La guerra de USA e Israel contra Irán cuestiona varias hipótesis iniciales. La prolongación del conflicto sugiere que, en las guerras contemporáneas, la resistencia resultaría tan decisiva como la capacidad de destrucción.
Repensando la constitución uruguaya en materia de Derechos de la Naturaleza.
Uruguay: tierra de saqueo, extractivismo y desprotección medioambiental: Plantas celulosas.
Haciendo memoria, en los últimos tiempos Uruguay ha enfrentado diversas crisis medioambientales de gran relevancia, que incluyen pérdidas y derrames de sustancias tóxicas —como ácido sulfúrico y soda cáustica en grandes volúmenes— en arroyos y cursos de agua del territorio nacional, generando un impacto degradable en los ecosistemas y en la biodiversidad circundante.
Estos eventos extremos fueron ocasionados por irregularidades en el funcionamiento de las Plantas de Celulosa: la de Fray Bentos (2007), la de Montes del Plata (2014) y Pasos de los Toros (2023). Cabe mencionar que se está proyectando la creación de una cuarta fábrica de celulosa.
A esta problemática se suman fugas de gases y emisiones de olores desagradables provenientes de dichas plantas, ocasionadas por roturas de cañerías y otros desperfectos que, en muchos casos, son constatados tardíamente debido a demoras en la presentación de informes ante el Ministerio de Ambiente. Esta situación podría interpretarse como un intento de ocultar información.
En este contexto contaminante, las consecuencias han sido graves pero ampliamente advertidas en varias ocasiones por activistas, agrupaciones ecologistas y asambleas ambientales de las zonas afectadas. Entre las consecuencias visibles se destacan la muerte innecesaria de peces —sobre todo en Sauce y el Rio Negro—, la afectación de la flora acuática y la degradación de la calidad del aire que respiran los diversos seres vivos, humanos y no humanos —en cuanto especie—, afectando la calidad de vida.
Uruguay: tierra de saqueo, extractivismo y desprotección ambiental: crisis hídrica.
A ello se suma la sequía extrema de 2023, declarada emergencia hídrica y considerada la más severa registrada en los últimos 74 años en el país. El embalse de Canelón Grande se había secado, la de Paso Severino había alcanzado los niveles históricamente más bajos y el río de Santa Lucía podía apenas aportar un mínimo de agua dulce. Frente a esta situación, el gobierno uruguayo —bajo el mandato de Lacalle Pou— y OSE, implementaron medidas urgentes a modo de encontrar soluciones rápidas, aunque poco seguras para la salud humana.
Se decidió aumentar, como medida excepcional y temporal, la salinidad del agua corriente a finales de abril y de forma sostenida a comienzos de mayo, superando el
valor máximo permitido de sodio, de 200 mg/L, establecido por la OMS (2021), llegando a alcanzar concentraciones de hasta 440 mg/L.
También el nivel de cloruros incrementó hasta 720 mg/L, excediendo el límite recomendado por la OMS de 250 mg/L. Asimismo, la mezcla de diversas sustancias en el agua, junto con la aparición de compuestos como triclorometano (CHCl₃, cloroformo), abrió la posibilidad de exposición gratuita al consumo de agentes potencialmente cancerígenos.
Las dificultades de acceso al agua potable afectaron principalmente a los hogares de familias y personas en situación de mayor vulnerabilidad económica, pese a la implementación de bonos con descuentos de 20 y 30% para la compra de bidones y botellas de agua. Esta problemática también impactó en quienes padecen enfermedades crónicas —como insuficiencia renal y cardíaca, hipertensión arterial y cirrosis severa—, así como en mujeres embarazadas y lactantes, además de infancias y adolescencias.
En efecto, la crisis hídrica evidenció un problema estructural persistente que refleja la fragilidad del Estado en su función de garantizar el derecho humano fundamental al acceso y disfrute del agua potable y al saneamiento para toda la población del territorio. Esta situación, además, compromete su capacidad de asegurar otros derechos esenciales, como la vida y la salud de las personas.
Resulta especialmente paradójico este escenario, considerando que Uruguay fue pionero en reconocer el acceso al agua y al saneamiento como pilares básicos para la dignidad y el bienestar social. Así lo establece el artículo 47 de su Constitución, consagrando la protección del medio ambiente como condición indispensable para la garantía efectiva de los derechos humanos de sus habitantes.
