Hace 6 meses, la Junta Departamental de Paysandú conformó una comisión investigadora sobre el contrato entre la comuna y la fundación A Ganar, luego que los ediles del Frente Amplio (FA) presentaran quejas sobre presuntas irregularidades, en la adjudicación de una licitación para gestionar los recursos humanos de ocho CAIF y un Centro Siempre.

Los ediles opositores presentaron un informe en el que señaló que, “mal que le pese al oficialismo”, se “ha puesto al descubierto que con la contratación de la fundación A Ganar, el gobierno departamental de Paysandú ha cometido una serie de irregularidades que ameritan el pase de todas las actuaciones a la Justicia penal, al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva”.

De tal forma, sostuvieron que queda “absolutamente claro” que el Ejecutivo departamental introdujo “un mecanismo de precarización del trabajador municipal, el que ya no es contratado en función pública ni como eventual sino como trabajador” de una fundación que suministra servicios a la intendencia, “ahorrándose” un conjunto “de aportes a la seguridad social de trascendencia”.

Asimismo, agregaron "lo que es peor, sometiendo a estos trabajadores a un régimen de absoluta precarización, de contratos basura, de inestabilidad laboral permanente, todo lo cual ha significado para estos sanduceros un profundo cambio regresivo en sus condiciones de vida y de estabilidad laboral e incluso emocional”.

"En medio de todas estas incógnitas”, el 9 de junio el Tribunal de Cuentas se pronunció sobre la contratación y resolvió en mayoría observar el gasto. Entre otras cosas, de acuerdo al monto de la erogación estimada por concepto de salarios, “debió tramitarse como licitación pública y darse cumplimiento a todas las normas inherentes a dicho procedimiento”, remarcan.

“Lo dijimos y lo reiteramos aquí: la contratación de la fundación A Ganar es completamente irregular, violatoria del orden jurídico y, como también sostuvimos, sólo se persiguió con ello evadir a un órgano del Estado (...) Existen méritos para formular una denuncia penal, en cuyo marco se investigue en profundidad las relaciones de todos los participantes”, sentencian los ediles.