El actual gobierno autollamado multicolor, dio una señal de unidad y pidió el voto al público en un documento denominado “Compromiso por el país”. En sus comienzos la pieza dice, entre otros conceptos: ”nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de rumbos estratégicos que aseguran una acción de gobierno sólida y coherente. Cada uno de estos rumbos se traduce en medidas concretas sobre las que hemos acordado y sobre las que seguiremos profundizando”.

Esa fue su promesa a la población. Merece que a dos años se analice el cumplimiento.

A manera de ejemplo, no encuentro en el documento de 2019, que se prometa priorizar en la ley penal la defensa del patrimonio por encima del derecho a la vida, pero eso lo contiene el primer artículo de la LUC, que dice claramente en uno de los incisos de “legítima defensa” que: 

“Cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende”. El subrayado me corresponde. No importa si cesó o no hubo agresión, interesa que la defensa sea ejercida “respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial”.

Se establece que vale más la propiedad que la vida. 

Hablando de funcionarios públicos el Compromiso señala: Reducir los cargos de particular confianza, especialmente en áreas de provisión de servicios, sustituyendo parte de ellos por cargos de alta dirección pública • Reducir la cantidad de asesores y adscriptos contratados por el Estado, manteniendo sólo los imprescindibles.

Obviamente ese objetivo no está en cumplimiento, por lo menos en  casos que se tiene a la vista. La delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande , se financia con dineros del Presupuesto Nacional que aportamos todos. Sus gastos de personal salen de esas partidas, por lo que debería cumplirse con la premisa en la forma de proveer esos cargos, y reducir los que son de confianza, lo cual no se ha cumplido. Es más, el sensible aumento de los egresos en sueldos en CTM de Uruguay, la provisión de vacantes creadas a los efectos de ser llenadas con amigos políticos (lo dicen las crónicas nacionales de estos días), la designación sin concursos y la consideración de “cargos de confianza” a aquellos que no lo son, dan por tierra con esas promesas programáticas para juntar votos.

El ministro de Defensa declaró secretas por quince años, las actas militares del caso de Armando Méndez Caban (funcionario de confianza en el gobierno de Lacalle Herrera) condenado recientemente por el homicidio en dictadura de Gerardo Alter ocurrido en 1973. Olvidó García el Compromiso de actuar “en coordinación con los familiares” de los desaparecidos. Con una interpretación discrecional de la ley de Acceso a la Información, se pasó por encima el pedido de Familiares.

La lista de promesas incumplidas es más frondosa y no corresponde agotarlas hoy. 

Hay que sumar. En tres años se revisan las cuentas.