
En un artículo publicado en noviembre de 2024 (1), se analizó que la Corte Penal Internacional (CPI) enfrenta serias interrogantes sobre su representatividad, legitimidad e independencia. Su misión original de juzgar crímenes atroces se ve comprometida por la exclusión de naciones clave, como Estados Unidos, Rusia, China y varios países del Medio Oriente, que nunca han ratificado el Estatuto de Roma. Esta situación debilita su respaldo global, afectando su autoridad y capacidad para actuar.