El presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzó este lunes con una serie de encuentros de alto nivel en su despacho, el único lugar que se salvó de la depredación realizada el domingo por bolsonaristas radicales que intentaron derrocarlo.

Lula optó por despachar desde su oficina en el Palacio de Planalto para mostrar que los actos violentos de los radicales de la ultraderecha no paralizarán a las instituciones.

El ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta, dijo que Lula optó por despachar en Planalto "para mostrar que el Gobierno está funcionando en absoluta normalidad".

"No vamos a permitir que un grupo minoritario de terroristas, criminales, que desprecian a la democracia y a Brasil, hagan lo que están haciendo, y con eso logren el objetivo de paralizar el funcionamiento de las instituciones", señaló Pimenta.

Por su parte, el presidente del Senado y del Congreso Nacional de Brasil, Rodrigo Pacheco, convocó para hoy al parlamento para analizar el decreto firmado ayer por el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que impone una intervención federal en los organismos de seguridad de Brasilia, en respuesta al ataque golpista en el que bolsonaristas invadieron y destrozaron las sedes de los tres poderes del Estado de la capital brasileña.

El decreto firmado por Lula determina que la seguridad pública en el Distrito Federal es responsabilidad del gobierno federal y nombra interventor al secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Cappelli, según el acta firmada por el mandatario.

“El presidente del Senado Federal, en uso de las atribuciones (...) hace saber que el Congreso Nacional es convocado extraordinariamente, sin pago de dieta, durante el período necesario para considerar el Decreto", ordenado por Lula para "poner fin al grave compromiso de orden público, en los términos señalados'”, escribió Pacheco en la carta enviada a los senadores.

La Constitución Federal brasileña establece que, incluso tratándose de un decreto, es decir, un acto firmado por el presidente de la República, corresponde al Congreso Nacional aprobar el estado de intervención federal.