De este modo Sanguinetti recogía el apoyo de la derecha y los militares lo veían como garantía de su impunidad. Mientras los DDHH, continuaban siendo una amenaza.  Es interesante recordar el espíritu de consenso que reinaba en esos años. La concertación nacional programática pudo ser el ámbito adecuado para incorporar el tema, si bien fue planteado en su seno, no logró consensos, y la ley de educación de emergencia no tuvo una declaración en favor de los mismos.

Los Derechos Humanos son un cuerpo dinámico, después de la declaración del 48, han surgido nuevas generaciones de derechos admitidos por la comunidad de naciones, éstos expresan un conjunto de valores compartidos que avanzan en el sentido de la emancipación de los hombres y la profundización de la democracia.

A partir del 2005, en nuestro país, la vieja mayoría que ostentó la hegemonía política es sustituida por una nueva mayoría popular y progresista.

La  izquierda, que por primera vez llega al gobierno, fue compañero de lucha, en los años oscuros, de los organismos internacionales y de las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Es sus filas se encontraron las principales víctimas del terrorismo de estado y de la ruptura del estado de derecho.

Por otra parte, la alianza de la izquierda con otros sectores progresistas, asegura la mayoría necesaria para lograr el poder político democrático. Es precisamente el tema de los derechos humanos uno de los puntos de convergencia con otros grupos liberales democráticos.

La traumática experiencia de los 70 es un fantasma que acecha en un país dependiente, que basa su economía en la producción de materias primas, cuyo aparato productivo fue arrasado por las políticas neoliberales de los últimos años del siglo pasado y que está a merced de las crisis cíclicas del sistema capitalista.

El gobierno progresista confió en una política de derechos humanos, para asegurar  el “nunca más”, pero también, y no menos importante,  para lograr el pleno desarrollo de todas las personas de nuestro país.

Tanto de lo institucional, como desde la legislación, ha procurado crear las condiciones para el desarrollo de los derechos humanos.

La política se explicita en la creación de la dirección de derechos humanos en la órbita del MEC, sugestivo que se asocien los DDHH  con la educación. La creación del Mides, como forma de garantizar el goce de los derechos por parte de todos. Las políticas del ministerio no se agotan en el derecho al trabajo del programa Uruguay trabaja, ni en el derecho a la vivienda del programa de mejoramiento del habitad, sino también en las acciones del instituto de la mujer, del INJU, del INAU. La creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, el 19 de mayo de 2015. La sanción de la ley 19822, la humanización del sistema carcelario en la órbita del ministerio del interior.  Por nombrar solo algunas.

Todos estos antecedentes implican que naturalmente se  explicite el concepto de la educación como un derecho humano fundamental  en la ley de educación.  Una ley  aprobada por un gobierno de izquierda, no podía soslayar este tema. Así pues,  en la fundamentación se expresa: “la meta es educación de calidad, con equidad, relevancia y pertinencia para todos, como derecho inalienable, y durante toda la vida, en una sociedad de aprendizaje, tanto de saberes organizados en disciplinas como de actitudes y modos de vida. democratización de una educación conectada con el trabajo, en que todos puedan seguir aprendiendo siempre”.

La presencia en la titularidad de la sub secretaria del MEC de  Felipe Michelini, referente ineludible en materia de Derechos Humanos,  es también una nota significativa de la importancia que el gobierno de Tabaré Vázquez le dió al tema.