Ahora bien, activistas sostienen que ¡No es sequía, es saqueo!. Expresan que dicho estado de emergencia no se debió exclusivamente a la falta de lluvias asociada al fenómeno climático La Niña. Por el contrario, es el efecto a largo plazo de políticas y acuerdos subordinados a intereses corporativos y multinacionales de décadas, fundados en convenios regidos por una lógica neoliberal que convierte el agua en recurso para la apropiación y sobreexplotación, anteponiendo el beneficio privado sobre el bienestar colectivo.
Uruguay: tierra de saqueo, extractivismo y desprotección ambiental: prospección sísmica 3D.
También debe preocupar la reciente autorización para realizar prospección sísmica 3D en las costas del país. Se trata de una técnica geofísica que construye imágenes tridimensionales del subsuelo marino mediante la emisión de pulsos acústicos de alta intensidad para registrar datos y conocer sus estructuras geológicas.
En 2025, cuatro empresas internacionales firmaron contrato con ANCAP y los trabajos se ejecutaron entre el 28 de febrero y el 12 de abril de 2026, con planes de retomarlos en noviembre del año corriente hasta abril de 2027. El objetivo consiste en evaluar la presencia de hidrocarburos —petróleo— en el subsuelo marino uruguayo, con la expectativa de sumarse a una incipiente “fiebre del oro negro”.
Según se cree, dicho hallazgo traería aparejada una prosperidad económica sin precedentes para nuestro país. Pero a la vez, plantea serios riesgos ambientales y sociales, además de incumplimientos con normativas internacionales de protección marítima y ambiental.
Entre los principales riesgos, se constata que los impulsos sísmicos —que alcanzan entre 230 y 260 decibeles y pueden viajar cientos de miles de kilómetros— generan desplazamiento, desorientación, estrés, lesiones irreversibles e incluso la muerte en especies costeras como mamíferos marinos, peces, tortugas, aves y organismos microscópicos. Esto equivale a afirmar que se comprometen áreas y especies marinas prioritarias de conservación.
Dicha situación configura un escenario de acciones y decisiones que vulneran los compromisos asumidos por Uruguay en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y en convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI). Al hacerlo, se pone en tensión la responsabilidad ética del país, debilitando su imagen como territorio sensible frente al problema de la contaminación y la protección ambiental.
Asimismo, según experiencias en otros países, se muestra que los estudios sísmicos reducen significativamente las capturas pesqueras, afectando la economía local y el bienestar en la vida de quienes dependen de los recursos marinos. Los pesqueros artesanales de nuestro territorio ya denunciaron esta realidad. A ello se suma el impacto negativo sobre el turismo, que encuentra en Uruguay un atractivo por su imagen de país natural y verde que pronto dejará de existir como tal.
Aquí se evidencian las dificultades del Estado para garantizar de manera efectiva los derechos humanos fundamentales de la población, al no lograr preservar la salud ambiental. En este sentido, conviene recordar que nuestra tradición jurídica incorpora “el medio ambiente como un elemento a proteger en aras de proyectar la agenda de los derechos humanos y el derecho a vivir en un medio ambiente sano en conexión con la vida, integridad física y salud de los seres humanos”(CLAEH, p.46).
Esto implica que, en la medida en que el Estado no consigue proteger el entorno natural frente a procesos industriales contaminantes y situaciones que afectan la
salud ambiental, tampoco logra salvaguardar derechos esenciales de las personas, como el derecho a la vida, al trabajo y a la alimentación saludable, entre otros.
Uruguay y su enfoque antropocéntrico occidental en la protección del medio ambiente.
A partir de los ejemplos mencionados, se evidencia que el Estado uruguayo demuestra una falta de compromiso real con la protección del medioambiente y con el despojo de nuestros recursos naturales y finitos, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Ambiente por monitorear la operatividad de las grandes industrias y mitigar los impactos inmediatos o efectos a largo plazo mediante medidas de precaución.
Esta falta de compromiso responde al enfoque antropocéntrico, de raíz occidental, que Uruguay conserva en sus normativas éticas y jurídicas. Dicho enfoque concibe la protección del medio ambiente de manera instrumental y utilitaria, en tanto “solo de esa forma es posible que el ser humano goce, y pueda hacer efectivos, sus derechos humanos vinculados con el medio en el cual habita” (CLAEH, p.44).
Por implicación,la naturaleza queda reducida a ser una mercancía, sujeta a transformación, explotación, intercambio y negociación, con estatus de “bien jurídico protegido” que opera solamente como medio —un fin intermedio— para garantizar los derechos humanos, en lugar de ser reconocida como un fin en sí misma, dotada de dignidad propia y valor intrínseco.
