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Como expresaran vecinos de la asociación vecinal de la zona, ellos tardaron diez años en sensibilizar a alguna autoridad pública con el reclamo ante la contaminación de sus suelos producidos por agrotóxicos, que se sospechaba provenían de viveros forestales.
Pero cuando las instancias públicas empiezan a actuar contra los venenos usados por la agroindustria, la Dirección de Servicios Forestales del Ministerio de Agricultura logra “en tiempo récord” la habilitación de dichos tóxicos a pedido del lobby forestal (institucionalmente, la SPF), y consecuentemente amplía el uso de tales agrotóxicos.
Observemos el mecanismo marxista aplicado al episodio. Como se sabe, Groucho Marx hizo célebre aquel aforismo: “Tengo mis principios, pero si no son de su agrado, tengo otros.”
La Sociedad de Productores Forestales (SPF) goza de excelente buena conciencia. Declaran, por ejemplo: “Conservamos el suelo, el agua y la biodiversidad en áreas forestales.” Maravilla biológica puesto que se conserva todo “eso” en un monocultivo. Caso único, suponemos, en el mundo.
Declaran además que: “llevamos una gestión forestal sustentable”. No sabemos bien a qué se refiere; a si cuando se termine con el cultivo forestal y se hayan cosechado los troncos, se liberará al suelo de los tocones y sus raíces para devolverle posibilidades de recuperación biótica, de pasturas, o si cuidan los equilibrios hídricos de las plantaciones.
De todos modos, nadie se vaya a creer que los grandes consorcios transnacionales gozan de impunidad en el país. Por ejemplo, UPM, la del vivero en Guichón fue multada por el Ministerio de Ambiente en un millón de pesos.
Este episodio, que nos tememos haya hecho temblar las finanzas de UPM en el mundo entero, clarifica el comportamiento ambiental de nuestro país.
Mediante el pago de multas, cualquier empresa transnacional no necesita modificar sus procesos de transformación de la materia, sean estos contaminantes o no. Sencillamente, se paga la multa para seguir contaminando libremente (el único límite a semejante estrategia podría provenir de que el monto de la multa fuera mayor que el costo de modificación del proceso industrial o agroindustrial en entredicho).
Pero por ese lado, las empresas pueden estar tranquilas: las multas son mucho menores, muchísimos menores, que dichos costos.
Y así todos contentos. Salvo, apenas, la gente y el suelo del planeta.
