Autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa, consideraron que “os legisladores se han excedido en sus labores, al crear una nueva acción penal contraria a principios constitucionales sobre las libertades de expresión y prensa, rechazando el delito de agravio a la autoridad policial, previsto en el artículo 11 de LUC.

Asimismo destacaron que se enmarca “en una época en que existe una controversia en el mundo entero entre los abusos cometidos por policías contra los ciudadanos y por dotar a las fuerzas del orden con mayor institucionalidad”.

El artículo 11 establece lo siguiente: Quien obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte, por palabras, escritos o hechos, a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas será castigado con una pena de tres a dieciocho meses de prisión”.

Según el presidente de la SIP, Christopher Barnes, si bien los agentes de Policía deben estar protegidos de las protestas físicas y violentas, castigar las críticas, verbales o escritas, de ciudadanos, periodistas y medios de comunicación es una forma de crear privilegios que se remontan a un pasado oscuro de la región donde se promovían leyes que protegían erróneamente el honor de las autoridades.

En este sentido, la Organización remarca que "Uruguay siempre ha dado muestras de una profunda cultura democrática y de libertad de expresión, por lo que esperamos que los diputados sean fieles a esa tradición".

Con sede en Miami, la SIP nuclea a más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene como función la defensa y la promoción de la libertad de prensa en las Américas. El País, El Observador, Búsqueda, Saeta TV Canal 10 y El Telégrafo forman parte en representación de Uruguay.