Conocer la realidad para cambiarla, es el resultado inmediato del reciente investigación que realizamos en MYSY que revela cuánto cuesta un IVE en un servicio público en Uruguay, siendo la primera investigación del costo de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en nuestro país. Se trata de un paso fundamental en el análisis de costos en salud sexual y reproductiva ya que aporta información valiosa para la revisión de las políticas vigentes y el acceso a este derecho.
10/01/2025 María Noel Sanguinetti
La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Uruguay ha sido un tema de debate y análisis desde la implementación de la Ley 18.987, que habilita la práctica de abortos seguros en el país. Ahora, por primera vez, se ha llevado a cabo un estudio que estimó el costo de este procedimiento en un servicio público de salud, arrojando datos significativos sobre la accesibilidad y la eficiencia del sistema.
De acuerdo a la investigación, cuando se realiza en un servicio público, el costo mínimo directo de un aborto legal asciende a 524 dólares estadounidenses por procedimiento. Sin embargo, el análisis detallado mostró que un procedimiento estándar de IVE, sin complicaciones y en un centro de salud que cuente con los análisis diagnósticos y el equipo profesional adecuado, tiene un costo de 20.963 pesos uruguayos.
Si los procedimientos se ajustaran a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el costo podría reducirse a 14.094 pesos uruguayos, lo que representa una disminución del 33%. Al calcular el costo en dólares, esto se traduce en 524 dólares por el procedimiento legal según la ley vigente frente a 352 dólares que resultaría si se aplicaran los criterios de la OMS, tomando un tipo de cambio de 40 pesos por dólar.
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la falta de información y análisis de costos en torno a la IVE y la salud sexual y reproductiva en general. Esta carencia dificulta una evaluación adecuada sobre el acceso a este derecho. Hasta la fecha, no se había realizado el cálculo oficial del gasto relacionado con un procedimiento de IVE, lo que subraya la novedad de estos hallazgos.
La implementación de la Ley 18.987 ha sido un avance significativo para los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay, permitiendo el aborto a solicitud de la gestante dentro de un marco legal hasta las primeras 12 semanas de gestación. A casi 12 años de su implementación, la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), con el apoyo de la Oficina Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe (UNFPA LACRO), ha realizado un análisis comparativo del costo en el sistema de salud pública en relación a las últimas directrices de la OMS sobre aborto.
El estudio evidencia un sobrecosto asociado al cumplimiento de la normativa actual, lo que a su vez genera obstáculos e ineficiencias en el acceso a un procedimiento que es un derecho fundamental. Este escenario es alarmante, ya que se demuestra que las exigencias normativas vigentes crean barreras innecesarias desde el punto de vista de la seguridad del procedimiento, encareciendo el gasto tanto para el sistema de salud como para las usuarias.
Este análisis proporciona una base necesaria para reexaminar las políticas actuales sobre el acceso a la IVE en Uruguay, promoviendo un diálogo informado sobre cómo mejorar su implementación y asegurar la universalidad de este derecho en el contexto de la salud pública. La información generada no solo es fundamental para evaluar las políticas existentes, sino que también ofrece una oportunidad para avanzar hacia un sistema de salud más equitativo y accesible para todas las mujeres uruguayas.
El estudio fue realizado por MYSU dirigido por Lilian Abransinkas, Santiago Puyol responsable del Observatorio de MYSU y a cargo de la Economista María Noel Sanguinetti.
“La pluma raspa el papel; la tinta, cansada, apenas deja huella. Le dijeron que su condena era apelable. Escribió muchas cartas, pero la ciudad cambió, los jueces murieron y el tribunal nunca fue sustituido. Las palabras se vuelven polvo, la justicia, susurro, y el derecho, letra muerta. No es Santa María ni Macondo. Es una ciudad sin ley.”
A veces NO hablar es peor que decir una mentira¨
La repugnante impunidad moral y política que se encarna en el sionismo y en los sionistas me ha hecho recordar otra actitud del mismo orden; la de los estalinistas ante la monstruosidad soviética y los “crímenes de Stalin”. Es un proceso de total bloqueo mental, de inocencia deliberada y contumaz ante hechos ante los que uno tendría que reaccionar ¡y de qué modo!
En virtud de la normativa vigente en nuestro país y en concordancia con acuerdos y compromisos políticos internacionales, que reafirman en la actualidad la responsabilidad de los gobiernos en aplicar con éxito lo que se conoce como la agenda del “Marco de acción, educación 2030”, es que se vuelve indispensable la elaboración y ejecución de políticas y planeamientos “buenos y eficaces”, con vista al desarrollo de una educación inclusiva a través de la cual los estudiantes, sin distinción de sus particularidades y circunstancias, puedan recibir una experiencia educativa de calidad, de permanencia, de participación activa y logros significativos en condiciones de equidad a lo largo de la vida.
Este artículo surge de una rica discusión mantenida con un colega docente de Matemática en el marco de un grupo de Educación, que tengo el honor de compartir con profesionales de vasta experiencia y calificación. En ese espacio de diálogo, las reflexiones sobre la enseñanza y sobre los aprendizajes se nutren de perspectivas diversas, lo que motiva a explicitar mi posición respecto al papel de las tecnologías en el aprendizaje matemático.