La Organización de Estados Americanos -OEA- fue creada el 30 de abril de 1948 en la IX Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá, con el propósito de ser un foro multilateral que asegure la paz, la seguridad, la democracia, y la solución pacífica de controversias entre los estados miembros. En realidad, por el peso hegemónico de EE. UU., el mayoritario financiamiento de ese país, así como el tener la sede de la organización en Washington, desde su inicio la OEA sirvió esencialmente para unificar al hemisferio detrás del liderazgo estadounidense y proyectar al mundo un consenso en la lucha contra el “comunismo” durante la Guerra Fría. Por ello, Cuba fue expulsada de la OEA en 1962 sobre la base de que “el marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano”. En contraste, ninguna de las dictaduras anticomunistas latinoamericanas -sangrientas y algunas hasta genocidas – fueron expulsadas de la organización, y en junio de 1976, en plena dictadura de Pinochet, se realizó la VI Asamblea General en Santiago de Chile.

Pero la OEA se superó a sí mismo a inicios del 2019, siendo secretario al tristemente célebre Luis Almagro, cuando la organización permitió -por primera vez en su tan contradictoria historia- que un supuesto Gobierno venezolano, autoproclamado y que no ejercía autoridad alguna, pudiera ocupar el lugar de un Estado soberano en el Consejo Permanente. Esta violación del derecho internacional sembró un precedente nefasto. Nunca un Gobierno en las sombras, en el exilio, o que no ejerciera el poder en el territorio, había sido reconocido como representante de un Estado ante la OEA.

Aunque los principios fundacionales y la Carta Democrática de la OEA establecen el diálogo como mecanismo de solución de controversias, Almagro no dudó en apoyar una intervención directa de Estados Unidos en Venezuela, así como las ilegales sanciones estadounidenses impuestas unilateralmente a este país.  En directa contraposición con su obsesión venezolana, la OEA de Almagro no se preocupó de los atropellos a la democracia y a los derechos humanos en varios otros países, tampoco le interesó el golpe contra Dilma Rouseff en Brasil, la cárcel de dirigentes políticos como Lula da Silva, la persecución a los dirigentes progresistas de la región, ni la brutal represión a las protestas populares de 2019 en Ecuador, Chile y Colombia. Por el contrario, Almagro felicitó a esos gobiernos por haber “defendido la democracia”.

Finalmente, en octubre 2019 la OEA nuevamente realizó algo sin precedentes, cuando no solo que permitió, sino que impulsó el derrocamiento de un Gobierno constitucional, el del boliviano Evo Morales Ayma, así como su reemplazo por un Gobierno a todas luces de facto. El argumento fue un supuesto fraude electoral jamás comprobado, fundamentado en el informe de su misión de observadores electorales (MOE), reporte que ha sido duramente cuestionado por diferentes instancias técnicas. Independientemente de aquello, nada justificaba la inconstitucional sustitución de un Gobierno popular y democrático, y que indudablemente había ganado la primera vuelta de las elecciones. En total contradicción con la Carta Democrática, el caso boliviano demostró cómo las MOE pueden convertirse en instrumento de desestabilización.

Aunque han existido diferentes grados de decencia y autonomía dependiendo de quién fuera el secretario general, la subordinación de la OEA a los intereses estadounidenses constituye un indudable neocolonialismo. Para ocuparse de sus colonias, el Reino Unido tuvo la Colonial Office y España la Secretaría de Estado para las Colonias.   Francia todavía tiene el Ministerio de Ultramar, encargado de los asuntos de las colonias francesas como Martinica en el Caribe o Isla de la Reunión en África. Estados Unidos tiene a la OEA, por lo que acertadamente el canciller cubano Raúl Roa, luego de la expulsión de Cuba, llamó al Organismo el “Ministerio de las Colonias Yanqui”. La diferencia es que se trata a lo sumo de un ministerio de segunda categoría -la importancia que le da Estados Unidos a la OEA es absolutamente marginal-, y a cargo de un representante de las propias “colonias”.

La pregunta no es si la OEA debe ser reemplazada, sino cómo América Latina la ha soportado tanto.

Rafael Correa