“La educación de jóvenes infractores debe orientarse a la inclusión y la ciudadanía; militarizarla es un retroceso que contradice los principios de derechos humanos.”
05/02/2026 Jorge Barrera
1. Introducción
El convenio entre INISA y el Ministerio de Defensa para “educar” a jóvenes infractores es inadecuado porque confunde la finalidad de la reinserción social con la lógica militar, introduce riesgos de disciplinamiento autoritario y desvía recursos de políticas educativas y comunitarias más apropiadas. Aunque se presenta como capacitación laboral, en realidad coloca a adolescentes vulnerables en un entorno verticalista que contradice los principios de inclusión y derechos humanos
El convenio fue firmado en enero de 2026 entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) y el Ministerio de Defensa, con respaldo del presidente Yamandú Orsi. Su propósito declarado es ofrecer a jóvenes infractores, próximos a cumplir la mayoría de edad, oportunidades de formación en áreas vinculadas a las Fuerzas Armadas. Se plantea como una estrategia de capacitación técnica y laboral, abarcando sectores como logística, sanidad y mantenimiento, dentro de un marco institucional militar.
El acuerdo busca que entre veinte y treinta adolescentes privados de libertad participen en talleres y cursos impartidos por personal militar. La intención oficial es brindar herramientas para la reinserción social mediante disciplina y aprendizaje técnico. Sin embargo, la propuesta introduce a jóvenes vulnerables en un entorno jerárquico y verticalista, donde la educación se confunde con entrenamiento castrense, generando debate sobre la pertinencia de este modelo frente a alternativas civiles más inclusivas y democráticas.
El convenio entre INISA y el Ministerio de Defensa resulta inadecuado para la reinserción social y educativa de adolescentes porque confunde la finalidad pedagógica con la lógica militar. La educación debe promover inclusión, pensamiento crítico y ciudadanía democrática, mientras que el entrenamiento castrense se basa en disciplina rígida y obediencia jerárquica. Al situar a
jóvenes vulnerables en un entorno verticalista, se corre el riesgo de reforzar estigmas y limitar su integración comunitaria, desviando recursos de programas civiles más inclusivos y transformadores
2. Encuadre
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) es el organismo estatal uruguayo encargado de la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal. Su misión principal es promover la rehabilitación y reinserción social de estos jóvenes, garantizando el respeto a sus derechos y ofreciendo programas educativos, laborales y de acompañamiento que favorezcan su integración comunitaria.
El Ministerio de Defensa Nacional cumple funciones vinculadas a la seguridad y defensa del Estado, y su formación se caracteriza por la disciplina, la jerarquía y la obediencia. La educación militar busca preparar a individuos para tareas específicas dentro de las Fuerzas Armadas, transmitiendo valores de orden y verticalidad que difieren de los enfoques pedagógicos inclusivos y participativos propios de la educación civil.
En Uruguay, diversos actores sociales y políticos han cuestionado la pertinencia de vincular adolescentes infractores con instituciones militares, señalando riesgos de disciplinamiento autoritario. En otros países, como Brasil o Chile, experiencias similares también han generado críticas por contradecir estándares internacionales de derechos humanos, que recomiendan programas comunitarios y educativos civiles para la reinserción juvenil en lugar de entornos castrenses.
3. La opción militar como elección legítima, condicionada por las circunstancias
Es legítimo reconocer que la carrera militar constituye una opción válida dentro del abanico de trayectorias profesionales que ofrece el Estado. El Ejército, como institución pública, cumple funciones esenciales y puede brindar formación técnica y disciplina. Resulta positivo que los propios adolescentes puedan elegir libremente este camino como alternativa de futuro.
Sin embargo, es necesario problematizar hasta qué punto esa elección es genuina y no condicionada por la vulnerabilidad social o la falta de oportunidades civiles. La libertad de optar por la vía militar debe evaluarse críticamente, evitando que circunstancias adversas transformen una decisión en una imposición encubierta.
4. Argumentos principales
La disciplina militar, basada en jerarquía y obediencia rígida, no puede confundirse con educación inclusiva. Mientras la pedagogía busca fomentar pensamiento crítico, participación y respeto mutuo, el entrenamiento castrense privilegia la sumisión a la autoridad. Esta confusión pedagógica limita la capacidad de los jóvenes para integrarse en entornos democráticos y comunitarios.
El convenio refuerza la estigmatización de adolescentes infractores al presentarlos como sujetos que requieren “corrección” autoritaria. En lugar de promover su inclusión mediante educación civil, se les asocia con un modelo disciplinario que perpetúa prejuicios sociales. Esto dificulta su reinserción y consolida la percepción de peligrosidad en la comunidad.
La inversión en programas militares desvía recursos que podrían fortalecer instituciones civiles como UTU, universidades, ONGs y proyectos comunitarios. Estas alternativas ofrecen formación técnica y cultural más adecuada para la reinserción social. Priorizar el ejército nacional significa relegar espacios educativos inclusivos que promueven ciudadanía, creatividad y oportunidades laborales en ámbitos democráticos.
El acuerdo contradice compromisos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing. Ambos instrumentos recomiendan programas educativos civiles y comunitarios para adolescentes en conflicto con la ley. Militarizar su formación vulnera principios de inclusión, participación y respeto, debilitando garantías fundamentales de protección juvenil.
5. Contraargumentos y refutación
Los defensores del convenio sostienen que la participación de jóvenes infractores en programas del Ministerio de Defensa les brinda formación técnica y disciplina laboral. Argumentan que el Ejército puede ofrecer capacitación en áreas útiles como logística, sanidad o mantenimiento, además de inculcar hábitos de responsabilidad y orden. Se presenta como una oportunidad concreta de reinserción mediante trabajo y aprendizaje.
