La actuación de la Justicia

Inmediatamente que el juez Luis Fourment decidiera la prohibición al Edil Hebert Márquez (Frente Amplio) de “acercamiento y comunicación” con la secretaria general de la Junta Departamental de Colonia, Claudia Maciel (Partido Nacional), durante 180 días y en un radio de 200 metros, comenzaron las especulaciones sobre el fondo del asunto.

Vale decir que en caso de una presunta agresión, la ley establece la aplicación de medidas cautelares en forma inmediata hasta dilucidar la situación.

Testimonios de testigos ponen en duda el objetivo de la denuncia

En tal sentido, según el Dr. Maximiliano Canavessi, abogado defensor de Márquez, afirmó que no hubo formalización porque no se verificó una conducta delictiva y se trató de un hecho político partidario que no tiene nada que ver con una cuestión de género. 

Las crónicas periodísticas se hicieron eco rápidamente de una presunta acción de violencia de género, en la cual el edil Márquez habría arrebatado el micrófono a la edila Maciel, hecho que fue desmentido a posteriori por testigos que participaron en la sesión de la Junta Departamental de Colonia.

En efecto, el Dr. Ricardo Aranda, ex edil frenteamplista que también asesora en la causa, expresó en declaraciones a los medios de Colonia que Márquez simplemente "tomó un micrófono que estaba allí y nunca se dirigió a la señora Maciel".

Esto fue confirmado por el edil colorado Gabriel Gabbiani en declaraciones vertidas a TV ABC Palmira, en las que afirmó que la acción de Márquez "no fue una agresión ni mucho menos hacia la Secretaría", lo cual anima la sospecha respecto a que toda esta situación es parte de una operación política que tiene que ver con las denuncias que a través de Márquez y otros ediles frenteamplistas, se vienen sustanciando contra el Intendente Moreira.

La reapertura del Caso Moreira

Al respecto, circuló en los medios una nota firmada por el Dr. Ismael Blanco, quien justamente asesora a los legisladores del Frente Amplio "en la "reapertura del “Caso Moreira” solicitada con nuevas pruebas presentadas por Ediles de nuestra Bancada en calidad de denunciantes".

El Dr.Blanco afirma que después de haberse archivado (la denuncia) "...hoy nuevamente se están investigando los hechos graves denunciados vinculados a la gestión del Intendente Moreira, que como todos sabemos, tuvo ribetes escandalosos y que fueron conocidos a través de audios que denotan un desvío en la función pública, dejando de manifiesto un clientelismo político y abuso de la función en el otorgamiento de pasantías e ingresos a la Intendencia, respecto de las cuales, los compañeros frenteamplistas –con muchas dificultades- han reunido nuevas pruebas que se están sustanciando en sede de la Fiscalía Penal."

Operación Política

Pero las connotaciones políticas no terminan aquí. En su misiva, el abogado que patrocina en distintos asuntos a los legisladores, se refiere  "a la convocatoria a referéndum vinculada a las tarifas de UTE, trabajo que llevaron a cabo de manera heroica, pudiendo reunir en un plazo perentorio y a pura militancia en un verano caluroso las firmas requeridas", hecho que involucró al edil Márquez como uno de los principales impulsores de esa acción ciudadana.

En otro extenso pasaje de la nota dirigida a los frenteamplistas se refiere al episodio que hoy ocupa la atención de la opinión pública: "De los hechos relatados por la denunciante y como hombre de leyes que soy, no surgen elementos que sustenten la más mínima incriminación respecto de su persona. Las pruebas que pretenden sustentar la violencia de género que se le imputa, además de irrelevantes son absolutamente mal intencionadas, una “mise en scene” burda que busca hundir políticamente y como persona al compañero edil Heber Márquez y tras él, a todo el Frente Amplio de Colonia."

Caos en la Junta Departamental

Antes del cierre, el Dr. Ismael Blanco abundó en algunos detalles que ilustran una reiterada situación de desorden en la Junta Departamental de Colonia: "Yo no debería recordarles a ustedes hechos notorios, porque ustedes son víctimas de ellos. El absolutismo, al más rancio estilo monárquico ejercido por la administración Moreira, con desbordes de todo tipo ha impedido el ejercicio republicano de derechos constitucionales de muchos ediles de la bancada del Frente Amplio, llegando al paroxismo omnipotente de impedir el normal funcionamiento del órgano Legislativo Junta Departamental, negando una y otra vez que sesionara el Cuerpo de manera constitucional y reglamentaria."

"Se han puesto trabas de diverso tipo, ocultando información de manera reiterada hasta llegar a extremos carentes de todo recato, no respondiendo de manera reiterada pedidos de informes, no haciendo quórum para sesionar, armando a su gusto y antojo los órdenes del día, distorsionando los debates, limitando el uso de la palabra, impidiendo con intención el funcionamiento del órgano legislativo Departamental por más de 12 sesiones, con el sólo propósito de evitar tratar el pedido de juicio político al Intendente, derecho consagrado a los legisladores por la Constitución Nacional."

"En todos esos trances e impedimentos ilegítimos, la hoy denunciante, persona de confianza política del Intendente, desde su cargo como Secretaria General de la Junta Departamental, avaló con su accionar todo este proceder sin nunca haber denunciado ante la justicia estas graves irregularidades en el Seno del Legislativo Departamental. Estas acciones y omisiones que se llevaron a cabo configuran sí, un atropello reiterado de las instituciones, siendo actos de violencia graves perpetrados contra los ciudadanos del Departamento y los Ediles como sus representantes."

Finalmente, y luego de abogar para que su fuerza política asuma la defensa del edil públicamente, Blanco concluye que "la denunciante distorsionó los hechos, con el objetivo político de perjudicar al compañero Hebert Márquez."