La violencia patriarcal en Uruguay

La movilización estudiantil en reclamo de medidas institucionales que garanticen, promuevan y protejan espacios educativos libres de violencia basada en género no se hizo esperar. Asimismo, se manifestó un amplio rechazo hacia las voces de las autoridades de la Udelar —entre ellas, la del rector y decanos— , así como también hacia la del propio presidente del país, que minimizaron la gravedad de lo sucedido al tratarlo como un caso excepcional o aislado.

Intento de femicidio, violencia estructural y salud mental:

Al escuchar esas palabras, fue inevitable preguntarme: ¿un caso excepcional? ¿un caso aislado? ¿es en serio? Tampoco lograba comprender la literalidad de un discurso que calificaba el hecho como una desgracia, pero que, al mismo tiempo, instaba a no entrar en pánico por ello. A esto se suma la visión reduccionista que considera la salud mental como un mero “capítulo” dentro de un problema más amplio y real: la violencia estructural, en la que la educación y la socialización de valores y patrones culturales desempeñan un papel decisivo.

Un intento de femicidio dentro de una institución educativa, además de ser producto del modo en que somos educados y de los valores bajo los cuales somos socializados, es también consecuencia de un aspecto esencial como lo es la salud mental. En otras palabras, la salud mental de todas las personas —víctimas y victimarios— no puede reducirse a un simple “capítulo” dentro del análisis de la vulneración sistemática de los cuerpos basada en la violencia estructural.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende la salud mental como un estado de equilibrio y templanza, que permite a las personas afrontar las situaciones de estrés cotidianas, desarrollar sus capacidades, aprender y trabajar de manera adecuada, integrándose y participando activamente en su entorno. Esto implica reconocer que, al hablar de salud mental, no nos referimos únicamente a la presencia de trastornos psíquicos, o trastornos de personalidad y de consumo, sino, sobre todo, a una forma de vida colectiva sustentada en el desarrollo físico, emocional y social de las personas.

Este bienestar debe estar respaldado por acciones, políticas, marcos normativos y redes comunitarias que promuevan la salud integral y prevengan desequilibrios capaces de derivar en situaciones de riesgo. Sin embargo, a simple vista se evidencia que dicho respaldo es prácticamente inexistente, ya que la violencia

estructural, sostenida por la ideología patriarcal, continúa manifestándose en los diversos ámbitos de la vida y de las relaciones humanas, vulnerando especialmente los cuerpos marcados como territorios de acoso, abuso, violación, explotación y subordinación.

En definitiva, lo que intento decir es que la violencia estructural es, en sí misma, una manifestación de una salud mental colectiva y socialmente comprometida en su bienestar biopsicosocial, y no un problema meramente individual. Se trata de un fenómeno complejo que abarca múltiples dimensiones, afecta a todas y todos de innumerables maneras y frente al cual el Estado mantiene una deuda ineludible que se extiende por más de un siglo.

El Estado debe procesar y condenar a los agresores:

Es fundamental aclarar que reconocer las causas estructurales de la violencia de género no implica justificar ni eximir de responsabilidad a quien comete un intento o un delito de femicidio. El daño está hecho, y por ello el agresor no puede quedar impune.

El Estado debe asumir su función de proteger a las víctimas directas y a sus familias, garantizarles las condiciones necesarias para una reparación integral y asegurar el acceso a vías y mecanismos judiciales efectivos, adecuados, imparciales y gratuitos que permitan atender la violencia ejercida sobre sus cuerpos, su libertad y sus vidas.

No hacerlo implicaría, por parte del Estado, una grave negligencia y una falta de efectividad en el cumplimiento de su responsabilidad, no solo como juez y garante de investigar, procesar y condenar a los agresores, sino también como agente de prevención frente a estas prácticas degradantes, perpetradas tanto por actores públicos como privados.

