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title: "La ética, la comunicación y el informe MacBride"
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description: "“Las necesidades de comunicación en una sociedad democrática se deben resolver mediante la extensión de derechos específicos: el derecho a estar informado, el derecho a informar, el derecho a la privacidad y el derecho a participar en la comunicación pública.” Informe MacBride et al., Un solo mundo, voces múltiples, UNESCO, 1980, p. 265."
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date_published: "2026-08-15T15:32:00-03:00"
date_modified: "2026-08-15T15:34:22-03:00"
author_name: "Fernando Buen Abad Domínguez"
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# La ética, la comunicación y el informe MacBride

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Domesticar al imperialismo monopólico de los medios requiere mucho más que preceptos de buena conducta. Todo Código de Ética periodística y el Informe MacBride nacieron de una intuición histórica fundamental: la comunicación no puede reducirse a una mercancía sometida al movimiento ciego de los intereses privados. La información es una necesidad y un derecho en toda relación social, un territorio donde se disputa la construcción de la realidad común. La Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, presidida por Sean MacBride (1980), mostró que la desigualdad comunicacional no era un accidente técnico ni una simple diferencia de recursos entre países, sino una expresión de relaciones históricas del poder capitalista. La concentración de tecnologías, agencias, redes y plataformas produce una arquitectura mundial donde unos pocos pueden narrar mientras millones quedaban relegados al papel de mercancías narradas.

A escala global, la producción y circulación de sentido está cada vez más concentrada en un pequeño núcleo de corporaciones: Alphabet/Google, Meta, Amazon, Comcast/NBCUniversal, Disney, Netflix, Sony, Paramount, Skydance, Warner Bros. Discovery y ByteDance. Su poder no se limita a poseer medios: controlan simultáneamente plataformas, algoritmos, datos, publicidad, infraestructura digital, estudios, canales, catálogos y sistemas de distribución, determinando qué contenidos se producen, cuáles circulan, qué adquiere visibilidad y cómo se organiza la atención social. Más que monopolios jurídicos individuales, constituyen un oligopolio global de la comunicación y de las relaciones de producción de sentido.

Y la dominación más eficaz no es la que impone silencio, sino la que consigue que el silencio parezca una forma de libertad. La victoria histórica de todo poder mediático no consiste en prohibir una palabra, sino en desfigurar el campo de lo decible hasta lograr que ciertas preguntas parezcan absurdas antes de ser formuladas. Allí reside la paradoja central de nuestro tiempo: nunca hubo tantas voces circulando y, al mismo tiempo, nunca fue tan profunda la concentración de los mecanismos capaces de decidir qué voces adquieren sentido social. El problema de la comunicación no comienza cuando una mentira se pronuncia; comienza cuando una estructura entera prepara las condiciones para que algunas verdades resulten inaudibles. Y en nombre de la libertad se despliega la más feroz represión.

Sin embargo, la lección más profunda del Informe MacBride permanece abierta: domesticar al imperialismo monopólico de los medios requiere mucho más que preceptos de buena conducta. Una ética sin transformación de las estructuras corre el riesgo de convertirse en una moral decorativa aplicada a un sistema cuya lógica profunda permanece intacta. Pedir responsabilidad individual a periodistas sometidos a corporaciones transnacionales que determinan agendas, ritmos y prioridades equivale a exigir pureza a quienes trabajan dentro de una maquinaria diseñada para producir dependencia. La ética necesaria no puede ser solamente una virtud personal; debe ser una reorganización democrática de las condiciones materiales de la comunicación.

Aquí aparece una inversión conceptual decisiva: solemos pensar que los medios reflejan la sociedad, cuando con frecuencia son una de las fuerzas que fabrican la forma en la que la sociedad se mira a sí misma. No contemplamos simplemente una realidad ya existente a través de las pantallas; muchas veces aprendemos a reconocer como real aquello que las pantallas han seleccionado, jerarquizado y repetido. La comunicación deja de ser un espejo para revelarse como un laboratorio de anestesia colectiva. La dominación funciona entonces no únicamente ocupando territorios, sino administrando los mapas mentales con los que interpretamos esos territorios.

Así el monopolio comunicacional no se sostiene solo por controlar empresas; se sostiene por controlar imaginarios. Define qué vidas merecen atención, qué sufrimientos adquieren visibilidad, qué memorias se preservan y cuáles se empujan hacia el olvido. La violencia simbólica opera cuando una sociedad termina aceptando como natural aquello que históricamente se construyó. La desigualdad aparece entonces como destino, la explotación como eficiencia, la destrucción ambiental como desarrollo y la subordinación cultural como modernización.

