucional y legal aportar información, y las pruebas que obren en su poder para no apartarse de la Ley, la entrega del celular es lo esperable en razón de su investidura y el vínculo que lo une al investigado, para transparentar su propio proceder y probar su desvinculación con los gravísimos hechos que están siendo indagados y que acontecieron a metros de su despacho, en la Torre Ejecutiva, los que no pudo razonablemente desconocer.
Si algo queda inequívocamente claro, es que Astesiano no actuaba por su cuenta, que tenía un mandante y la ciudadanía tiene derecho a saber: ¿Quién era el mandante en su sucio accionar?; ¿A quién encubre?; ¿Porqué razón estaba dispuesto a asumir la responsabilidad penal de los hechos si la indagatoria se “cortaba” o se “corta” en él?; ¿A quién quiere proteger o encubrir?; ¿Qué poderosas razones lo llevaron a querer que no se supiera por orden de quien o de quienes actuaba?
Por otra parte, y siguiendo esta línea de razonamiento, también nos preguntamos: ¿Qué motivos tiene el Presidente de la República para pedir a la fiscal que investiga la causa –según las propias declaraciones de la Dra. Fossati-, que no se conocieran los whatsapp que mantuvo Lacalle Pou con Astesiano, a lo cual la fiscal accedió y ahora desde el Poder Ejecutivo con descaro desmienten a la misma de esa impropia condición?. En este contexto, ¿Qué significado podemos atribuir a los propios dichos del Presidente en una suerte de amenaza a la fiscal: “Si empezó, que siga y lo termine” por el desempeño de la fiscal Fosatti en la causa?
Todas estas interrogantes siguen sin respuesta, y en tanto la institucionalidad se desmorona.
Entre los delitos que se investigan a esta red, tenemos: falsificación de identidad; falsificación y adulteración de documentos públicos; tráfico de influencias; extorsión; cohecho; espionaje y se puede conjeturar por los indicios del correlato de la investigación, -como el fruto que cae cerca del árbol-, delitos conexos o precedentes con el narcotráfico.
A día de hoy y conforme a las pruebas que van emergiendo es de esperarse la configuración de más delitos; todos ellos con penas de penitenciaría, los que sin hesitación dan sólidos argumentos para afirmar que nunca antes en la historia del Estado uruguayo se llegó a esta perversión delictiva que partiera desde el órgano Presidencia de la República.
Lo que está pasando en el seno del gobierno uruguayo nos supera en nuestra imaginación y se da de bruces contra nuestra formación republicana ya que estamos ante una trama ruin y despreciable, propia de canallas, delincuentes y traidores.
El presidente de la República, Lacalle Pou, es el jerarca máximo del órgano Presidencia, donde a esta altura de los acontecimientos existen elementos que no le permiten quedar ajeno a los delitos que se le imputan a su “mano derecha”, una persona de su extrema confianza.
Los indicios que dan lugar a las implicancias son múltiples: los ciudadanos nos preguntamos: ¿Qué contenía realmente la caja de “pescado congelado” de la que habla Astesiano en sus wathsapp remitida de Emiratos Árabes que venía a su nombre y con domicilio del Presidente?, pero además, ¿Cómo pudo ser contratada una empresa extranjera para realizar una pesquisa secreta tipificada en por el código Penal como delito contra la Libertad Individual de las personas, y hacerlo con el fin de extorsionarlos para que desistieran de la denuncia penal presentada por la entrega del puerto a la empresa Katoen Natié, como surge del contenido de los whatsapp que tomaron estado público?; ¿Por orden de quien se la contrató? ¿de donde salió el dinero para pagar esos servicios ilegales? ¿que interés o beneficio se buscaba para impedir por este medio que dos senadores de la república investiguen conforme a la Ley la sospechosa venta del Puerto que se realizó en forma flash por el gobierno, con al menos diversas “irregularidades administrativas” y penales indagadas, a espaldas de todos los uruguayos?
Estamos ante una crisis institucional sin precedentes donde todo se relaciona con la figura máxima del Poder Ejecutivo.
