Paseó con orgullo el candombe uruguayo por el mundo. Recibió más de una vez el apoyo de la UNESCO. Es el director de Africanía y desde hace más de 50 años continúa inspirando al conjunto Bantú. Nacido en 1937 en el Barrio Reus al Sur, Tomás Olivera Chirimini todavía sigue allí para enseñar con su bonhomía y contagiar su pasión por la cultura.
El jueves 29, a las 18 horas, en el Paraninfo de la Universidad de la República (UDELAR), se realizará el seminario “Agresión Imperialista en Venezuela, retos y desafíos del derecho internacional”. Un día después, a partir de las 18 horas, se desarrollará en la explanada de la UDELAR el festival Canto y Poesía por la Paz, con la actuación de más de 16 artistas.
Leer, escuchar los comunicados “periodísticos” a los que acceden los lectores (los más ingenuos) en Uruguay; los internacionales Deutsche Welle o France 24 o los de la prensa y radio locales, como Carve, Radiomundo, Sarandí, las oficiales, equivale a escuchar “la voz del amo” y exclusivamente o casi, sólo que presentándose a sí mismos como “objetividad periodística”, pero reproduciendo aquella sin pausa.
En pleno siglo XXI, persisten actos de violencia de género y crímenes de guerra que lejos de recibir una condena, continúan reproduciéndose con éxito en sociedades atravesadas por estructuras patriarcales. En particular, estoy pensando en la violación y la violencia sexual —en sus diversas formas— ejercidas especialmente contra mujeres y cuerpos feminizados.
Doctrina del castigo - Las recientes medidas coercitivas impulsadas por Donald Trump contra Cuba y contra los países que comercien hidrocarburos con la Isla no constituye un hecho aislado ni una excentricidad coyuntural. Son la actualización brutal de una política histórica de agresión que tiene fecha, firma y doctrina. El 3 de febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy rubricó el primer acto formal del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Con variaciones de forma y retórica, esa estrategia de castigo sistemático se ha mantenido inalterable durante más de seis décadas.
“La educación de jóvenes infractores debe orientarse a la inclusión y la ciudadanía; militarizarla es un retroceso que contradice los principios de derechos humanos.”