
Lo que nos uneD: calidad educativa y justicia social

El proyecto puede leerse en: https://cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/UNED/anteproyecto_uned.pdf y es una iniciativa que responde a una necesidad que ha sido planteada tanto por docentes como por estudiantes (y otros actores sociales) y se apoya normativamente en antecedentes como el de la Ley General de Educación de 2008 que ya preveía que el actual Consejo de Formación en Educación (CFE) se transformara a mediano plazo en una institución de carácter universitario. El proyecto, que ya se encuentra en manos de nuestros representantes políticos, supone un paso fundamental para consolidar una formación que integre enseñanza, investigación y extensión en la carrera de los profesionales de la educación, saldando una deuda histórica que se remonta particularmente a la primera mitad del siglo pasado, cuando secundaria se separó del ámbito universitario y se dio la creación del Instituto de Profesores Artigas (IPA) -ya en 1951-, lo cual derivó finalmente en un proceso de divorcio entre el campo de la docencia y el de la investigación, debilitando tanto al sistema universitario como al de la formación docente. El histórico “debate” entre Carlos Vaz Ferreira y Antonio Grompone (por cierto, es un tema que abordo particularmente en mi libro Sobre el sentido de educar, publicado en 2021) es un claro ejemplo de esta situación que tanto ha marcado (y condicionado) la historia de nuestra educación.
Antes de abordar algunos de los principales motivos que hacen que sea vital la aprobación de este proyecto, veamos la formalidad legislativa que requiere, en tanto supone un esfuerzo de todo el sistema representativo, sin caer en lo peor de chacras partidarias algunas. La mejora de la calidad educativa y su impacto en términos de política de justicia social es un asunto de todos y este proyecto nos pone a prueba en tal sentido. Veremos si la clase política logra estar a la altura de los hechos y las palabras de convierten en acciones concretas y beneficiosas para la comunidad en su conjunto.
El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General en diciembre de 2025 y en tanto Proyecto de Ley debe seguir el habitual procedimiento legislativo de someterse a consideración, discutirse en comisiones parlamentarias, debatirse en cámara de diputados y senadores (requiere la aprobación en ambas) y finalmente sancionarse y promulgarse. La propuesta se enmarca en los artículos 202 a 205 de la Constitución, que son aquellos que regulan la creación de entes autónomos. Para su aprobación parlamentaria necesita, por tal mandato constitucional, mayorías especiales: 21 votos en el senado y 66 votos en diputados, o sea alcanzar los dos tercios de votos en cada cámara. Asunto nada fácil de lograr, en tanto el oficialismo no alcanza por sí solo esa mayoría, necesitando conseguir 4 votos adicionales en el senado y 18 en diputados, o sea, depende de la voluntad política de la oposición. Digamos, entonces, que la exigencia constitucional de apoyo en ambas cámaras convierte a la creación de la UNED en una decisión de alto consenso nacional. Si se lograran los votos requeridos nacería bajo un hito central: un respaldo político amplio, un histórico consenso que le daría legitimidad y estabilidad institucional desde el arranque. El desafío es grande y quienes pertenecemos antes que nada al “Partido de la Educación”, más allá de cualquier otra filiación partidaria que tengamos, esperamos que frentistas, colorados, blancos, independientes, cabildantes y sallistas estén a la altura de las circunstancias. Veamos dos motivos decisivos para estarlo.
Calidad educativa y justicia social: pilares del proyecto
Alcanzar la formación universitaria de los docentes implica una mejora de la calidad educativa, en tanto integra debidamente, como ya habíamos señalado, la enseñanza, investigación y extensión, a la par que otorga un reconocimiento social a la profesión, elevando su consideración académica y dignificando su rol como actores centrales del desarrollo social del país. Al impulsar la investigación aplicada, con énfasis en la realidad educativa uruguaya, se van a generar aportes relevantes para mejorar prácticas y currículos, habilitando diversas trayectorias formativas, permitiendo recorridos de distintos niveles (pregrado, grado, posgrado, maestrías, doctorados), favoreciendo la movilidad académica y, sobre todo, la formación permanente, una gran carencia que tiene nuestro actual sistema educativo. A la vez, fomenta la cooperación con otras universidades públicas y privadas, garantizando reconocimiento de créditos y programas conjuntos. Es un cambio de paradigma que coloca de una buena vez a la educación en el mismo nivel de excelencia formativa que otras disciplinas universitarias, con la gran diferencia a su favor de que aquí el impacto en la calidad de la enseñanza es directo, es a corto plazo y con el beneficio de renovarse permanentemente en la proyección del largo plazo. A mejor formación académica, mejores docentes, mejores estudiantes, mejor impacto social de la educación. Y mejores posibilidades de avanzar en materia de justicia social. Los aspectos vinculados a lo socialmente justo que trae consigo este proyecto son particularmente importantes y se entrelazan con la mejora de la calidad educativa.
