Política fiscal en la época del COVID-19: un nuevo pacto social para América Latina

Podríamos decir que, en última instancia, el papel del gobierno se mantiene inalterado con el tiempo: lograr niveles cada vez más altos de desarrollo entendiendo que el verdadero desarrollo significa lograr un crecimiento económico sostenido y generar mayor equidad y cohesión social. Esto debe hacerse mediante un mayor y mejor ejercicio de los derechos civiles y de una manera ambientalmente sostenible. Pero para lograr este objetivo final, los desafíos cambian según las realidades que deben enfrentar los gobiernos.

Los desafíos que enfrentó América Latina hace quince años, cuando disfrutaba de altos niveles de crecimiento y un boom de las materias primas en un mundo cada vez más abierto, son bastante diferentes a los que han provocado la desaceleración económica, la caída de los precios internacionales y las nuevas tendencias aislacionistas.

Como preguntó Alicia Bárcena [1] sobre la región en 2016 y sigue siendo relevante hoy: “desde el punto de vista fiscal, la pregunta central sería: ¿cómo puede la región promover avances económicos y sociales en un contexto de desaceleración y alta volatilidad internacional como el actual? El aspecto central para responder a esta pregunta es la construcción de acuerdos nacionales en torno a diversas áreas de desarrollo, con un único principio ético normativo y fin último: la igualdad de derechos de las personas ”.

Para abordar esta cuestión, primero debemos abordar los desafíos estructurales preexistentes que la pandemia se está intensificando hoy, así como los cambios sociales y culturales que ha provocado. En otras palabras, el futuro del trabajo, la mejora de la seguridad social, la provisión de bienes públicos, los límites entre el estado y el mercado, la gobernanza de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental, eran temas que debían abordarse antes del brote.

Muchos de estos temas adquieren una nueva dimensión ante la crisis que está generando impactos inmediatos y cambios a largo plazo, como el paso al trabajo a distancia y sus posibles implicaciones para la seguridad social. Esta crisis ha dejado claro, por un lado, que las sociedades se apoyan en el Estado y los bienes y servicios públicos que éste brinda en tiempos difíciles, y por otro, que el mercado no puede afrontar estos desafíos solo. Y aunque muchos países han abandonado temporalmente las restricciones a la deuda pública, este camino no es sostenible a largo plazo.  

Por tanto, es necesario asegurar la solvencia y sostenibilidad de las cuentas públicas, lo que requiere una actuación fiscal más decidida, especialmente en nuestra región que, salvo contadas excepciones, tiene una carga fiscal significativamente baja. Sin embargo, una acción fiscal más decisiva es ante todo una cuestión de voluntad política; La política fiscal es la más “política” de las políticas públicas porque concierne a los intereses de la sociedad en su conjunto. Además, enfrentamos estos problemas como un continente marcado por una alta concentración de riqueza y desigualdad y una importante inestabilidad social y política en varios países, donde los principales grupos de interés están acostumbrados a ejercer presión sobre los gobiernos.

En este contexto económico y social, la política fiscal debe jugar un papel mucho más activo en la lucha contra la desigualdad. No solo debe contribuir a la estabilidad económica, también debe contribuir al desarrollo equitativo y sostenible. Solo las sociedades que han seguido creciendo durante largos períodos de tiempo han podido mejorar de manera sostenible la cohesión social y garantizar condiciones de vida equitativas. Y a su vez, solo las sociedades que logran compartir los frutos del progreso con todos sus miembros, pueden sostener el crecimiento durante largos períodos de tiempo. Además, una democracia de mejor calidad y más libertad y ejercicio de los derechos civiles también son requisitos previos para aumentar la prosperidad y la igualdad de oportunidades para todos.

El cambio conceptual más importante será poner la política económica al servicio del impacto social, mejorar los indicadores de empleo, pobreza y exclusión social, y reducir la distribución injusta de la renta y la riqueza. En resumen, la política económica debe buscar mejorar la calidad de vida de las personas, particularmente entre las más necesitadas. Pero no se trata solo de solidaridad, también es una estrategia de desarrollo, justicia social y crecimiento. Este tipo de estrategia seguramente se enfrentaría con resistencia y debate, ya que hemos escuchado una y otra vez que aumentar los impuestos a los ricos y ayudar a los pobres dañaría el crecimiento económico. Sin embargo, no hay ninguna razón lógica para creer que consolar a los consolados y afligir a los afligidos sea bueno para el crecimiento económico, cuando en realidad una economía más justa sería inevitablemente más próspera.

Enfrentar estos desafíos requerirá cambios significativos en los sistemas tributarios de varios países latinoamericanos, dada la baja carga tributaria del continente en comparación con su nivel de desarrollo, sus sistemas tributarios regresivos y la importante participación de los impuestos indirectos en los ingresos tributarios totales. En otras palabras, en América Latina tendemos a recolectar tanto poco como mal. Incrementar la carga tributaria a través de reformas tributarias y de los sistemas fiscales será indispensable para abordar los diversos desafíos de mediano a largo plazo que enfrentan la mayoría de los países latinoamericanos. Pero también importa cómo y de quién recopilamos. Además, estas reformas deben ir de la mano de políticas públicas que defiendan la calidad y eficiencia del gasto público, especialmente en protección social. Las reformas estructurales que mejoren la forma en que se recaudan los recursos fiscales y dónde se invierten serán clave para reducir la desigualdad en la región. En definitiva, las políticas públicas deben ir más allá de ampliar la cobertura para reducir la pobreza, también deben buscar abordar las desigualdades asegurando la calidad de la cobertura.

Fuente: OECD

[1] Prólogo de “Sustentabilidad Fiscal y Reformas Tributarias en América Latina” - Alberto Arenas para CEPAL - 2016