Deuda estatal frente a la necesidad apologética de una mirada verdaderamente transformadora y feminista:

Dicha deuda, histórica y estructural, tanto en materia de salud mental como en la garantía de una educación que promueva la equidad, la seguridad y la convivencia libre de violencia —especialmente de género—, constituye una de las raíces del problema. Cabe aclarar que no se trata únicamente de una deuda presupuestal, basada en la falta de recursos o políticas públicas, sino también de una deuda ideológica, sostenida por una estructura patriarcal al servicio de intereses ajenos a las necesidades, derechos y libertades fundamentales de las mujeres y los cuerpos feminizados.

Esto significa que el Estado uruguayo todavía sostiene y reproduce violencia de género a partir de un conjunto de creencias, ideas, valores, costumbres, prácticas, tareas, criterios, normas y estructuras de poder, construidas socialmente y que

perpetúan desigualdades y discriminación hacia las mujeres y los cuerpos feminizados.

Desde este contexto, se evidencia la persistencia de una ausencia apologética estatal frente a la necesidad de una mirada verdaderamente transformadora y feminista, capaz de cuestionar los patrones culturales y estereotipados, los procesos educativos y las formas de sociabilidad que hacen posible la violencia patriarcal y comprometen la estabilidad de la salud mental colectiva.

En resumen, entiendo que este nuevo episodio femicida se suma a muchos otros que evidencian el profundo deterioro moral, cultural y normativo de nuestra sociedad, así como el deficiente funcionamiento del Estado en materia de respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos fundamentales —entre ellos, la vida, la salud mental y la educación—.

Ejemplos de violencia patriarcal en Uruguay:

Ejemplos de violencia patriarcal en Uruguay se evidencian no solo en los hechos más visibles y brutales —como el femicidio, la violación, la explotación sexual o la violencia doméstica—, sino también en los discursos, las instituciones y las prácticas cotidianas que normalizan las relaciones jerárquicas y asimétricas entre los cuerpos.

Dichas relaciones de poder que atribuyen valores diferentes a lo femenino y masculino, propias de las sociedades occidentales y neoliberales, sostienen la existencia incuestionable de cuerpos dominantes y opresores —los hombres masculinizados— y cuerpos dominados y oprimidos —las mujeres y los cuerpos feminizados—.

a) Violencia de género en los discursos públicos recientes:

En los discursos, un ejemplo elocuente de violencia patriarcal y neoliberal lo constituyen las declaraciones públicas ya mencionadas que minimizaron el intento de femicidio, al presentarlo como un hecho excepcional, “que no alcanza ni los dedos de una mano”. Esta afirmación, pensada desde las puertas hacia adentro de la institución, busca desconocer o desestimar que fuera de ese ámbito existen numerosos casos que evidencian la persistencia de la violencia patriarcal en todo el país.

En realidad, lo acontecido dentro del centro de estudios no fue un hecho que surgiera exclusivamente en la Facultad ni un problema circunscrito al ámbito educativo y a dos personas particulares, sino el reflejo de una problemática que atraviesa a toda la sociedad. La violencia no nace en la institución: está presente en todos los ámbitos sociales.

Aun así, el intento de femicidio contra la estudiante constituye un punto de quiebre significativo en la vida universitaria, donde se toma conciencia de que los centros educativos han dejado de ser —o quizás nunca fueron— espacios verdaderamente inclusivos, libres de discriminación y seguros para la protección de sus diversos estudiantes.

b) Violencia de género a nivel institucional:

Esto deja entrever que, a nivel institucional, la Udelar evidencia una marcada insuficiencia en los protocolos de actuación y prevención frente a la violencia patriarcal. Desde este lugar, se observa una débil incorporación de la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de las medidas protocolarias, a pesar de que la Universidad cuenta, desde el 5 de abril de 2021, con la aprobación de una Política Institucional sobre Violencia, Acoso y Discriminación.

De manera concomitante, a nivel estatal se advierte la dificultad en la aplicación progresiva de lo dispuesto en las distintas leyes uruguayas que ratifican tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994).