Esto equivale afirmar que padece alienación de su esencia, obligándola a permanecer al servicio de una realidad capitalista que convierte la vida toda y las cosas en simples objetos, subordinados todos ellos al “valor de cambio” impuesto por el mercado global y privado, violando su condición digna de existencia.
Esa forma de concebir la naturaleza encuentra un fundamento ontológico occidental sustentado por “la gran división” o “modelo cosmológico dicotómico” que separa la realidad en dos entidades jerárquicamente diferenciadas: Naturaleza, en representación de lo “no humano”, y la Cultura, como expresión de “lo humano”.
Desde esta perspectiva —que no es natural, sino históricamente construida—, la cultura ocupa un lugar de privilegio, mientras que la naturaleza se presenta como algo dado al hombre; y este, “gracias a su capacidad de razonar, conocer y crear, podrá controlar los límites naturales —inventando algo con qué sustituir los recursos y materiales energéticos degradados—” (Bello Barreiro, 19 de enero). Al menos eso es lo que cree.
Asimismo, este ser dominante pero ingenuamente optimista que es el hombre, podrá adaptar la naturaleza a sus propias necesidades, situándola en un lugar de
subordinación e inferioridad, con el interés de mejorar y prolongar la calidad y el tiempo de vida de la especie humana. Dicho así, se refuerza un marcado especismo —es decir, una forma de dicriminación que establece relaciones de poder entre las diversas especies—, favoreciendo nuestra especie por encima de cualquier otra.
Por lo tanto, se interviene, se modifica y se protege la naturaleza en la medida en que sirve al bienestar económico, a la salud y vida humana en general, siendo impensable reconocerla como algo más: es decir, como sujeto de derechos. Para la política uruguaya, es claro que la Naturaleza carece de derechos fundamentales que deberían ser también preservados, invisibilizando su condición de existencia digna.
Voces activistas en defensa de una relación justa y respetuosa entre los seres humanos con las diversas especies y la naturaleza.
Por fortuna, existen voces activistas que luchan por su protección y que contribuyen a generar conciencia ambiental, así como conciencia sobre los derechos naturales de las diversas especies y la naturaleza en su conjunto. Gracias a sus iniciativas, se abre un horizonte de cuestionamiento de los enfoques y modelos hegemónicos, promoviendo una actitud filosófica y de liberación.
Se trata de una actitud del pensamiento y el sentimiento, orientada a construir una relación justa y respetuosa entre los seres humanos con las diversas especies y la naturaleza. Ya no entendida esta última como algo que fue dado al ser humano, sino como nuestro lecho común y materno: la Madre Tierra o Pachamama que nos acoge incondicionalmente.
Se trata del espacio vital que compartimos y que nos provee a todos de recursos finitos, en el cual habitamos de manera natural y en conciliación —humanos y no humanos—, sin precio ni permiso. Sin embargo, bajo la lógica dicotómica de occidente y en función de la interpretación distorsionada que hacemos de la realidad bajo las gafas impuestas por la ideología capitalista y neoliberal, es que muchos de nosotros, nos hemos vuelto incapaces de ver, vivir, convivir, pensar y sentir de ese modo la realidad.
Ecuador y su enfoque biocéntrico en la protección del medio ambiente.
Poniendo como ejemplo a seguir, tenemos la Constitución de Ecuador (2008). Esta se erige como pionera al tomar distancia del purismo y la hegemonía antropocéntrica que aún prevalece en países como el nuestro, reformulando esa visión y consagrando, en sus artículos 71 al 74, una perspectiva biocentrista sobre la Naturaleza o Pachamama (Madre tierra).
Desde este lugar, se incorporan elementos del pensamiento ancestral —no occidental—, propio de pueblos originarios e indígenas que nunca tuvieron voz en el mundo del Derecho Constitucional. Allí, se reconocen los derechos inmutables, imperecederos e intransferibles de la Naturaleza, otorgándole un estatus jurídico propio y afirmando su valor intrínseco más allá de su utilidad para el ser humano.
Establece que la Naturaleza como titular de derechos, debe ser respetada integralmente en cuanto a su existencia, mantenimiento, restauración y regeneración de sus ciclos vitales, así como en su “estructura”, “funciones” y “procesos evolutivos”. Este derecho confiere obligación moral a sujetos cognoscentes como nosotros, capaces de tener conciencia de nuestros actos y capaces de decir NO frente a los impulsos o deseos destructivos.
