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El apellido también es una cuestión de igualdad

Uruguay modifica una tradición histórica y redefine el derecho a la identidad familiar
17/11/2026 Gabriel Gómez
Palacio_Legislativo_2025

El viernes 13 de noviembre de 2026, la Cámara de Representantes (Diputados) de Uruguay aprobó definitivamente el proyecto de ley que modifica el orden de los apellidos de los hijos al momento de su inscripción en el Registro Civil.
La iniciativa elimina la prioridad automática del apellido paterno y establece un sistema de igualdad entre ambos progenitores.


La Cámara de Representantes dio sanción definitiva a una reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia que elimina la prioridad automática del apellido paterno. A partir de ahora, los progenitores podrán elegir libremente el orden de los apellidos de sus hijos y, si no existe acuerdo, se resolverá mediante un sorteo. Una modificación jurídica que trasciende el trámite registral y abre una discusión sobre la igualdad, las transformaciones culturales y el reconocimiento de las nuevas realidades familiares.

Hay cambios legislativos que parecen pequeños cuando se los observa desde la dimensión administrativa, pero que adquieren una importancia mucho mayor cuando se examinan desde la historia, la cultura y las relaciones sociales. La modificación de las normas que determinan el orden de los apellidos de los recién nacidos en Uruguay pertenece a esa categoría.

El Parlamento uruguayo acaba de dar un paso significativo en una tradición jurídica que durante generaciones colocó al apellido paterno en primer lugar y al materno en una posición secundaria. La Cámara de Representantes otorgó sanción definitiva, el 13 de noviembre de 2026, a una reforma del artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo un nuevo criterio para la inscripción de niños y niñas en el Registro Civil.

La modificación elimina la preferencia automática del apellido del padre y establece que serán los progenitores quienes decidirán, de común acuerdo, cuál de los dos apellidos ocupará el primer lugar. Si no consiguen ponerse de acuerdo, el orden será determinado mediante un sorteo realizado por el funcionario del Registro de Estado Civil.

No se trata de prohibir el apellido paterno en primer lugar, ni de establecer una preferencia inversa. Se trata, precisamente, de eliminar la preferencia legal y reconocer a ambos progenitores iguales posibilidades de decisión.

Detrás de esta modificación existe una discusión mucho más profunda: ¿por qué una sociedad debe mantener en sus leyes una tradición que asigna mayor relevancia jurídica a la identidad de uno de los progenitores por encima de la del otro?

Una tradición que atravesó generaciones

Durante décadas, la legislación uruguaya estableció como regla general que los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio llevaran primero el apellido del padre y luego el de la madre, aunque permitía invertir ese orden cuando existía acuerdo entre ambos.

Ese criterio quedó incorporado en el artículo 27 de la Ley N.º 17.823, aprobada el 7 de septiembre de 2004, que dio origen al Código de la Niñez y la Adolescencia.

Posteriormente, distintas modificaciones legislativas fueron adaptando el régimen a las transformaciones sociales y familiares del país.

La Ley N.º 18.590, de 18 de septiembre de 2009, introdujo cambios en materia de adopción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Más adelante, la Ley N.º 19.075, de 3 de mayo de 2013, que estableció el matrimonio igualitario, obligó a adecuar diferentes disposiciones legales a las nuevas configuraciones familiares.

En ese proceso, Uruguay fue construyendo un marco jurídico más amplio para reconocer derechos y eliminar distinciones basadas en la orientación sexual o el estado civil de los progenitores.

Sin embargo, permanecía una contradicción: mientras se reconocía la igualdad jurídica de las distintas formas de familia, continuaba vigente una regla que otorgaba al apellido paterno una posición preferencial en las parejas heterosexuales.

La reforma aprobada ahora procura corregir esa desigualdad.

La discusión no nació en noviembre de 2026. Tiene antecedentes parlamentarios que se remontan a diciembre de 2018, cuando comenzaron a impulsarse iniciativas destinadas a modificar el régimen de inscripción de los apellidos.

El proyecto fue retomado y desarrollado posteriormente con participación de legisladores de distintas fuerzas políticas. La iniciativa que llegó a su aprobación definitiva fue impulsada por la diputada del Frente Amplio Magela Rinaldi.

El 15 de abril de 2026, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto por unanimidad: 29 votos afirmativos de los 29 senadores presentes.

La senadora informante Bettiana Díaz fundamentó la modificación a partir de una exposición de motivos elaborada en 2024, que contó con aportes de representantes de diferentes partidos políticos.

La discusión llegó finalmente a la Cámara de Representantes, que el 13 de noviembre de 2026 otorgó la sanción definitiva.

El respaldo parlamentario trascendió las fronteras partidarias. La iniciativa recibió votos del Frente Amplio y de legisladores de la Coalición Republicana, mientras que los dos representantes de Identidad Soberana votaron en contra.

El resultado demuestra que una modificación de esta naturaleza puede encontrar puntos de coincidencia entre fuerzas políticas con diferencias ideológicas importantes.