Asimismo, esta afectación alcanza a la Ley N.º 19.580 sobre Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, aprobada como accion afirmativa estructural y en concordancia con dichas convenciones y con los principios de “igualdad y no discriminación” y “no regresividad” que ellas mismas promueven, ademas de establecer obligaciones positivas de prevención, atención, protección, sanción y reparación.

Todo esto pone de manifiesto cierta fragilidad del bloque constitucional —es decir, la poca coherencia entre la norma interna y la internacional—, evidenciando cierta brecha existente entre el compromiso formal asumido por el Estado como garante de los derechos y libertades de los cuerpos históricamente atravesados por ideologías patriarcales y su cumplimiento material y efectivo en las diversas dimensiones de la vida social.

c) Violencia de género en las prácticas cotidianas:

A nivel de la cotidianeidad, los comentarios machistas se manifiestan como expresiones violentas que reproducen, refuerzan y justifican la violencia patriarcal y sistemática que los origina y los sostiene. Tal es el caso cuando hombres y mujeres que reproducen una ideología patriarcal culpabilizan a la persona agredida y justifican el accionar del agresor por motivos de celos, pérdida de control o “arrebato pasional”, atribuyendo la violencia a una supuesta provocación de la mujer o del cuerpo feminizado.

En estos casos, no solo se naturalizan las relaciones de violencia y se invisibiliza al agresor, sino que se deslegitima la naturaleza femicida del intento de homicidio hacia las víctimas, negando su raíz patriarcal y el motivo de género que lo hace posible. En el intento de femicidio ocurrido en la Facultad, esta deslegitimación o banalización del delito, se profundiza al pretender justificar la violencia bajo el argumento de que el atacante padece esquizofrenia.

Se trata de un argumento que cae por su propio peso dado que no toda persona con esquizofrenia representa un peligro para los demás, ni todas cometen actos violentos como consecuencia de su trastorno. Generalizar de ese modo forma parte de un discurso de poder que continúa desprotegiendo a las mujeres y a los cuerpos feminizados, tanto en su salud física y mental como en su derecho a existir, a vivir libremente y a tener una vida digna.

Las feministas no exageramos: no podemos seguir perdiendo tiempo, salud mental, integridad, dignidad, libertad ni el derecho a la vida.

Finalmente, las feministas no exageramos. Aun en un estado constante de ofensa y humillación respecto de la disposición sobre nuestros cuerpos, movimientos y autonomía, tenemos la capacidad de análisis y de construir interpretaciones complejas y teorías no hegemónicas sobre lo que nos sucede en sociedades como la nuestra.

Es claro que la violencia machista, en su pretensión de controlar nuestras ideas, sentimientos y respuestas, así como de impedir o reprochar que las hagamos públicas y manifiestas, es algo que debemos combatir y superar. Para ello, resulta fundamental ampliar nuestra participación en los espacios sociales y comunitarios, contribuyendo a la paridad y fortaleciendo la presencia de las mujeres y los cuerpos feminizados en todos los ámbitos políticos de decisión.

Hacer esto es posible desde un modelo de transformación y emancipación que sea coherente con nosotras mismas, con nuestra historia, con los arrebatos arbitrarios e irracionales que hemos sufrido por parte de terceros y con nuestras conquistas sociales, arduas y llenas de obstáculos inventados y construidos ideológica y socioculturalmente desde un modelo hegemónico patriarcal de siglos.

Esto implica reconocer, además, que la participación de los varones y de los cuerpos masculinizados es sustancial en los procesos de transformación social frente a la opresión. Se trata de comprender que ellos también sufren las consecuencias de la violencia patriarcal, al estar sometidos a mandatos de masculinidad que se imponen en sus vidas y que los limitan en sus modos de pensar, sentir y actuar.

No podemos seguir perdiendo tiempo, salud mental, integridad, dignidad, libertad ni el derecho a la vida. Es momento de reconocernos desde la diversidad, de sanar y

purificarnos del patriarcado y de construir juntos una sociedad donde vivir no sea un acto de lucha y resistencia, sino de plenitud, goce y justicia para todas las personas por igual.

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