La UNED, a través de su contribución a una mejor formación de los educadores, aporta sustancialmente a la constitución de una sociedad más justa y democrática, constituyéndose como una herramienta para ampliar decididamente la equidad, en el marco de una sociedad uruguaya caracterizada por la desigualdad de oportunidades a nivel educativo, con brechas de más de cincuenta puntos en cuanto al egreso de la educación media entre el quintil más bajo y el más alto, con una segregación educativa que arroja cifras alarmantes (más del 80% de los estudiantes del quintil socioeconómico más bajo asisten a la educación pública, en tanto más del 70% del quintil más alto asisten a la privada, conformándose “ghettos” culturales, donde la escuela ha dejado de ser un espacio de encuentro entre clases sociales diferentes, lo cual debilita la construcción de ciudadanía compartida), donde apenas la mitad de nuestros jóvenes culminan sus estudios secundarios, donde el origen socioeconómico sigue siendo determinante en las oportunidades y en la calidad de nuestra democracia, en tanto la mitad de nuestros jóvenes no accede a una ciudadanía educativa plena. Nuestra democracia está notoriamente afectada por el actual panorama educativo y la UNED es un paso fundante para comenzar a cambiar esa acuciante realidad.
Garantizar una educación de calidad con igualdad de oportunidades es el proyecto político más ambicioso que deberíamos tener como sociedad, un mantra que debemos tener grabado en todos y cada uno de nuestros actores políticos y en la ciudadanía en general. La calidad educativa es una cuestión de justicia social, pues si no está presente o es muy desigual según el territorio, el origen social o las condiciones de vida de los estudiantes tenemos que el sistema educativo termina reproduciendo desigualdades en lugar de compensarlas (y el rol transformador de la educación se convierte en una tarea meramente reproductora de las desigualdades existentes). El proyecto de creación de la UNED es contundente al respecto: si propiciamos mejores condiciones para formar educadores tendremos mejores prácticas educativas, por lo tanto tendremos mejores niveles de aprendizaje y mayor igualdad de oportunidades.
La UNED no garantiza automáticamente y por si sola mejores resultados educativos (hay otras condiciones sociales que pesan y se requiere de políticas públicas integrales), pero genera condiciones institucionales que hoy no están debidamente presentes, que hoy no están debidamente desarrolladas, como la investigación sistemática, la formación de posgrado, la producción de conocimiento pedagógico, la tarea de extensión y la evaluación cualitativa, todo lo cual es particularmente relevante, por cierto, para los estudiantes que parten de situaciones más desfavorables.
Por otra parte, el proyecto impulsa la debida autonomía y cogobierno, pilares que garantizan que la futura universidad funcione con legitimidad académica, independencia política (hoy no la tiene el CFE, dependiente de los actores políticos de turno) y participación democrática. La independencia académica asegura que las decisiones sobre los planes de estudio no dependan de los vaivenes políticos u otros intereses externos a la propia institución (como también sucede hoy día con el CFE). A su vez, facilita la efectiva libertad de cátedra -protegiendo el derecho de los docentes a enseñar y producir conocimiento crítico sin presiones político partidarias de ningún tipo, lo cual también redunda en la mejora de la calidad educativa- y construye el necesario reconocimiento internacional, pues la autonomía es una de las condiciones requeridas para integrarse en redes académicas globales y garantizar la movilidad de estudiantes e investigadores.
El proyecto plantea, concretamente, que la UNED tenga un Consejo Directivo Central, un Rectorado y una Asamblea General, la cual estaría integrada por docentes, estudiantes y egresados, los cuales serán electos por sus pares en un formato de cogobernanza. En cuanto al cogobierno -asunto que suele quedar en el ojo de la tormenta y ser muchas veces la excusa para no mirar en términos generales la importancia de apoyar la creación de la UNED-, su implementación es la que habilita que los distintos actores institucionales influyan en la orientación académica, evitando caer en un modelo vertical y excluyente, logrando el necesario equilibrio institucional en tanto distribuye el poder de la toma de decisiones, evitando que quede concentrado en autoridades políticas o administrativas (la gran falencia que sigue tenido hoy en día el CFE, insisto con este punto, es que es dependiente de las autoridades políticas del CODICEN de la ANEP, las que generalmente suelen estar hace años por fuera de las aulas educativas del país, cayéndose en una falta de percepción de la realidad del espacio territorial educativo que afecta negativamente en las políticas que intentan llevarse adelante, chocando permanentemente con los colectivos docentes, que sí están en la primera línea del sistema educativo y no suelen ser escuchados en sus propuestas). El cogobierno, a diferencia de otros formatos de gobernanza, genera legitimidad en las decisiones, en tanto han sido debatidas y consideradas por los distintos actores y órdenes institucionales.
Calidad educativa y justicia social son el vínculo más estrecho que el proyecto de la UNED coloca sobre la mesa. Y esto tiene una incidencia fundamental a la hora de pensar el país que queremos y también al analizar sus actuales injusticias y discriminaciones, como las que todavía siguen estando muy presentes entre Montevideo y el interior.