No es un dato menor en un sistema democrático donde las grandes transformaciones institucionales requieren, muchas veces, acuerdos que superan las mayorías circunstanciales.

El dato que revela una desigualdad histórica

Uno de los elementos más significativos de la discusión parlamentaria fue un dato presentado durante el tratamiento del proyecto en el Senado.

Según señaló la senadora Constanza Moreira, apenas el 3,4 % de las inscripciones había colocado el apellido materno en primer lugar.

La cifra resulta especialmente relevante porque demuestra que la posibilidad formal de invertir el orden de los apellidos ya existía, pero su utilización era extraordinariamente reducida.

En otras palabras, la existencia de una opción legal no necesariamente garantiza que las personas puedan ejercerla en condiciones de igualdad.

La norma anterior permitía modificar el orden, pero establecía una preferencia inicial. El apellido paterno era la regla y el materno constituía una alternativa que requería el acuerdo de los dos progenitores.

La nueva legislación cambia el punto de partida.

La igualdad deja de depender de la voluntad de apartarse de una tradición y pasa a convertirse en el principio general sobre el cual se organiza la decisión.

Es una diferencia jurídica importante, pero también cultural: aquello que durante generaciones se consideró natural deja de estar impuesto por la legislación.

¿Qué cambia concretamente para las familias uruguayas?

La reforma sustituye el artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia y establece nuevas disposiciones para diferentes situaciones familiares.

1. Elección libre del orden de los apellidos

Los progenitores podrán establecer expresamente cuál será el primer apellido y cuál el segundo, tanto para los hijos nacidos dentro del matrimonio como para aquellos nacidos fuera de él cuando ambos participen de la inscripción.

2. Un sorteo cuando no exista acuerdo

Si los progenitores no logran ponerse de acuerdo, el funcionario del Registro de Estado Civil realizará un sorteo en el momento de la inscripción.

El mecanismo busca evitar que la administración pública tenga que resolver la controversia mediante una preferencia predeterminada.

3. Un mismo criterio para todas las parejas

Se elimina la distinción legal entre matrimonio heterosexual y matrimonio homosexual. El nuevo régimen reconoce un criterio común para las distintas configuraciones familiares.

4. Unificación del orden entre hermanos

El orden de los apellidos definido para el primer hijo de una pareja deberá mantenerse para los siguientes, independientemente de que cambie la naturaleza o el orden del vínculo entre los progenitores.

De esta manera se procura preservar la coherencia de la identidad familiar.

5. Inscripciones realizadas por uno solo de los progenitores

La reforma también contempla situaciones en las que el nacimiento es inscripto por una sola persona.

Si la madre realiza la inscripción de un hijo nacido fuera del matrimonio, este llevará sus dos apellidos o, si no tiene segundo apellido, uno de uso común.

Si el padre lo reconoce posteriormente, su apellido pasará a ocupar el segundo lugar. Cuando el hijo tenga 13 años o más, deberá recabarse su consentimiento expreso.

En cambio, si el niño es inscripto exclusivamente por el padre, llevará primero el apellido paterno y luego el de la mujer que figure como madre en el certificado de nacido vivo.

6. Los cambios también alcanzan a las adopciones

En las adopciones plenas realizadas por matrimonios o concubinos, los adoptantes podrán elegir el orden de los apellidos. Si no existe acuerdo, el sorteo será realizado por el juez que autorice la adopción.

Cuando la adopción sea monoparental, se aplicarán las disposiciones correspondientes al único adoptante.

Además, se mantiene el principio de protección de la identidad del niño: salvo razones fundadas, deberá conservarse al menos uno de los nombres de pila que tenía en su inscripción original. Si el adoptado es adolescente, podrá acordarse la conservación de uno o ambos apellidos de nacimiento.

El reconocimiento de nuevas realidades familiares

Uno de los aspectos más importantes de la reforma es que no se limita a las parejas heterosexuales.

La modificación también responde a reclamos de familias integradas por dos mujeres o dos hombres, que durante años encontraron obstáculos administrativos y jurídicos para que sus hijos fueran reconocidos plenamente con los apellidos de ambos progenitores.

En ese sentido, tuvo especial relevancia el trabajo del colectivo Dos Mamás, que transformó experiencias concretas de dificultades y discriminación en un reclamo colectivo por igualdad de derechos.

La legislación anterior había establecido diferencias entre las parejas según su composición. El matrimonio igualitario de 2013 había representado un avance fundamental, pero todavía persistían mecanismos normativos que generaban tratamientos diferentes.

La reforma actual procura superar esa fragmentación.

El Estado deja de establecer categorías diferenciadas para determinar el orden de los apellidos y reconoce un principio común: la igualdad de derechos de los progenitores.

La discusión adquiere así una dimensión que va más allá del apellido. Se relaciona con el derecho a la identidad, el reconocimiento jurídico de los vínculos familiares y la obligación del Estado de adaptar sus instituciones a una sociedad que ha cambiado.

La igualdad también se construye desde las instituciones

En Uruguay, las transformaciones vinculadas con los derechos de las mujeres han recorrido un camino largo y complejo.