Una crítica contemporánea de la comunicación debe incorporar la perspectiva de género porque ninguna estructura de poder es neutral frente a los cuerpos. Los medios han reproducido durante décadas jerarquías donde las mujeres aparecen frecuentemente como objetos de consumo, figuras subordinadas o presencias limitadas por estereotipos que reducen su complejidad histórica. La democratización comunicacional exige transformar también los lenguajes, las representaciones y las formas de autoridad simbólica que han naturalizado desigualdades patriarcales. No basta con incluir más mujeres en los espacios mediáticos si permanecen intactas las reglas que definen qué discursos tienen legitimidad.

Del mismo modo, la crisis ecológica revela el límite de una comunicación organizada bajo la lógica del mercado absoluto. Un sistema mediático que depende de la expansión permanente del consumo difícilmente puede cuestionar con radicalidad el modelo civilizatorio que amenaza la vida planetaria. La naturaleza convertida en mercancía encuentra su equivalente simbólico en la información convertida en producto. Ambos procesos comparten una misma raíz: transformar relaciones vivas en objetos intercambiables. La defensa de la Tierra exige también una revolución de las formas de nombrarla, porque aquello que una sociedad aprende a percibir como recurso deja de ser reconocido como comunidad de vida.

Una verdadera batalla comunicacional es, por tanto, una batalla por la conciencia. No se trata únicamente de disputar canales, frecuencias o plataformas, aunque esa disputa sea indispensable. Se trata de recuperar la capacidad colectiva de interpretar el mundo sin intermediarios absolutos. Una sociedad emancipada comunicacionalmente no es aquella donde todos hablan simultáneamente, sino aquella donde todos pueden participar en la producción de sentido. La democracia profunda comienza cuando los pueblos dejan de ser audiencias y recuperan su condición de sujetos históricos. “Un solo mundo, voces múltiples” es el nombre del informe MacBride.

Entonces el desafío planteado por todo Código de Ética —y por el Informe MacBride— continúa vigente porque revela una contradicción esencial: mientras la humanidad dispone de tecnologías capaces de conectar a millones de personas, las estructuras económicas dominantes siguen utilizando esas mismas tecnologías para fragmentar, vigilar y quebrar conciencias. La paradoja de la era digital es que la abundancia de mensajes puede producir la pobreza de pensamiento crítico. Tal como el capitalismo, que es la mayor fábrica de pobreza y tristeza. Nunca hubo más información disponible y, al mismo tiempo, mayores posibilidades de desinformar mediante la saturación.

Una revolución de las conciencias no consiste en reemplazar una propaganda por otra, ni en cambiar propietarios sin cambiar relaciones. Consiste en transformar la comunicación en una práctica de libertad creadora, donde el conocimiento circule como bien común y donde la diversidad humana deje de ser una imagen administrada para convertirse en fuerza constituyente. La emancipación comunicacional será inseparable de una revolución de las conciencias: ese momento en el que las sociedades descubren que aquello que parecía natural era solamente una historia repetida con suficiente poder para ocultar su propio origen.

Señalemos que el Informe MacBride no concibió la ética de la comunicación como un simple catálogo de virtudes profesionales, sino como una responsabilidad histórica vinculada a la democratización del poder comunicacional. Sus recomendaciones éticas plantearon que la libertad de información debía inseparablemente acompañarse de responsabilidad social, pluralidad de fuentes, protección de los periodistas frente a presiones políticas y económicas, participación ciudadana en los procesos comunicativos y eliminación de los desequilibrios producidos por los monopolios mediáticos. La Comisión sostuvo que informar no podía significar únicamente transmitir datos desde centros concentrados hacia receptores pasivos, sino garantizar el derecho colectivo a producir sentidos, intervenir en la esfera pública y participar en la construcción cultural de las sociedades. Por eso, la ética propuesta por MacBride desbordaba la deontología individual del periodista: reclamaba una transformación de las estructuras que condicionan la circulación mundial de la información y proponía el derecho a comunicar como horizonte democrático.

Así el Informe MacBride comprendió que la ética de la comunicación no podía reducirse a un código de conducta profesional aplicado sobre una estructura intacta de poder. Su aporte más radical consistió en desplazar la cuestión: no basta preguntarse si quienes comunican actúan correctamente; es necesario preguntarse quién controla las condiciones en las que una sociedad puede comunicarse. Por eso sus recomendaciones éticas defendieron una comunicación entendida como derecho humano, como proceso democrático y como espacio de participación colectiva. La Comisión propuso fortalecer la responsabilidad social de los medios, garantizar la pluralidad de fuentes, impedir la concentración excesiva de los sistemas informativos, proteger la independencia profesional de los periodistas y reconocer que los pueblos no deben ser únicamente receptores de mensajes elaborados por centros dominantes, sino sujetos capaces de producir, interpretar y compartir significados. La ética comunicacional adquiría así una dimensión política y cultural: democratizar la palabra para democratizar la sociedad.