Sin embargo, esta visión resulta problemática porque la formación técnica puede impartirse en instituciones civiles como UTU, universidades o programas comunitarios, sin necesidad de militarizar la educación. La disciplina que se busca debe ser democrática, basada en la participación y el respeto mutuo, no en la obediencia jerárquica castrense. De lo contrario, se refuerzan estigmas y se limita la inclusión.
Uruguay cuenta con instituciones educativas, programas de formación técnica y políticas de inclusión laboral que podrían ser fortalecidas. Invertir en convenios con Defensa desvía recursos hacia un modelo que no es pedagógicamente adecuado ni prioritario.
6. Alternativas
Los convenios con UTU, universidades y ONGs representan alternativas sólidas para la reinserción juvenil. Estas instituciones ofrecen formación técnica, cultural y académica en entornos civiles inclusivos. Al vincular a los adolescentes con espacios educativos reconocidos, se promueve su integración social y se fortalecen sus oportunidades de empleo y desarrollo personal.
Los programas de mentoría comunitaria y empleo protegido permiten que los jóvenes infractores construyan vínculos positivos con adultos referentes y accedan a experiencias laborales seguras. Estas iniciativas fomentan confianza, responsabilidad y autonomía, evitando la estigmatización y ofreciendo un camino real hacia la reinserción social mediante acompañamiento cercano y sostenido.
La educación en ciudadanía, cultura y derechos humanos es esencial para que los adolescentes comprendan su rol en la sociedad. Promueve valores
democráticos, respeto mutuo y participación activa. Al integrar estas dimensiones en su formación, se fortalece la capacidad de los jóvenes para ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades.
7. Doxa versus episteme
La medida se inscribe en un marco populista que apela a creencias arraigadas sobre la supuesta eficacia de la educación disciplinaria de antaño. Se rescatan mitos como “la letra con sangre entra”, que idealizan métodos autoritarios, ignorando avances pedagógicos contemporáneos basados en inclusión, participación y respeto a los derechos humanos.
Este discurso reproduce la idea de que la educación actual es débil frente a la rigidez de otrora, reforzando una nostalgia por modelos punitivos. Sin embargo, tales enfoques no generan verdadera formación ciudadana, sino obediencia acrítica. La pedagogía moderna demuestra que la inclusión y el pensamiento crítico son más eficaces para la reinserción social.
En tiempos de Latorre se impulsaron institutos correccionales y reformatorios que buscaban disciplinar a través de la coerción. La actual UTU tiene antecedentes en ese modelo, aunque transformados con el tiempo. Recordar este origen permite comprender cómo persisten imaginarios autoritarios que aún influyen en propuestas educativas dirigidas a jóvenes vulnerables.
La evaluación de políticas educativas no puede hacerse “a ojo de buen cubero”, sino desde la pedagogía y la investigación social. Solo el análisis científico y crítico permite determinar la eficacia de programas de reinserción. Apelar a creencias populares sin evidencia perpetúa errores históricos y limita la construcción de alternativas inclusivas.
8. Conclusión
La reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley exige programas de educación inclusiva y civil, centrados en la participación comunitaria y el respeto a los derechos humanos. Militarizar su formación confunde disciplina con pedagogía, limitando su integración democrática y perpetuando modelos autoritarios que no favorecen la verdadera rehabilitación.
La seguridad genuina no se logra mediante disciplina castrense, sino a través de justicia social y oportunidades educativas que reduzcan desigualdades. Brindar acceso a formación técnica, cultural y ciudadana fortalece la cohesión comunitaria, previene la reincidencia y construye un entorno más justo, donde los jóvenes puedan ejercer plenamente su ciudadanía.
El convenio entre INISA y Defensa es inadecuado porque militariza la rehabilitación juvenil, refuerza estigmas y contradice estándares internacionales de derechos humanos. La reinserción social requiere educación inclusiva, comunitaria y civil, no disciplina castrense. La verdadera seguridad se construye con justicia social y oportunidades educativas, no con la lógica militar.
Las alternativas posibles de reinserción deben basarse en valores democráticos, derechos humanos y participación comunitaria. La formación militar se centra en obediencia jerárquica, disciplina rígida y verticalismo, lo que contradice los principios pedagógicos de inclusión.
El jueves 29, a las 18 horas, en el Paraninfo de la Universidad de la República (UDELAR), se realizará el seminario “Agresión Imperialista en Venezuela, retos y desafíos del derecho internacional”. Un día después, a partir de las 18 horas, se desarrollará en la explanada de la UDELAR el festival Canto y Poesía por la Paz, con la actuación de más de 16 artistas.
Leer, escuchar los comunicados “periodísticos” a los que acceden los lectores (los más ingenuos) en Uruguay; los internacionales Deutsche Welle o France 24 o los de la prensa y radio locales, como Carve, Radiomundo, Sarandí, las oficiales, equivale a escuchar “la voz del amo” y exclusivamente o casi, sólo que presentándose a sí mismos como “objetividad periodística”, pero reproduciendo aquella sin pausa.
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Doctrina del castigo - Las recientes medidas coercitivas impulsadas por Donald Trump contra Cuba y contra los países que comercien hidrocarburos con la Isla no constituye un hecho aislado ni una excentricidad coyuntural. Son la actualización brutal de una política histórica de agresión que tiene fecha, firma y doctrina. El 3 de febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy rubricó el primer acto formal del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Con variaciones de forma y retórica, esa estrategia de castigo sistemático se ha mantenido inalterable durante más de seis décadas.
“La educación de jóvenes infractores debe orientarse a la inclusión y la ciudadanía; militarizarla es un retroceso que contradice los principios de derechos humanos.”