Marcha atrás y suspensión del cierre de juzgados en el interior

La Suprema Corte de Justicia(SCJ) resolvió este lunes suspender la entrada en vigencia de la disposición que prevé el cierre de 20 juzgados de Paz en el interior por problemas presupuestales. Se emitió un comunicado en el que se informa la decisión del órgano de dejar sin efecto “la entrada en vigencia de la Acordada nº 8119 de reorganización de comunidades geográficas que tenía la finalidad de optimizar “los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes”.

Desde el Poder Judicial, se manifiesta el interés en abrir un ámbito de negociación con los Poderes Legislativo y Ejecutivo en busca de obtener “los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales”.

La decisión del órgano llega después que diversos actores manifestaran preocupación y rechazo por el cierre de 20 juzgados de Paz en doce departamentos. Entre quienes se manifestaron contrarios a la supresión figuran legisladores, el sindicato de la SCJ y el Colegio de Abogados del Uruguay.

En la resolución se explica que la decisión inicial estaba motivada por el déficit que arrastra el Poder Judicial desde 2005 por gastos de funcionamiento de sedes, como alquileres, limpieza e insumos.

Los 20 juzgados señalados tienen un costo operativo de más de 12 millones de pesos anuales, sin contar las remuneraciones de los funcionarios. Asimismo, sostiene que hay una baja carga de trabajo jurisdiccional y el traspaso de sus funciones de Registro de Estado Civil al Ministerio de Educación y Cultura a partir de 2022.

En este sentido, desde la SCJ se remarca la necesidad de aplicar los recursos con los que cuenta en sedes con mayor demanda de servicios de justicia, como los Juzgados Especializados en Violencia Basada en Género.

Cabe recaordar que la Corte solicitó presupuesto para la instalación de 14 nuevos juzgados especializados (ocho en el interior y seis en Montevideo), y que solo se habilitaron tres en el interior, pero sin cubrir gastos de funcionamiento ni retribuciones. Dicha medida regía a partir de julio de 2021, pero el Poder Judicial solicitó prorrogar por un año la instalación de las nuevas sedes en pos de atender casos de violencia de doméstica y de género.