El presidente Lula ha salido muy bien en la última encuesta de la reconocida empresa Quest realizada en los primeros días de febrero. El 40% de los brasileños consideran el desempeño del nuevo gobierno como positivo, la mayoría de los apoyos están en el nordeste y la región en la que es menos popular es en el centro-este. El 24% opina que el nuevo gobierno tiene una actuación regular y 20% opinan que el gobierno de Lula comenzó mal.
El jueves 29, a las 18 horas, en el Paraninfo de la Universidad de la República (UDELAR), se realizará el seminario “Agresión Imperialista en Venezuela, retos y desafíos del derecho internacional”. Un día después, a partir de las 18 horas, se desarrollará en la explanada de la UDELAR el festival Canto y Poesía por la Paz, con la actuación de más de 16 artistas.
Leer, escuchar los comunicados “periodísticos” a los que acceden los lectores (los más ingenuos) en Uruguay; los internacionales Deutsche Welle o France 24 o los de la prensa y radio locales, como Carve, Radiomundo, Sarandí, las oficiales, equivale a escuchar “la voz del amo” y exclusivamente o casi, sólo que presentándose a sí mismos como “objetividad periodística”, pero reproduciendo aquella sin pausa.
En pleno siglo XXI, persisten actos de violencia de género y crímenes de guerra que lejos de recibir una condena, continúan reproduciéndose con éxito en sociedades atravesadas por estructuras patriarcales. En particular, estoy pensando en la violación y la violencia sexual —en sus diversas formas— ejercidas especialmente contra mujeres y cuerpos feminizados.
Doctrina del castigo - Las recientes medidas coercitivas impulsadas por Donald Trump contra Cuba y contra los países que comercien hidrocarburos con la Isla no constituye un hecho aislado ni una excentricidad coyuntural. Son la actualización brutal de una política histórica de agresión que tiene fecha, firma y doctrina. El 3 de febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy rubricó el primer acto formal del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Con variaciones de forma y retórica, esa estrategia de castigo sistemático se ha mantenido inalterable durante más de seis décadas.
“La educación de jóvenes infractores debe orientarse a la inclusión y la ciudadanía; militarizarla es un retroceso que contradice los principios de derechos humanos.”