Por: Eduardo Mernies
En un artículo publicado en noviembre de 2024 (1), se analizó que la Corte Penal Internacional (CPI) enfrenta serias interrogantes sobre su representatividad, legitimidad e independencia. Su misión original de juzgar crímenes atroces se ve comprometida por la exclusión de naciones clave, como Estados Unidos, Rusia, China y varios países del Medio Oriente, que nunca han ratificado el Estatuto de Roma. Esta situación debilita su respaldo global, afectando su autoridad y capacidad para actuar.
Además, se evidenció la presión ejercida sobre la Corte por intereses externos —políticos, económicos y corporativos— que pueden influir de manera selectiva en sus decisiones. Se documentó que agencias de inteligencia israelíes han llevado a cabo una prolongada campaña de desprestigio contra los fiscales Fatou Bensouda y Karim Khan, en una “estrategia sistemática” para socavar a quienes investigan los crímenes perpetrados por Israel en Gaza y Palestina, acusándolos de falta de objetividad. Asimismo, se revelaron vínculos financieros entre la CPI y fundaciones, corporaciones poderosas y grandes potencias, sugiriendo conflictos de interés que afectan procesos judiciales con profundas implicaciones políticas. Estas inquietudes han persistido y la capacidad de la Corte para mantener su ecuanimidad, independencia y solidez institucional siguen siendo cuestionadas.
Reivindicación y Desafíos en la CPI
Se planteó que “La CPI tiene la oportunidad de reivindicarse, honrar la justicia y contribuir a detener las atrocidades que comete Israel contra el pueblo palestino, haciendo arrestar al genocida Netanyahu, o convertir la orden de detención en un acto simbólico que valide su complicidad y dependencia de EEUU, Israel y las potencias belicistas occidentales”. Lamentablemente, el análisis siguiente nos lleva a una conclusión sobre esta disyuntiva.
Sanciones, Represalias y Clima de Temor
Las sanciones coercitivas impuestas desde Washington han aumentado de manera alarmante. Funcionarios de la CPI se encuentran en un ambiente de temor, conscientes de posibles sanciones personales —restricciones de visado y congelación de activos— que podrían extenderse a sus familias. En 2020, EEUU sancionó a la fiscal Fatou Bensouda y al juez Phakiso Mochochoko. En febrero de 2025, una nueva orden de Trump impactó al fiscal Karim Khan, y en junio se dispusieron sanciones para cuatro jueces, incluida la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza.
Estas sanciones constituyen una represalia política por las investigaciones que la CPI había iniciado, especialmente en referencia a los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán. La CPI desafió la inmunidad tradicional de las potencias aliadas al investigar incluso a países como EEUU, representando un ataque directo al poder político de naciones que no están dispuestas a que una corte internacional cuestione su impunidad.
Esta estrategia ha erosionado la estabilidad institucional: muchos empleados ahora realizan su trabajo de manera selectiva, buscando evitar riesgos y priorizando su seguridad personal sobre el cumplimiento pleno del mandato judicial.
Imparcialidad en el Derecho Penal Internacional: ¿Realidad o Ficción?
La orden de captura contra Netanyahu (y otros líderes israelíes) fue detonante de una crisis internacional, sobre todo en Occidente. Hasta este momento, la CPI había sido vista como una institución que actuaba principalmente contra Estados no parte del Estatuto de Roma, acusación que también recae sobre el fiscal Karim Khan, quien ha sido señalado por priorizar órdenes de arresto contra mandatarios de países no parte y alinearse con el poder occidental.
Sin embargo, al perseguir a un aliado cercano de EEUU y Reino Unido como Israel, la Corte rompe este patrón, intensificando la percepción de selectividad en su accionar, un factor clave que ha aprovechado para provocar reacciones adversas de las potencias bélicas.
Crisis de Credibilidad y Conflictos Internos
La gestión de Khan ha generado descontento dentro de la CPI por su aparente falta de comprensión del contexto político y legal global. Además, ha concentrado mayor atención en crímenes cometidos por países como Libia, Sudán y Rusia, mientras que otros, como EEUU y sus aliados occidentales no han sido investigados de manera equitativa.
Es importante mencionar el debilitamiento de su posición debido a investigaciones por acoso sexual en su contra por parte de la OIOS-ONU, lo que ha llevado a un número significativo de representantes y expertos a demandar su reemplazo con el fin de restaurar el prestigio y la confianza internacional en el tribunal.
La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza (vicepresidenta de la CPI 2021–2024) acusó a Khan de promover a familiares y allegados en posiciones clave, violando normas éticas. La reacción de Khan fue abrir un procedimiento disciplinario interno contra la magistrada, lo que estableció un precedente de confrontación abierta entre la fiscalía y la judicatura. Esta disputa ha profundizado las divisiones institucionales, disminuyendo la confianza entre ambas instancias esenciales del sistema judicial.
Conclusión: La Incapacidad Objetiva de la CPI
La crisis de la CPI, las sanciones de EEUU y el financiamiento de la Corte por parte de entidades ligadas a dichos actores, reflejan la tensión constante entre la justicia internacional y los intereses geopolíticos. Las acciones de la CPI están profundamente influenciadas por la política global y los intereses de aquellos que sostienen su funcionamiento. Esto plantea un dilema fundamental: ¿es realmente posible que una institución dependiente de recursos de los mismos países que podría juzgar actúe con imparcialidad?
Los dilemas estructurales actuales debilitan la capacidad de la CPI para impartir justicia penal internacional de manera imparcial y efectiva. La combinación de presiones externas, la percepción de decisiones selectivas del fiscal general y la desestabilización interna por conflictos éticos han colapsado su autoridad moral y operativa.
En este contexto, la orden de captura contra el criminal Netanyahu, así como la intención de juzgar a militares estadounidenses por sus crímenes, se tornan en actos simbólicos. A pesar de que son gestos loables, esta incapacidad práctica genera falsas expectativas y termina alimentando el poder hegemónico de las potencias bélicas.