Esto es gravísimo en sí mismo y más aún si dos senadores a los que se le encomienda a Astesiano “fichar” son los más visibles en la denuncia del negociado del puerto a favor de Katoen Natie: Charles Carrera y Mario Bergara.
A la luz de los nuevos hechos existen cada día más elementos para reabrir la investigación penal sobre la denuncia acerca de los hechos que vinculan a la venta (entrega) del Puerto, presentada por los Senadores precitados que hace unas horas se anuncia como archivada y antes de salir a luz la pesquisa secreta con fines de extorsión y chantaje que se llevó a cabo.
En cuanto a la trama “Astesiano”, el presidente Lacalle Pou deberá necesariamente ser convocado a los estrados para el esclarecimiento de tan graves hechos y sin contrafuerte alguno. La fiscal si quería que la sacaran del caso es de presumir que fue porque le “quemaba” y aceptó condiciones que venían de las más altas esferas desde las que hoy se la desmiente.
La condición que le fue impuesta a la fiscal por Presidencia, por sí sola enerva el concepto de “eventuales” delitos para entrar en la esfera de las convicciones acerca de la comisión de los delitos enumerados. La torcida pretensión de ocultar los chats entre Astesiano y Lacalle Pou, aceptada y posteriormente justificada por la fiscal, configuran un atentado a la institucionalidad y a la luz de las nuevas pruebas la pretensión de a encubrir eventuales delitos, desprestigiando así a la Justicia de la Patria.
Este hecho requiere una intervención del Fiscal General, Dr. Juan Gómez sobre las actuaciones de la fiscal Dra. Fosatti. La ciudadanía merece una explicación y los operadores jurídicos de máxima responsabilidad están obligados a hacerla. La institucionalidad está en peligro y el principio de Igualdad se hunde en un vacío séptico.
Habrá que salvar a las Instituciones y una vez más esa tarea recaerá en el soberano; las mujeres y los hombres que pagaron caro, con su carne y su sangre la Democracia que hoy disfrutamos y que el señorío delincuencial vino a pervertir.
“La patria es algo más de lo que tú supones; la patria es el poder que se hace respetar por el prestigio de sus honradeces y por la religión de las instituciones no mancilladas; la patria es el conjunto de todos los partidos en el amplio y pleno uso de sus derechos; La patria tiene que ser dignidad arriba y el regocijo abajo” Aparicio Saravia
El penoso papel de picador que se usaba en el toreo, que el director del semanario Voces se ha atribuido para iniciar los ataques a Gustavo Salle, −“Este año tenemos a un bufón con megáfono que va a hablar de todo un poco…”− ingresado al ámbito parlamentario, deja ver los recursos de que se van a valer para quitar del medio al recién ungido parlamentario.
Desde finales del siglo XX, el concepto de comunicación estratégica ha estado presente a lo largo de la historia llegando a obtener con el tiempo un papel relevante en las distintas guerras, desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Guerra Fría.
Tal vez demostrando cierta predisposición a la solidaridad, a la piedad, a la justicia, muchas personas y de muy variado origen y situación condenan las atrocidades con que Israel, su gobierno y dirección política y religiosa –con enorme apoyo popular–, llevan a adelante la masacre del pueblo palestino.
Se dice, desde hace mucho tiempo, que el gran problema del Frente Amplio es que vota mal en el Interior. Se dijo, se dice, se repite y se vuelve a decir. Es una “cantarola” que aburre. Pero, ¿será verdad que pasan los años y todo sigue igual?
Es sumamente penoso ver el grado de abdicación y sumisión mental (no sabemos si también material, pero con el primero ya tenemos motivos de preocupación) de los referentes y líderes de todo el espectro político principal de nuestro país
Si usted quiere saber dónde ganó, por cuanto, cómo o lo que sea, ya fuese Orsi, Cosse o Lima, cuáles fueron las 10 mejores, las 5 peores listas o algo por el estilo no pierda tiempo. Deje de leer porque de esos temas no vamos a decir nada. Levantemos la mira: hablemos del Frente Amplio que es la única esperanza del pueblo uruguayo para lograr su bienestar.