En concordancia, se decreta la obligación del Estado de promover la concientización ciudadana y de adoptar medidas eficaces de precaución y restricción para “eliminar o mitigar” los impactos inmediatos o efectos a largo plazo que resulten ambientalmente nocivos, tales como la extinción de especies, la degradación y destrucción de ecosistemas o la alteración de los ciclos naturales.
Al mismo tiempo, se establece que las “personas”, “comunidades”, “pueblos” y “nacionalidades” pueden beneficiarse del ambiente y de sus recursos o riquezas naturales para alcanzar el “buen vivir”. Se puede acceder a esos beneficios —según entiendo— mediante la fuerza de trabajo y actividades productivas y/o de consumo, pero, despojadas de acciones e intenciones indebidas y desmedidas de apropiación o explotación, preservando así el equilibrio entre el bienestar de la vida humana y la integridad de la naturaleza en su conjunto.
El biocentrismo como un enfoque ético de reciprocidad y respeto de la dignidad de todos los seres vivos.
En definitiva, lo que se promueve es una igualdad ontológica —en cuanto a especie y condición de existencia— entre todos los seres vivos y en relación con la madre común que los sustenta. Ella, la pachamama, es quien sostiene la vida y posibilita el bienestar a través de sus elementos naturales.
Los seres vivos debemos utilizar esos recursos con responsabilidad y conciencia ambiental, sin asumir que una especie posee un dominio particular sobre ellos en detrimento de los demás. Esta visión sitúa a los humanos como una especie más dentro del entramado del mundo natural. Esto mismo, lejos de representar una herida narcisista, constituye un verdadero despertar respecto de nuestra relación esencial con la naturaleza, reconectando con la armonía de todo lo que vive.
Sin duda, la mirada biocéntrica nos interpela, tanto en el plano moral como en el jurídico. Por un lado, promueve una ética de reciprocidad y respeto que afirma la
dignidad como un atributo inherente a todas las formas de vida, y no como un privilegio exclusivo de los seres humanos.
Por otro lado, plantea la necesidad de construir un marco jurídico positivo que establezca expresamente que la naturaleza también es titular de derechos. A través de normas y leyes positivas fundadas en la visión biocéntrica, el Estado podría asumir con transparencia ecológica y ambiental la responsabilidad de su protección y defensa.
El reclamo de atender ajustes a la constitución uruguaya con base en la perspectiva biocéntrica.
Finalmente, siendo Uruguay un país en donde la economía depende en gran medida de los recursos biológicos y naturales —tanto en la producción agropecuaria como en el turismo—, la necesidad de conservar y gestionar de manera virtuosa los diversos ecosistemas — praderas, bosques, humedales, ambientes acuáticos, costeros y terrestres— , así como la diversidad de especies prioritarias para la conservación y reproducción, resulta fundamental.
Sin embargo, ya no basta con ampliar el marco normativo en materia de conservación y uso sostenible de las mismas. Se requiere además, avanzar hacia políticas con enfoque biocéntrico y ecocentrista que contribuyan en la promoción de prácticas responsables y sostenibles en todos los sectores productivos del país.
Porque ante el saqueo, el extractivismo y la desprotección ambiental, resulta pertinente preguntarnos: ¿Cómo queremos vivir en Uruguay? ¿Qué tipo de país deseamos construir y conservar: uno verde, sano y en armonía con la naturaleza, o uno degradado, contaminado y sometido a la lógica del consumo y la explotación, provocada por la racionalidad instrumental del ser humano?
La perspectiva biocéntrica no constituye una utopía; por ende, debería comenzar a incorporarse en la agenda de discusión parlamentaria uruguaya, orientando posibles ajustes constitucionales que reflejan una visión más amplia y respetuosa por parte de los uruguayos con sus áreas y especies naturales.
Sin más que agregar por el momento, les comparto esta publicación a mis queridos lectores como una nueva oportunidad para estimular y promover el debate interno y nacional sobre el futuro de nuestras sociedades, las generaciones venideras y el medio ambiente. Los invito a seguir pensando conmigo, a imaginar y construir juntos, en sintonía con el pensar y el sentir, un Uruguay más consciente, justo, saludable y sostenible.
Porque la dignidad de todos los seres vivos — humanos y no humanos— ya no puede seguir siendo postergada en su reconocimiento y defensa. Por el contrario,
debe ocupar el centro de nuestras decisiones, acciones y esperanzas. Creo que asumir este compromiso representaría la manifestación más sincera de amor hacia nuestra Madre Tierra y la base para hacer posible la existencia de un mundo mejor para todas las formas de vida.
Bibliografìa:
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