La Suprema Corte de Justicia confirmó la condena a José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo José Medina, por el homicidio agravado de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman. Redactada por el ministro Eduardo Turell, la pena establecida es 30 años de penitenciaría, la cual lleva también la firma de los ministros Elena Martínez, Luis Tosi, Tabaré Sosa y Graciela Gatti, quien integró la Corte  reemplazando a la ministra Bernadette Minvielle, recusada por los acusados.

Cabe recordar que los imputados habían sido condenados en primera instancia en 2017 por la jueza Marcela Vargas. Sentencia ratificada en segunda instancia en 2018 por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno, Carlos García, Daniel Tapié y José Balcaldi.

María Claudia García Irureta Goyena fue secuestrada junto a su esposo, el periodista Marcelo Gelman Schubaroff, el 24 de agosto de 1976 como parte de las acciones militares clandestinas combinadas entre las fuerzas armadas argentinas y uruguayas. Tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses

María Claudia y su marido fueron recluidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti operado por grupos paramilitares y militares argentinos, con la cooperación de militares uruguayos. Permaneció allí hasta finales de septiembre de ese año 1976 y a inicios de octubre trasladada a Uruguay, donde se la mantuvo privada de su libertad, en cautiverio hasta que dio a luz a una niña. Luego de apropiarse de la bebé, la ejecutaron y enterraron en un predio militar. Sus restos aún no han sido hallados.

La sentencia afirma que “todos los involucrados: Gavazzo, Arab Fernández, Vazquez Bisio, Silveira Quesada y Medina Blanco, están sindicados como operadores de los centros de detención, ya sea en Argentina o en Uruguay, o en ambos lugares, donde era sistemática la privación de libertad, tormentos y asesinatos de personas por motivos políticos o conexos y, está acreditado el concurso de voluntades en la producción final de los maleficios que allí se cometieron”.

Por su parte, los abogados defensores  habían impuesto un recurso de excepción de inconstitucionalidad contra la Ley 19.550, que creó la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. También interpusieron un recurso de casación.

Además, plantearon que existió “error” en la “valoración de la prueba” ya que “nunca se constató la existencia de un cadáver, ni fueron encontradas sus partes, prendas u objetos personales que acredite en forma fehaciente que la joven María Claudia García falleció (...) sin existir plena prueba de la que resulte la certeza del delito y la responsabilidad de los imputados”.

La sentencia fue confirmada este sábado por la Suprema Corte de Justicia,  desestimando la apelación presentada por la defensa de los represores.