En el marco de los seminarios de Educación en Derechos Humanos del IFD de San José se desarrolló, el día Miércoles 26 de junio, a la hora 18, en el salón de actos, un conversatorio con el título: “Eutanasia, un enfoque médico, histórico y filosófico”. La actividad estuvo a cargo de la Doctora Esther García y quien escribe este artículo: Prof. Mag. Jorge Barrera.
Hoy no es una fecha más en las efemérides de nuestra historia contemporánea, recordamos el comienzo de un período extensamente lóbrego para el pueblo uruguayo: 27 de junio de 1973, fue el día en que las libertades dejaron de existir; en que los derechos fueron pisoteados por el feróz atropello cívico-militar; un día impune, en el que todos los derechos legítimos de los ciudadanos fueron borrados; un día que consignó la prepotencia del poder de Estado en manos de los dictadores, y también, estableció quienes desde el poder alimentaron de forma progresiva a los conspiradores, que terminaron consumando la traición a la República.
Voy a comenzar como en todas mis intervenciones políticas, celebrando la Unidad, parafraseando a mi referente político, Felipe Michelini, ”Les pido el voto para el Frente Amplio, para cualquiera de los candidatos a diputados de esta fuerza política, porque todos los votos al frente son buenos”, cualquiera de los compañeros que tenga el privilegio de ser electo legislador va a cumplir una tarea excelente.
El próximo domingo se vislumbra como un momento crítico para el futuro de Uruguay. La posibilidad de que el Frente Amplio obtenga un gran triunfo con mayoría parlamentaria no es solo un anhelo político: es, en realidad, una necesidad imperiosa para devolver a la economía y la realidad social del país el rumbo que ha perdido bajo la gestión del actual gobierno.
Son para hablar cara a cara, cuando hay buena fe de ambos lados. Con el vecino, la amiga, el primo, los compañeros de trabajo, los padres de la escuela o la abuela. Claro que existen mucho más que diez motivos para votar al Frente Amplio, en cualquiera de sus listas. Pero acá compartimos suficientes para acercarse a quienes no deciden hasta último momento y todavía están dispuestos a escuchar.
La meta está a la vista. Llegada dice el cartel en la esquina. Aunque es una llegada muy diferente a otras elecciones. Ningún partido político logró conquistar, como en otras ocasiones, a su electorado para ganar con ventaja sobre su oponente. No recuerdo una elección con tantos partidos políticos.
“La vida solo se puede entender hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante”. Søren Kierkegaard
Ya pasaron las elecciones generales del 27 y salieron electos los legisladores del periodo 25-30. ¿Y ahora qué? No es el poder, ni político ni el económico, el que ganará el Frente Amplio, pues solo ganó una rama del legislativo. El Senado. La coalición de gobierno, perdió sus amplias mayorías en ambas cámaras.
Quién iba a pensar que se lograrían 16 senadores, 48 diputados, ser la primera fuerza en 12 departamentos, Durazno y Tacuarembó haciendo historia y saber que hay 80.000 votantes que ya apoyaron a la fórmula frenteamplista en el balotaje del 2019 y hoy están esperando que los vayamos a buscar para darnos el triunfo!
En octubre de 2024, el gobierno del Reino Unido anunció la devolución del archipiélago de Chagos, bajo la jurisdicción de Mauricio. La devolución del archipiélago es reclamada por Mauricio, desde su independencia del imperio británico en 1968. Chagos fue escindido de Mauricio en 1966 violando el Derecho Internacional. La usurpación británica se debió al arrendamiento a EEUU para la instalación de una estratégica base militar en la isla Diego García, que es operada conjuntamente por ambas potencias.
La situación mundial se presenta ominosa. La humana, más problemática, si cabe.
El penoso papel de picador que se usaba en el toreo, que el director del semanario Voces se ha atribuido para iniciar los ataques a Gustavo Salle, −“Este año tenemos a un bufón con megáfono que va a hablar de todo un poco…”− ingresado al ámbito parlamentario, deja ver los recursos de que se van a valer para quitar del medio al recién ungido parlamentario.