La incorporación progresiva de derechos políticos, laborales, educativos, civiles y familiares fue modificando las bases sobre las cuales se organizaba la sociedad.

El sufragio femenino, la ampliación de los derechos laborales, la legislación sobre igualdad de oportunidades, la ley de matrimonio igualitario y las normas de protección frente a la violencia basada en género forman parte de ese proceso histórico.

No todos esos cambios tuvieron el mismo alcance ni respondieron a las mismas circunstancias. Pero comparten una característica: cuestionaron situaciones que durante mucho tiempo fueron consideradas normales por la costumbre, la tradición o la propia legislación.

La discusión sobre los apellidos se inscribe en ese recorrido.

La ley no determina solamente procedimientos administrativos. También expresa valores, establece prioridades y transmite concepciones sobre cómo se organiza la sociedad.

Cuando una norma establece que el apellido paterno debe ocupar el primer lugar, está reproduciendo una determinada tradición de organización familiar. Aunque permita excepciones, mantiene una jerarquía simbólica.

Eliminar esa preferencia no significa desconocer la importancia del padre ni cuestionar los vínculos familiares tradicionales. Significa reconocer que la identidad de un hijo no debe organizarse sobre la base de una jerarquía jurídica entre sus progenitores.

Es una distinción importante para evitar interpretaciones equivocadas.

Un debate que también tiene una dimensión cultural

El apellido es mucho más que una referencia administrativa. Es una parte de nuestra identidad, una marca de pertenencia familiar y, en numerosos casos, un vínculo con generaciones anteriores.

Los apellidos permiten reconstruir historias, reconocer ascendencias y preservar memorias familiares.

En una sociedad como la uruguaya, formada por sucesivas corrientes migratorias y por una diversidad de tradiciones culturales, constituyen también una expresión de nuestra historia colectiva.

Por eso, la discusión no debería reducirse a una confrontación entre apellidos paternos y maternos.

No se trata de establecer cuál de los dos tiene mayor importancia afectiva, histórica o familiar. Se trata de reconocer que ambos forman parte de la identidad de los hijos y que ninguna de esas identidades debe tener prioridad por imposición legal.

El nuevo régimen deja la decisión en manos de las familias y establece un mecanismo objetivo para los casos en que no exista consenso.

La tradición podrá seguir presente, pero ya no tendrá el respaldo de una preferencia automática establecida por el Estado.

¿Qué sucede ahora?

Con la sanción definitiva de la Cámara de Representantes, el proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Esto significa que debe distinguirse entre la aprobación parlamentaria y la entrada en vigencia de la nueva normativa.

La aplicación efectiva dependerá de la promulgación, publicación y cumplimiento de las disposiciones correspondientes. También será importante conocer los procedimientos que instrumentará el Registro de Estado Civil para llevar adelante los sorteos previstos por la ley.

La reforma establece, además, una disposición transitoria: la nueva potestad de elección se aplicará al primer hijo de cada pareja que nazca después de la entrada en vigencia de la norma.

Por tanto, no supone una modificación automática de los apellidos de todos los niños y adolescentes que ya fueron inscriptos.

Se trata de una nueva regla para las inscripciones alcanzadas por la legislación.

Una sociedad que cambia también cambia sus leyes

La aprobación de esta reforma permite observar algo más profundo que una modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Las sociedades no permanecen inmóviles. Cambian sus estructuras familiares, sus formas de convivencia, sus relaciones laborales y sus concepciones sobre la igualdad.

Las leyes, por su parte, tienen la responsabilidad de acompañar esos procesos, garantizar derechos y evitar que las instituciones reproduzcan desigualdades que ya no encuentran justificación en una sociedad democrática.

Uruguay ha construido históricamente una tradición de legislación social y de ampliación de derechos. Desde las primeras reformas laborales del siglo XX hasta las transformaciones más recientes en materia de derechos civiles, el país ha tenido momentos en los que decidió revisar sus propias estructuras normativas.

La modificación del régimen de apellidos es parte de ese proceso.

No resolverá por sí sola las desigualdades de género, no transformará automáticamente las relaciones familiares ni eliminará las diferencias que todavía persisten en la sociedad. Pero introduce una señal institucional concreta: el Estado no debe establecer privilegios simbólicos cuando se trata de reconocer la identidad de los hijos y los derechos de sus progenitores.

Al final, la cuestión es sencilla y profunda al mismo tiempo.

Un niño no debería llevar primero el apellido de su padre porque así lo establece una tradición legal, ni el de su madre porque una nueva norma lo imponga en sentido contrario.

Debería llevarlos en el orden que su familia decida, en condiciones de igualdad.

Y cuando esa decisión no sea posible, el Estado deberá ofrecer un mecanismo imparcial.

El apellido seguirá siendo una parte esencial de la historia de cada persona. Lo que cambia es el principio sobre el cual se decide su orden.

Uruguay no está eliminando una tradición familiar. Está dejando de convertir esa tradición en una obligación legal. Y en esa diferencia reside, probablemente, el significado más importante de esta reforma.

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