Políticas sociales en acción: el Estado vuelve al territorio

Contexto social y desafíos numéricos

La pobreza general de Uruguay alcanzó el 10,1 % en 2023, marcando un aumento respecto al 9,9 % registrado en 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística

. La situación es especialmente preocupante entre los menores de seis años, con un 20,1 % de pobreza infantil

. Además, la desigualdad ha crecido: el índice de Gini subió de 0,383 en 2019 a 0,394 en 2023

Si nos situamos en datos referidos a la capital, Montevideo, claramente, no es ajena a estos efectos: ya que hay más de 2.600 personas viviendo en la calle, y los datos previos del Ministerio de Desarrollo Social habían reflejado un aumento del 16 % en la población en situación de calle respecto a 2020, con unos 3.907 casos registrados

Este escenario exige políticas sociales territoriales: ya no alcanza con respuestas centralizadas; es vital que las intervenciones respondan a condiciones específicas de cada barrio, municipio o departamento.

¿Qué implican los espacios de articulación territorial?

El rol del articulador territorial social emerge como clave. Este profesional funciona como puente entre ámbitos estatales y comunitarios, identificando necesidades, acercando servicios y fortaleciendo la implementación local de políticas en ámbitos tan variados como desarrollo, empleo, vivienda y salud.

Estos espacios reúnen actores múltiples: autoridades de MIDES, intendencias, municipios, organizaciones sociales, centros educativos, salud pública, cooperativas barriales y vecinos. La idea es coordinar respuestas efectivas y contextualizadas, desde operativos sanitarios hasta intervenciones educativas o de infraestructura comunitaria.

Ventajas comprobadas y efectos concretos

Atención focalizada: En zonas con altos índices de deserción escolar, los espacios han coordinado tutorías, actividades deportivas y programas de apoyo para retener a los niños en las aulas.

Cohesión institucional: Evitan duplicidad de esfuerzos y potencian recursos al alinear prioridades entre ministerios, gobiernos departamentales y organizaciones locales.

Participación ciudadana real: Las comunidades se sienten parte del diseño y ejecución de políticas, fortaleciendo la confianza social.

Monitoreo y resultados: Existe demanda para que estas instancias cuenten con presupuesto, indicadores claros y seguimiento riguroso para garantizar que las decisiones se concreten en hechos.

Narrativas con mirada de futuro

Desde Naciones Unidas, el proyecto “Diálogos sobre el Futuro de Uruguay” reunió a casi 2.000 personas entre 2022 y 2024 para priorizar políticas públicas, incluyendo reducir la pobreza infantil y fortalecer el desarrollo sostenible. Esta situación de voz colectiva llegó a los candidatos presidenciales para dicha instancia frente a la urnas.

Asimismo, se subraya la necesidad de revisar las políticas de cuidado –especialmente en relación con personas con discapacidad–, impulsar su rediseño desde enfoques inclusivos y con participación efectiva de las organizaciones representativas.

También destaca la lucha por la participación política de las mujeres afrodescendientes –10 % de la población– en un contexto donde, a pesar de las leyes de paridad, su inclusión avanza lentamente.

Desafíos para asegurar impacto real

Para evitar que la línea institucional quede en palabras, expertos enfatizan:

Dotar de recursos estables: que cada mesa territorial cuente con financiamiento y apoyo técnico suficiente.

Implementar seguimiento riguroso: con indicadores evaluables que midan tanto los procesos (reuniones realizadas, actores involucrados) como resultados (programas implementados, reducción de necesidades locales).

Evitar la fragmentación institucional: asegurar que las áreas de desarrollo social, vivienda, salud, educación y trabajo actúen coordinadamente.

Promover equidad territorial: el Observatorio Territorio Uruguay (OPP) ya proporciona herramientas socio-territoriales como el Índice de Priorización Socio-Territorial para identificar zonas urgentes

Conclusión

Es claro, aunque conviene enfatizar, que es una política que vuelve al corazón del barrio.

La reactivación de los espacios de articulación territorial no es simplemente una reorganización administrativa. Es un mensaje político claro: las soluciones sociales más efectivas se construyen donde la realidad sucede, en diálogo permanente con quienes la viven día a día.

En un contexto donde la pobreza infantil supera el 20 %, la desigualdad crece y más de 2.600 personas viven en la calle, recuperar la presencia coordinada del Estado y la comunidad no es opcional: es urgente.

Si estos ámbitos logran sostenerse en el tiempo, coordinar recursos de forma inteligente y garantizar que cada decisión se transforme en una mejora tangible, no solo habrán cumplido su misión, sino que sentarán un precedente de gestión participativa que Uruguay no puede darse el lujo de perder.

Nota: El índice de Gini, también llamado coeficiente de Gini, es una medida estadística que se utiliza para cuantificar la desigualdad en la distribución de una determinada variable, como los ingresos o la riqueza, dentro de una población.

(x) gabrielgomezuy