En la red de delincuentes y canallas de la banda de Torre Ejecutiva y aledaños, no es menor la calidad de funcionarios públicos que revisten  sus integrantes, de alto rango, algunos son cargos de confianza y otros diplomáticos, conformando una  asociación para delinquir de la más baja calaña, liderada por un reo como Alejandro Astesiano, la persona de  máxima confianza del Presidente de la República, investido con altísimas atribuciones otorgadas por Decreto del Poder Ejecutivo, quien desarrolló por años un accionar  delictivo y contumaz por el que fue formalizado, haciendo difícil de encontrarle un calificativo a tanto proceder delictivo y desborde institucional. 

Estos hechos a esta altura evidencian profusas implicancias del “llamado uno” que debilitan cualquier estratagema que pretenda blindar a Lacalle Pou; dicho esto, en primer lugar debe rechazarse liminarmente que el jefe de la banda sea Alejandro Astesiano, y las declaraciones queridas y buscadas por la fiscal del caso Dra. Fosatti lo confirman, a través de indicios, en especial cuando refiere a la condición que Presidencia le impone para entregarle el teléfono del jefe de custodia del presidente. 

Manifiestamente es este un acto de injerencia y de abuso de poder que  “recorta” convenientemente la prueba, al “imponer” un límite en su accionar a quien tiene el rol de ser titular en la investigación de crímenes y delitos penales y de representar los intereses de la ciudadanía,  cercenando de esta forma su esclarecimiento. 

Se pretende por parte del Presidente de la República y su entorno, que nada de las conversaciones mantenidas entre Astesiano y Lacalle Pou debe ser indagado por fiscalía. Sólo este hecho representa un quiebre de los más sagrados principios constitucionales y constituye una afrenta a la institucionalidad democrática. 

Existe el deber legal  de brindar información, de contribuir en el esclarecimiento de hechos delictivos  con el fin de transparentar el accionar de los funcionarios públicos, consagrado por la Ley 18.381 el cual  alcanza a todo funcionario y organismo público, sea  estatal o no y por ende alcanza también al Sr. Presidente Lacalle Pou, quien por esta razón está obligado, como cualquier funcionario publico a proporcionar elementos de prueba a la fiscal  sin imponer condición alguna  ya que esto no es otra cosa que interferir en el libre accionar de de un operador de la justicia.  

Pero además de ser un deber institucional y legal aportar información, y las pruebas que obren en su poder para no apartarse de la Ley, la entrega del celular es lo esperable en razón de su investidura y el vínculo que lo une al investigado, para transparentar su propio proceder y probar su desvinculación con los gravísimos hechos que están siendo indagados y que acontecieron a metros de su despacho, en la Torre Ejecutiva, los que no pudo razonablemente desconocer. 

Si algo queda inequívocamente claro, es que Astesiano no actuaba por su cuenta, que tenía un mandante y la ciudadanía tiene derecho a saber: ¿Quién era el mandante en su sucio accionar?; ¿A quién encubre?; ¿Porqué razón estaba dispuesto a asumir la responsabilidad penal de los hechos si la indagatoria se “cortaba” o se “corta” en él?; ¿A quién quiere proteger o encubrir?; ¿Qué poderosas razones lo llevaron a querer que no se supiera por orden de quien o de quienes actuaba?

Por otra parte, y siguiendo esta línea de razonamiento, también nos preguntamos: ¿Qué motivos tiene el Presidente de la República para pedir  a la fiscal que investiga la causa –según las propias declaraciones de la Dra. Fossati-, que no se conocieran los whatsapp que mantuvo Lacalle Pou con Astesiano, a lo cual la fiscal accedió y ahora desde el Poder Ejecutivo con descaro desmienten a la misma de esa impropia condición?. En este contexto, ¿Qué significado podemos atribuir a los propios dichos del Presidente en una suerte de amenaza a la fiscal: “Si empezó, que siga y lo termine” por el desempeño de la fiscal Fosatti en la causa?

Todas estas interrogantes siguen sin respuesta, y en tanto la institucionalidad se desmorona.

Entre los delitos que se investigan a esta red, tenemos: falsificación de identidad; falsificación y adulteración de documentos públicos; tráfico de influencias; extorsión; cohecho; espionaje y se puede conjeturar por los indicios del correlato de la investigación, -como el fruto que cae cerca del árbol-, delitos conexos o precedentes con el narcotráfico. 

