Ahora, como otras veces entra en litigio la universalidad de ese concepto, al analizarse elementos del proyecto de reforma de las jubilaciones. Me permito llamarlo así, porque respetados políticos y analistas han fundamentado que no reforma la "seguridad social", sino sólo, y en parte, las prestaciones por jubilaciones y pensiones. Concretamente me refiero a la especial intención que se tendría de beneficiar la situación jubilatoria de quienes cumplen la función militar. Según han expresado legisladores que tienen el texto del proyecto aprobado en el Senado (al que no tenemos acceso ágil los habitantes en general), se podría modificar un artículo que aumentaría exclusivamente las bonificaciones en años, a quienes cumplen función militar. Prefiero no entrar en mayores detalles para no aumentar la confusión, y mantenerme en estas generalidades: mientras el grueso de los trabajadores privados y públicos aumentarán su tiempo de trabajo para jubilarse, los militares lo verán disminuido; a la vez esta actividad podrá recibir una mejora en sus pasividades, a la par que los demás trabajadores, ganarán menos. Lo he leído de legisladores nacionales y no ha sido desmentido.
No se trata del infantil reclamo de "a él le das más que a mí" o de "por qué él tiene más que yo". Todo hace parecer que la reforma legisla para que no todas las personas sean iguales ante la ley. El espíritu de este proyecto es disminuir el "gasto" en jubilaciones, para sustentar las finanzas del Estado. Así es que trata de reducir las prestaciones a la mayoría de sus habitantes y aumentarles el tiempo de trabajo para mejorar la recaudación y disminuir el tiempo de pago de la prestación (la gente se jubilará más vieja y vivirá menos para disfrutarlo). La excepción, aparentemente, seguirán siendo los militares, que podrán retirarse antes y ganar más que ahora.
No digo nada con espíritu discriminatorio. ¡Al contrario! El proyecto es el que establece diferencias. El sistema de retiros militares ya es deficitario. Requiere, para unos 50.000 beneficiarios, el mismo auxilio del Estado nacional que el BPS, que atiende a más de medio millón de personas: alrededor de quinientos millones de dólares por año. Si se reducen los tiempos de servicio y aumentan los beneficios, las jubilaciones militares podrían requerir más dinero del Estado para ser pagadas, exactamente lo contrario al espíritu de la reforma.
Entiendo razonable que haya actividades que sean bonificadas por sus características, tomándose por cada año de trabajo un porcentaje más. Lo escribo y pienso en la construcción y las faenas rurales, por ejemplo. Se ha informado por parte de legisladores del Frente Amplio, que las fuerzas armadas están bonificadas con un 20%; porque cada año trabajado se contabiliza 1,2. La variante propuesta llevaría esa bonificación a 1,4 lo que favorecería un retiro más rápido. Ese beneficio por ahora lo tiene la policía ejecutiva, que está en contacto con el riesgo de la acción. Apoyaría que las fuerzas armadas reciban ese beneficio cuando están en misión con peligro (Fuerzas de Paz, trabajo para la UN en zonas de conflictos u otros riesgos) pero no lo entiendo necesario para actuar en nuestro territorio, donde felizmente no hay intervenciones de guerra.
Tampoco pretendo acá criticar ni justificar la forma en que se estaría decidiendo este cambio en esas pasividades, pues no conozco en profundidad cómo han actuado Lacalle y Manini en sus conversaciones. Sólo procuro razonar que las trabas y oposiciones políticas para aprobar esta reforma por parte de Cabildo Abierto, se levantaron aparentemente con medidas tangenciales. No se llevó a 15 años el promedio de mejores años para calcular la jubilación, condicionante anunciada como imprescindible por ese partido. Se habría transado en 20 años, que obviamente no es lo mismo, sino una especie de saludo a la bandera. Me queda la imagen de que el gobierno asumió decisiones con otras razones sobre la mesa.
Todo sector político tiene derecho a proponer lo que entienda conveniente, pero la población no tiene porqué creer que es lo mejor para la mayoría, ni aceptarlo, sobre todo en una democracia que tiene mecanismos constitucionales que protegen sus derechos.
Coincido en que se debe reformar el sistema de jubilaciones, pero no a costa de que algunos trabajadores laburen más y ganen menos, aunque financien que otros trabajen menos y ganen más. No es tema de envidias ni odios. Es asunto de justicia y de racionalidad.
El gobierno tiene derecho a ser conservador, pero no puede obligar a la mayoría del Pueblo a la sumisión.