El interior también existe (y debe priorizarse)
La UNED trae consigo la ampliación del acceso a estudios universitarios en todo el país, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa. Este punto es fundamental: descentralizar la formación universitaria es un debe que tenemos, más allá de algunos avances que se han tenido en las últimas décadas. Aprovechando la actual estructura del CFE, con su red de institutos existentes a lo largo y ancho de nuestro territorio, la UNED asegura la posibilidad de estudiar y obtener un título universitario sin la habitual necesidad de tener que trasladarse a Montevideo. Los jóvenes del interior no deberían tener que abandonar su localidad ni sus familias asumir altos costos económicos para acceder a una formación universitaria de calidad para sus hijos. La descentralización no es simplemente una cuestión administrativa sino una política de igualdad territorial, de justicia social. La UNED no solamente llevaría estudiantes hacia la universidad sino que lleva la universidad hacia las comunidades. La propia universidad se vería beneficiada en su rol, convirtiéndose decididamente en un actor de desarrollo social y educativo de los diversos territorios que conforman nuestro país. Su impacto se reflejaría, por ejemplo, en que los futuros docentes pueden poner sus conocimientos directamente a nivel de sus localidades, fortaleciendo sus escuelas y liceos, aquellos espacios en donde ellos mismos fueron estudiantes en sus etapas básicas y que conocen mejor que nadie. Estas son razones para apoyar la creación de la UNED desde la equidad territorial que traería consigo y, en tal sentido, el apoyo de los referentes políticos locales (los Intendentes, particularmente) será decisivo, más allá de la pertenencia a tal o cual partido. Hay allí una responsabilidad con el ciudadano del interior que es clave colocar en escena: la UNED contribuye a equilibrar oportunidades entre Montevideo y el resto del país. La instalación de sedes universitarias trae consigo empleo de calidad, dinamiza la economía local y fortalece el tejido social, a la par que evita, como ya hemos señalado, la migración forzada a la capital. Sin lugar a dudas, acompañar la creación de la UNED marca un compromiso de los líderes políticos del interior con la descentralización y la equidad, apoyando a las familias, a las vecinas y vecinos de todos los rincones de nuestros departamentos. Es una clara oportunidad para otorgar al interior la debida voz y protagonismo en la construcción del futuro educativo del país, marcando un hito en la democratización del acceso a la educación superior. Se debe invertir decididamente en la igualdad de oportunidades. No se trata solamente de pedirle el voto partidario al ciudadano cada cinco años sino de mejorar efectivamente sus condiciones de vida durante tal período.
¿Ya contamos con el CFE, lo cual hace innecesaria a la UNED, inflando el presupuesto?
Lo primero a dejar en claro es que el CFE no es universitario y fue creado como un órgano en transición, careciendo de autonomía y de cogobierno. Por lo tanto, no cumple con las funciones plenas de una universidad. La Ley General de educación de 2008 estableció, como ya habíamos señalado, que el CFE debía transformarse a mediano plazo en un instituto universitario de educación, por lo cual no estamos frente a un “gasto” nuevo (la educación siempre es inversión, por cierto), sino ante la concreción de una obligación legal y política que viene siendo postergada una y otra vez (por falta de voluntad política, ciertamente). Nuestro país necesita una universidad dedicada exclusivamente a la educación, una institución que sea capaz de generar investigación pedagógica y didáctica de primer nivel, con una estructura que realmente asegure esa producción sistemática de conocimiento, algo que el actual CFE no posee. La UNED no duplica el CFE, sino que parte de él y le mejora sustancialmente, comenzando por tomar su infraestructura edilicia, evitando “gastos nuevos e inútiles”. Los institutos y sedes distribuidos en todo el país del CFE serán la base física de la nueva universidad, adaptándolos y reorganizándolos e integrando las carreras de formación ya existentes (maestros, profesores, educadores sociales, maestros técnicos) al nuevo marco universitario, elevando así su rango y prestigio académico.
El presupuesto adicional que requiera se justifica largamente como inversión estratégica en equidad territorial, calidad educativa, prestigio docente y justicia social. La mirada debe ser a largo plazo y en perspectiva país. Volvemos al comienzo: asistimos a un momento histórico a nivel educativo que requiere de la voluntad de todos. Acá no se trata de evitar que el oficialismo grite un gol (parece ser que los uruguayos estamos condenados a las analogías futboleras), sino de gritarlo todos juntos. Que la oposición acompañe este proyecto (y particularmente aquellos que tienen responsabilidades políticas en el interior del país) supondría un acto de compromiso reconocible por todos y cada uno de los uruguayos, más allá de sus preferencias partidarias. Si lo que nos une es la búsqueda de calidad educativa y la justicia social y no hay demagogia alguna en los discursos que desde diversas tiendas políticas durante años vienen gritándose a los cuatro vientos, hoy lo que nos une es hacer finalmente realidad el proyecto de creación de la UNED.
Quienes militamos día y noche desde el aula y en el argumentado debate público por una mejor educación para todos y todas esperamos esa señal de voluntad política que nos haga mejores como sociedad sin mezquindad alguna y elevando la mirada para poder construir un mejor Uruguay. Depende de nosotros y de nadie más la sociedad que le estamos dejando a las futuras generaciones. Se puede y se debe ser mejores.