A día de hoy y conforme a las pruebas que van emergiendo es de esperarse la configuración de más delitos; todos ellos con penas de penitenciaría, los que sin hesitación dan sólidos argumentos para afirmar que nunca antes en la historia del Estado uruguayo se llegó a esta perversión delictiva que partiera desde el órgano Presidencia de la República. 

Lo que está pasando en el seno del gobierno uruguayo nos supera en nuestra imaginación y se da de bruces contra nuestra formación republicana ya que estamos ante una trama ruin y despreciable, propia de canallas, delincuentes y traidores. 

El presidente de la República, Lacalle Pou, es el jerarca máximo del órgano Presidencia, donde a esta altura de los acontecimientos existen elementos que no le permiten quedar ajeno a los delitos que se le imputan a su “mano derecha”,  una persona de su extrema confianza. 

Los indicios que dan lugar a las implicancias son múltiples: los ciudadanos nos preguntamos: ¿Qué contenía realmente la caja de “pescado congelado” de la que habla Astesiano en sus wathsapp remitida de Emiratos Árabes que venía a su nombre y con domicilio del Presidente?, pero además, ¿Cómo  pudo ser contratada una empresa extranjera para realizar una pesquisa secreta  tipificada en por el código Penal  como delito contra la Libertad Individual de las personas, y hacerlo con el fin de extorsionarlos  para que desistieran de la denuncia penal presentada por la entrega del puerto a la empresa Katoen Natié, como surge del contenido de los whatsapp que tomaron estado público?; ¿Por orden de quien se  la contrató? ¿de donde salió el dinero para pagar esos servicios ilegales? ¿que interés o beneficio se buscaba para impedir por este medio que dos senadores de la república investiguen conforme a la Ley la sospechosa venta del Puerto que se realizó en forma flash por el gobierno, con al menos diversas “irregularidades administrativas” y penales indagadas, a espaldas de todos los uruguayos? 

Estamos ante una crisis institucional sin precedentes donde todo se relaciona con la figura máxima del Poder Ejecutivo.

Esto es gravísimo en sí mismo y más aún si dos senadores a los que se le encomienda a Astesiano “fichar” son los más visibles en la denuncia del negociado del puerto a favor de Katoen  Natie: Charles Carrera y Mario Bergara. 

A la luz de los nuevos hechos existen cada día  más elementos para reabrir la investigación penal sobre la denuncia acerca de los hechos que vinculan a la venta (entrega) del Puerto, presentada por los Senadores precitados que hace unas horas se anuncia como archivada y antes de salir a luz la pesquisa secreta con fines de extorsión y chantaje que se llevó a cabo.

En cuanto a la trama “Astesiano”, el presidente Lacalle Pou deberá necesariamente ser convocado a los estrados para el esclarecimiento de tan graves hechos y sin contrafuerte alguno. La fiscal si quería que la sacaran del caso es de presumir que fue porque le “quemaba” y aceptó condiciones que venían de las más altas esferas desde las que hoy se la desmiente.

La condición que le fue impuesta a la fiscal por Presidencia, por sí sola enerva el concepto de “eventuales” delitos para entrar en la esfera de las convicciones acerca de la comisión de los delitos enumerados. La torcida pretensión de ocultar los chats entre Astesiano y Lacalle Pou, aceptada y posteriormente justificada  por la fiscal, configuran un atentado a la institucionalidad y a la luz de las nuevas pruebas la pretensión de a encubrir eventuales delitos, desprestigiando así a la Justicia de la Patria. 

Este hecho requiere una intervención del Fiscal General, Dr. Juan Gómez sobre las actuaciones de la fiscal Dra. Fosatti. La ciudadanía merece una explicación y los operadores jurídicos de máxima responsabilidad están obligados a hacerla. La institucionalidad está en peligro y el principio de Igualdad se hunde en un vacío séptico. 

Habrá que salvar a las Instituciones y una vez más esa tarea recaerá en el soberano; las mujeres y los hombres que pagaron caro, con su carne y su sangre la Democracia que hoy disfrutamos y que el señorío delincuencial vino a pervertir.

“La patria es algo más de lo que tú supones; la patria es el poder que se hace respetar por el prestigio de sus honradeces y por la religión de las instituciones no mancilladas; la patria es el conjunto de todos los partidos en el amplio y pleno uso de sus derechos; La patria tiene que ser dignidad arriba y el regocijo abajo” Aparicio Saravia