La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), falló a favor del Estado uruguayo en la demanda que le realizó el grupo inversor Zamin Ferrous por entender que Uruguay había cambiado las condiciones de inversión en la mitad del proceso. 

Aratirí denunciaba a Uruguay por incumplir el acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones con el Reino Unido. Este tratado internacional fue invocado por la empresa de origen indio cuando en Uruguay se aprobó una nueva legislación sobre la minería a cielo abierto, durante la etapa de prospección de Aratirí.

La empresa acusó al Estado uruguayo de modificar las normas legales que se aplicaban a su negocio y con ello, aseguró, se afectó su millonaria inversión en el país.

Ahora, luego de la decisión del Tribunal que se rige bajo las normas de la comisión de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Aratirí deberá pagarle a Uruguay 4 millones de dólares, que fue el costo de los abogados que representaron al Estado.

El portal de Presidencia publicó un comunicado sobre esta buena noticia para nuestro país. En él se informa que en la jornada de este jueves se notificó el laudo dictado por el Tribunal Arbitral por este caso.

"En dicho laudo, el Tribunal Arbitral hizo lugar a la objeción de jurisdicción presentada por Uruguay, entendiendo que los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares al momento de los hechos de un bien protegido por el Convenio y por tanto carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión", señala el comunicado.

Cabe recordar que la minera india Aratirí se radicó en Uruguay en 2007 y comenzó a investigar el terreno. En el 2010, durante el gobierno de José Mujica la empresa informó que, en la triple frontera de Durazno, Treinta y Tres y Florida, se habían encontrado cuatro yacimientos de hierro de entidad suficiente para ser explotados.

El objetivo era construir cinco minas con una profundidad de entre 200 y 350 metros en la localidad cercana Valentines. Se estimaba una extracción de hasta 18 millones de toneladas al año y Uruguay, como dueño del mineral, participaría de esas utilidades en un 3% del total. Un año después,  Aratirí presenta el primer proyecto de extracción de hierro, que fue devuelto por objeciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

Durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, en 2013, la promulgación de la ley 19.126, que regula la minería de gran porte, indicaba que para que un proyecto sea aprobado, debería realizarse un estudio de impacto ambiental completo, una audiencia pública y un análisis del impacto urbano.