Entre sus formulaciones más significativas se encuentran: “Todo el mundo tiene derecho a comunicar”, una idea que sintetiza la ampliación del concepto clásico de libertad de expresión hacia un derecho colectivo de participación (Un solo mundo, voces múltiples, Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, UNESCO, 1980, cap. XXIX). La Comisión afirmó también que “la comunicación es un proceso de interacción e intercambio”, rechazando el modelo vertical donde unos pocos emiten y las mayorías únicamente reciben (Un solo mundo, voces múltiples, UNESCO, 1980). Asimismo, señaló que “la democratización de la comunicación implica mayor acceso, participación y autogestión”, estableciendo que la justicia comunicacional no depende solamente de disponer de medios, sino de intervenir en sus decisiones y contenidos (MacBride et al., UNESCO, 1980).

Sepamos que el Informe advirtió sobre “la concentración de los medios de comunicación en pocas manos” como un obstáculo para la diversidad cultural y política (Un solo mundo, voces múltiples, UNESCO, 1980). Esta preocupación mantiene una vigencia extraordinaria porque revela que el problema de la información no se agota en la censura visible: también existe una censura estructural producida por la acumulación de capacidad para definir agendas, prioridades y marcos interpretativos. La Comisión recomendó “una distribución más equilibrada de los recursos de comunicación entre países y regiones”, cuestionando la desigualdad internacional que permitía que determinadas naciones y corporaciones dominaran los flujos mundiales de información (MacBride et al., UNESCO, 1980).

Otro principio fundamental fue que “los medios tienen responsabilidades sociales”, una afirmación que enfrentaba la idea de una libertad de prensa desligada de sus efectos colectivos (Un solo mundo, voces múltiples, UNESCO, 1980). La libertad comunicacional, desde esta perspectiva, no podía confundirse con la libertad empresarial de imponer intereses particulares sobre el espacio público. La Comisión defendió además “la independencia de los periodistas frente a las presiones económicas y políticas”, porque una profesión informativa sometida a poderes externos pierde su función democrática (MacBride et al., UNESCO, 1980).

El Informe recomendó promover “la diversidad cultural y lingüística en los medios”, anticipando debates actuales sobre representación, género y reconocimiento de pueblos históricamente marginados (Un solo mundo, voces múltiples, UNESCO, 1980). La comunicación democrática debía expresar la pluralidad de experiencias humanas y no reproducir únicamente los códigos culturales de los grupos dominantes. Desde esta perspectiva, la igualdad comunicacional incluye también la lucha contra las representaciones que convierten a las mujeres, a las comunidades indígenas y a los sectores populares en objetos pasivos de narraciones construidas desde afuera.

Finalmente, MacBride y la Comisión insistieron en que “la comunicación debe contribuir al entendimiento entre los pueblos y a la cooperación internacional”, situando la ética comunicativa en relación con la paz, la justicia y el desarrollo humano (Un solo mundo, voces múltiples, UNESCO, 1980). Estas recomendaciones muestran que el Informe no propuso una moral para corregir excesos individuales, sino una transformación profunda de las relaciones comunicacionales. Su intuición decisiva permanece: una sociedad que no controla democráticamente sus procesos de producción de sentido termina viendo el mundo con los ojos de quienes controlan esos procesos. “Los monopolios y las concentraciones excesivas de los medios pueden constituir una amenaza para la democracia.” Informe MacBride et al., Un solo mundo, voces múltiples, UNESCO, 1980.

· Fernando Buen Abad Domínguez es rector internacional de la UICOM y director de la Cátedra Internacional Sean MacBride.

**Referencias**

MacBride, Sean et al. Un solo mundo, voces múltiples: Comunicación e información en nuestro tiempo. Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación. París: UNESCO, 1980.

UNESCO. Many Voices, One World: Towards a New More Just and More Efficient World Information and Communication Order. París: UNESCO, 1980.

Nordenstreng, Kaarle. “The Context: One World, Many Voices”. En estudios sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), UNESCO, 1980.

Hamelink, Cees J. Communication and Culture: The Case of the Information Society. Nueva York: Routledge, 1994.

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