En octubre de 2024, el gobierno del Reino Unido anunció la devolución del archipiélago de Chagos, bajo la jurisdicción de Mauricio. La devolución del archipiélago es reclamada por Mauricio, desde su independencia del imperio británico en 1968. Chagos fue escindido de Mauricio en 1966 violando el Derecho Internacional. La usurpación británica se debió al arrendamiento a EEUU para la instalación de una estratégica base militar en la isla Diego García, que es operada conjuntamente por ambas potencias.
12/11/2024 Eduardo Mernies
En 2019, la Corte Internacional de Justicia determinó que el proceso de descolonización del Archipiélago de Chagos no se completó de acuerdo al Derecho Internacional y reconoció a la República de Mauricio su soberanía sobre el territorio. El mismo año, la Asamblea General de la ONU condenó la ocupación británica y demandó al Reino Unido a retirar su administración colonial del archipiélago.
La contracara
Por un lado, el acuerdo representa un avance histórico, donde la presión de la comunidad internacional logra que los británicos devuelvan una de sus tres colonias aún en su posesión. En opinión del Presidente de la Unión Africana Moussa Faki Mahamat, es una “gran victoria para la causa de la descolonización, el Derecho Internacional y la autodeterminación de Mauricio”.
Por otro lado, la solución negociada entre Reino Unido y Mauricio, excluye la demanda de los chagosianos, expulsados de su tierra entre 1965 y 1973, cuyo retorno no está contemplado.
Otro aspecto de la contracara del acuerdo sería el mantenimiento de la gran base militar impuesta por británicos y estadounidenses en la isla Diego García, bajo un régimen de arrendamiento por 99 años. Esta base militar es usada para violar los Derechos Humanos (como centro de interrogatorios y torturas) y para violentar la soberanía de los países de la región que no se someten a su dominio.
Deudas pendientes: Malvinas y Gibraltar
Volviendo al tema del colonialismo, con este avance -parcial pero importante-, los británicos todavía mantienen las Islas Malvinas de Argentina y la isla Gibraltar de España.
Es más que oportuno entonces, apoyar la labor del Comité Especial de Descolonización de la ONU, coordinar acciones y presionar a Londres, para reanudar las negociaciones que habiliten la restitución de las mencionadas colonias a sus legítimos dueños.
El gobierno argentino, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, presentó el pasado mes una serie de demandas, dirigidas al Reino Unido, para que devuelva la soberanía total sobre las Malvinas.
Independientemente de las orientaciones políticas de los gobiernos de la región, esta causa nos es común a las naciones de las Américas y a todas las naciones con vocación de paz y respeto mutuo.
Contamos con importantes instrumentos, como la cooperación parlamentaria, la CELAC, incluso la desacreditada OEA (instrumento de dominación estadounidense pero un espacio más de disputa para los países de las Américas).
La experiencia de lo ocurrido en la usurpada isla Diego García, nos alerta sobre las intenciones británicas en el sur del continente. La modernización del puerto de aguas profundas en las ilegalmente ocupadas Islas Malvinas, facilita la implementación de su programa para incrementar la presencia militar en el Atlántico Sur, violando las disposiciones del Tratado Antártico (1959) sobre la desmilitarización de la zona.
La conocida expresión “una de cal y otra de arena” refiere a un gesto apreciado en favor de la soberanía y el Derecho Internacional, que tiene su contracara, al mantiene la Isla Diego García bajo dominio de las potencias bélicas, mantener la base militar donde opera un centro de detención y torturas de la CIA y desde donde se han lanzado ataques militares contra Irak y Afganistán y desconocer los derechos de los chagosianos. Varias de arena.
La presión de la comunidad internacional y el acompañamiento de los procesos de negociación que se abran serán cruciales para alcanzar soluciones que pongan fin al colonialismo y promuevan salidas legales y justas. Se trata de la soberanía de las naciones, el respeto al Derecho Internacional y la preservación de la paz en el continente.
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